La ministra Ribera se reúne este lunes con las autonomías para “alinear las políticas de ahorro” de energía

El Gobierno ha accedido finalmente a celebrar el lunes la conferencia sectorial de Energía, Industria y Comercio con los máximos responsables autonómicos del ramo, como pedía el PP, molesto con que la cita convocada inicialmente para el martes por el Ministerio de Transición Ecológica fuera únicamente técnica, entre directores generales, y para “aclarar dudas”. Al encuentro, que se celebrará por v...

El Gobierno ha accedido finalmente a celebrar el lunes la conferencia sectorial de Energía, Industria y Comercio con los máximos responsables autonómicos del ramo, como pedía el PP, molesto con que la cita convocada inicialmente para el martes por el Ministerio de Transición Ecológica fuera únicamente técnica, entre directores generales, y para “aclarar dudas”. Al encuentro, que se celebrará por vía telemática, asistirán la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, así como la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y están convocados los consejeros autonómicos de esas áreas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El objetivo, según informa el Gobierno, es “alinear las políticas de ahorro energético en todas las administraciones” y “garantizar el cumplimiento del real decreto ley”, que entra en vigor el miércoles. Tras conocer que el Ejecutivo accedía a la petición de las comunidades gobernadas por el PP, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado que se reúna la conferencia de presidentes autonómicos con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. “Creo que deberíamos parar, convocar una conferencia de presidentes esta semana y establecer mecanismos para que las comunidades autónomas, que son las que deben aplicar las medidas y sancionar, tengan voz y voto”, ha dicho.

El decreto, aprobado el pasado lunes en el Consejo de Ministros, ha provocado una tormenta política después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, amenazara con incumplirlo y arrastrara al PP a posicionarse en contra de medidas similares a las que pedía unos días antes el propio Feijóo. El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, llegó a decir que las comunidades tenían “libertad” para decidir si acataban o no esas medidas de ahorro, que implican, entre otras cosas, limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 el de calefacción en invierno en comercios, grandes almacenes, cines y edificios públicos, además de apagar a las 22.00 los escaparates. No todas las comunidades gobernadas por el PP amenazaron con incumplir, pero sí mostraron su enfado por la falta de consenso.

Feijóo, que está de vacaciones y llevaba unos días desaparecido de la agenda pública, se ha pronunciado este domingo por primera vez sobre el decreto ley de medidas de ahorro aprobado por el Gobierno. Durante una comparecencia ante los medios en la Fiesta del Albariño en Cambados (Pontevedra), el líder del PP ha evitado desautorizar las amenazas de insumisión lanzadas por Ayuso, y ha criticado las formas del Ejecutivo en el diseño y aprobación del plan de ahorro energético: “Estamos ante la improvisación de algo importante, que es la necesidad de ahorrar energía en España y en el conjunto de Europa, y el presidente del Gobierno sobrevuela los problemas en lugar de afrontarlos con acuerdos, diálogo y una buena propuesta. Improvisa medidas unilaterales. Lo lógico hubiera sido convocar a los presidentes autonómicos para concretar y poner en común las medidas”.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha insistido esta mañana en que el motivo de la reunión con los consejeros autonómicos es “garantizar el cumplimiento de las normas” tras “el ruido generado por los dirigentes del PP”. Desde que el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley de medidas de ahorro, empezó la ceremonia de la confusión. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que no lo acataría; el PP madrileño presumió de rebeldía y comparó su oposición al decreto con su “resistencia” durante la pandemia; el coordinador general del PP aseguró que cumplir era opcional y dirigentes populares criticaron medidas que, o bien no estaban en el decreto, como apagar la iluminación de monumentos por la noche ―salvo que sean edificios públicos que a esa hora estén desocupados, por ejemplo, el Palacio Real se apaga, pero la Cibeles no―, o que estaban vigentes desde 2009, como la obligación de tener cerradas las puertas de locales mientras está encendido el aire acondicionado o la calefacción. Los populares recuerdan, en este último caso, que las medidas de prevención por el coronavirus para mantener los establecimientos ventilados pusieron también en cuarentena esa orden. Esta mañana, Feijóo se ha burlado de las normas: “No puede tener la misma temperatura una librería que una tienda de congelados o una tienda de frutas y una de ropa”, ha dicho. Pero el texto publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es flexible y ya recoge excepciones: “No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca”. Maroto, ha pedido a los dirigentes del PP que antes de criticarla, “se lean la norma”.

El lío de las reuniones: qué sabían las comunidades autónomas

El Ministerio de Transición Ecológica convocó el viernes una reunión técnica para el martes entre directores generales para “aclarar dudas”, pero las autonomías gobernadas por el PP reclamaron que la cita fuera de los consejeros con la ministra para “poder debatir” las medidas. La consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín, remitió este sábado una carta a Teresa Ribera formalizando esa petición. El Gobierno ha rectificado y ese encuentro se celebrará finalmente este lunes. Fuentes del Ministerio sostienen que no es una rectificación y que si han decidido “elevar” el nivel de los convocados a la reunión es por “la amenaza de boicot a tres días de la entrada en vigor del decreto”. En todo caso, tras conocer que sí se va a celebrar el encuentro con Ribera, Feijóo ha elevado la petición a la convocatoria de una conferencia de presidentes.

Las comunidades, añaden en el Ministerio de Transición Ecológica, “han podido y siguen pudiendo presentar sus propuestas” porque “el plan de contingencia tiene que estar listo a finales de septiembre”, pero insisten en que el decreto ya aprobado ha de cumplirse. La Comunidad de Madrid prepara sus propias medidas teniendo en cuenta las “particularidades” de la capital. Maroto reclama que, tras la reunión prevista para este lunes, se fije “una posición común, con una sola voz”.

El Ministerio para la Transición Ecológica sostuvo estos días que las comunidades autónomas habían sido previamente informadas de la situación y que no habían presentado ni objeciones ni sus propias propuestas de ahorro energético. Aludía a una carta enviada el 20 de julio por la ministra a los consejeros autonómicos, a dos reuniones de Ribera con los portavoces parlamentarios ese mes y al encuentro, vía telemática, con los consejeros en la conferencia sectorial del 28 de julio. Pero la carta de Ribera a los consejeros alude únicamente al plan de medidas de ahorro publicado en el BOE el 26 de mayo referente a eficiencia energética en el ámbito público, no en establecimientos privados. “Te invito a que hagáis extensivo al ámbito de la administración autonómica las medidas de ahorro y eficiencia energética y movilidad sostenible. Las medidas contempladas en el Plan para la Administración General del Estado pueden ser una referencia aplicable a la mayoría de edificios e infraestructuras de vuestra Administración, aunque sin duda habrá nuevas propuestas, planteamientos o medidas que puedan ser también aplicables”, decía la misiva.

En cuanto a la reunión sectorial de la ministra con los consejeros autonómicos el 28 de julio, los consejeros del PP se quejan de que no les hablaron de las medidas concretas que se iban a aprobar finalmente. El Ministerio admite que fue así porque se terminaron de perfilar ese fin de semana y se aprobaron al lunes siguiente, apenas cinco días después del encuentro, debido a la urgencia: “El contador del ