Menores inmigrantes de ida y vuelta

“No es justo”. Abdel no se llama Abdel. Y tampoco admite paños calientes ante lo que le sucedió hace un año: “No tenían que haberlo hecho, no tenían derecho”. El adolescente critica sin ambages y con resentimiento las devoluciones de menores a Marruecos —ilegales, según varias sentencias judiciales— llevadas a cabo en agosto de 2021 en Ceuta tras la crisis fronteriza que puso en jaque a la ciudad.

La historia de Abdel, que ahora tiene 17 años, es...

“No es justo”. Abdel no se llama Abdel. Y tampoco admite paños calientes ante lo que le sucedió hace un año: “No tenían que haberlo hecho, no tenían derecho”. El adolescente critica sin ambages y con resentimiento las devoluciones de menores a Marruecos —ilegales, según varias sentencias judiciales— llevadas a cabo en agosto de 2021 en Ceuta tras la crisis fronteriza que puso en jaque a la ciudad.

La historia de Abdel, que ahora tiene 17 años, es rocambolesca. Pero no es la única. El chaval fue expulsado de Ceuta hace justo un año junto a otros 54 menores de edad y ha pasado varios meses en casa, en Fnideq (la antigua Castillejos del protectorado español). Hasta que reapareció de nuevo en Ceuta el 20 de julio. En febrero, un juzgado de la ciudad autónoma ordenó su repatriación a España; en junio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la sentencia, sobre la que cabe recurso ante el Supremo. “Ya no podía esperar más”, asegura.

Mohamed (también nombre ficticio), compañero de fatigas de Abdel y en su misma situación, recuerda cómo cruzaron de nuevo a Ceuta. “Aprovechamos la niebla y entramos nadando desde Marruecos hasta [la zona de Juan XXIII]”, explica señalando unos pisos amarillos sobre un horizonte dominado por el paso fronterizo de El Tarajal. Fueron unos tres kilómetros nadando a braza, en mitad del taró, la niebla que el levante arrastra desde el mar hacia el istmo que forma la ciudad. Nadaron ese trecho para evitar ser detectados por las autoridades marroquíes o por las españolas, que los hubieran mandado de vuelta al punto de partida. No podían limitarse a cruzar de playa a playa el espigón por el que entre el 17 y el 18 de mayo del año pasado entraron a Ceuta entre 10.000 y 15.000 personas, en el mayor pulso que Marruecos ha echado a España en la historia reciente.

Diferentes administraciones calculan que hasta 1.500 menores consiguieron colarse en aquellas 48 horas de mayo, la mayoría solos. Durante las primeras semanas se contabilizaron 1.177, según las filiaciones llevadas a cabo por la Policía en los días siguientes. Más que un reto, aquello supuso un duro golpe para el sistema de acogida en la ciudad autónoma, históricamente saturado. Tras arduas negociaciones con las comunidades, 16 autonomías aceptaron acoger unos 200 niños que ya se encontraban en la ciudad desde marzo de 2020, cuando Marruecos decretó el cierre de las fronteras terrestres con España a cuenta de la pandemia. Ese fue el mayor compromiso que pudo arrancarse.

En agosto del año pasado quedaban en Ceuta más de 700 menores bajo tutela de la Administración, dentro de un sistema preparado para acoger a poco más de 100 en condiciones óptimas. El Gobierno local volvió a sacar a relucir una reivindicación antigua, compartida con Melilla: utilizar el acuerdo bilateral con Marruecos, que debía agilizar el trámite pero que exige atenerse a la legislación española e internacional. Según el relato de la fiscal del Área de Ceuta, Silvia Rojas, en una querella presentada en junio contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta ceutí con competencias en materia de Menores, Mabel Deu, el Ministerio del Interior dio luz verde a su expulsión el 12 de agosto. Comenzaron así los llamados “retornos asistidos” que circunvalaban la ley de extranjería. Un total de 145 adolescentes de entre 15 y 17 años, cercanos a cumplir la mayoría de edad, figuraban en una lista para ser repatriados, 55 fueron expulsados hasta que una orden judicial mandó parar las devoluciones, que fueron después suspendidas por el Ejecutivo local. Entre el 13 y el 16 de agosto, los menores fueron trasladados en grupos de 15 a la frontera y entregados a las fuerzas marroquíes sin que mediaran las familias, como se había hecho hasta entonces en las reagrupaciones que sí se realizaron en Ceuta legalmente hasta 2020.

“Mi madre empezó a llorar y yo la tranquilicé diciéndole que iba a intentar cruzar de nuevo”, recuerda Abdel. La llamó desde el mismo puesto fronterizo en cuanto el autobús partió por la mañana, el 15 de agosto. Según los testimonios recabados por EL PAÍS, no hubo dispositivo de aviso a los parientes ni seguimiento de la situación familiar. Ni siquiera un contacto previo con los padres, como se deduce del acuerdo, a pesar de que el listado de menores ya estaba en manos de las autoridades desde el día 12. Abdel describe el protocolo: “Nos avisaron un día antes y al día siguiente nos llevaron, desde allí llamé a mi familia y les dije lo que había pasado y que nos iban a devolver”.

En casa de Mohamed, la noticia también llegó por sorpresa en unos días en los que los padres, que habían renunciado a que sus hijos volviesen, aguantaban la respiración tras producirse las primeras devoluciones. “No sabían nada”, dice el adolescente. “Nos llevaron a la frontera, nos dejaron media hora allí y nos hicieron la prueba de la covid y directamente nos llevaron a Martil (a unos 10 kilómetros de Tetuán) para que nos recogieran nuestras familias”.

Según han denunciado organizaciones como la Fundación Raíces, que llevó a los tribunales los retornos, no hubo una monitorización de los niños devueltos por parte de las autoridades. “En los primeros meses después de la repatriación, absolutamente nadie se puso en contacto con estos niños o con estas familias para intentar hacer un seguimiento, ni para garantizar su bienestar ni para ofrecerles una alternativa a la repatriación”, protesta Paloma García de Viedma, abogada de Raíces. “A raíz de las primeras resoluciones judiciales se ofrecieron algunas alternativas, se contactó con algunas familias, pero desde luego no podemos decir que haya sido algo que tenga la calidad que debería exigirse”.

La delegación en Tetuán de la Cooperación Nacional marroquí (L’Entraide Nationale), organismo gubernamental de asistencia social, supervisó aquel procedimiento. Representantes de la institución se reunieron, en un único encuentro días antes de empezar los retornos, con miembros del Gobierno ceutí y de la Delegación del Gobierno para establecer el dispositivo. Los niños fueron conducidos a un punto de encuentro —y no a un centro de acogida—, en unas instalaciones dependientes del Ministerio de Educación, donde se reunirían con sus familias en Martil, una villa costera a las faldas de Tetuán.

El despliegue fue meramente temporal y desde el principio se rechazó trasladar a los chicos a un dispositivo específico de protección de menores, como asegura Mohsin Chergui, coordinador de la Asociación para la Protección de la Infancia y la Sensibilización de la Familia, entidad civil colaboradora con Cooperación Nacional y organizaciones españolas como Sevilla Acoge. “Estuvieron allí concentrados provisionalmente para identificarlos, identificar a sus familias o derivarlos a otros centros u otros territorios [fuera de Tetuán]”, explica. “En cuanto se vinculaba a un niño con la familia, se les entregaba”. Según Chergui, “todos los sectores que debían intervenir, intervinieron” en las devoluciones, aunque denuncia el procedimiento, que considera ilegal “en frío o en caliente”. “No puedes devolver a un niño”, sentencia.

En Ceuta, la denuncia en junio de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación continuada contra la delegada, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta, Mabel Deu, ha generado movimientos en el Ejecutivo. Según la fiscal, desde ambas administraciones se orquestó una operación para devolver a al menos 145 menores a sabiendas de que el procedimiento no cumplía con la normativa de extranjería ni de protección del menor. Deu ha perdido las competencias en menores, que ha asumido ahora el consejero de Sanidad, Alberto Gaitán, con la intención de no interferir en el procedimiento judicial.

En una entrevista en mayo, la vicepresidenta ratificó la posición oficial sobre las devoluciones: “Nosotros no estábamos repatriando, nosotros estábamos asistiendo a los menores, retornándolos de forma asistida”. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuyo departamento amparó el proceso, llegó a alegar que se trataba de “interpretaciones jurídicas complementarias”. En una entrevista concedida a EL PAÍS en octubre de 2021, el ministro reiteró que las autoridades ceutíes eran las competentes de la tutela y, en su caso, del retorno asistido. Tras varios fallos en Ceuta que ratifican la ilegalidad de las devoluciones, desde el Ministerio insisten en atenerse a las resoluciones de juzgados y tribunales.

El varapalo del año pasado sí ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez, desde el Ministerio de Derechos Sociales, a lanzar un mecanismo que pueda aliviar la presión en las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla y en Canarias en momentos de crisis humanitaria, cuando la presencia de menores migrantes hace desbordar el dispositivo de acogida. Desde las autonomías, que deben asumir en exclusiva la tutela, se podrá derivar casi automáticamente a niños y adolescentes a plazas en la Península. “Estamos ante un problema que debe ser afrontado como país y, por tanto, debe ser un asunto que concierne a toda España”, valora Gaitán. “Lo que pedimos nosotros es que esto sea ya un tema estructural, que se quede este mecanismo para muchos años o que se perfeccione en la medida de lo posible”.

En la actualidad, Ceuta acoge a 302 menores, la inmensa mayoría niños marroquíes que entraron durante la crisis migratoria. La cifra, muy lejos de los números del pasado año, es inferior incluso a la registrada antes de la pandemia, pero está aún por encima de la capacidad de acogida de una ciudad de unos 86.000 habitantes en la que no han dejado de producirse llegadas. Solo el mes pasado la Fundación SAMU registró al menos una veintena de niños. Al menos cinco habían regresado tras ser devueltos en 2021. Entre ellos estaban Abdel y Mohamed. La expulsión de Mohamed, de hecho, debió haberse parado en la misma frontera después de que la jueza ordenase paralizar los traslados como medida cautelarísima ante una denuncia de la Coordinadora de Barrio y la Fundación Raíces.

Ilyas Abghouni, que ya ha cumplido 18 años y ahora vive y trabaja temporalmente en Algeciras (Cádiz), estuvo a punto de ser entregado a las autoridades marroquíes en El Tarajal. Pero en cuanto lo bajaron del autobús, lo volvieron a subir para llevarlo de vuelta con el resto de chavales. “Tuve mucha, mucha suerte”, dice con calma sentado en una cafetería cercana al puerto al que llegan los ferris desde Ceuta, en los que otros chavales intentan escapar de la ciudad haciendo riski (método que utilizan para esconderse en los ferris que viajan a la Península). Tras cumplir la mayoría de edad este año en Ceuta, formalizó su permiso de residencia y consiguió viajar a la Península con la organización Voluntarios Por Otro Mundo. Junto a otros dos colegas, Nordin y Walid, que también se han hecho legalmente adultos en Ceuta tras cruzar durante la crisis de 2021, se pasa las noches vendiendo tarjetas de teléfono a viajeros que regresan a Marruecos en la Operación Paso del Estrecho. Los tres envían a casa la mitad de los 64 euros que ganan trabajando de once de la noche a ocho de la mañana. “Primero encontramos trabajo en el campo en Jerez (Cádiz), recogiendo la uva. Cuando terminó, encontramos trabajo aquí”, cuenta Walid. “Este trabajo es mejor, más fácil”. Su aspiración, sin embargo, es acabar entre hornos o fogones: “Cuando termine, quiero hacer un curso, porque el campo es muy duro, quiero estudiar para camarero o cocinero”.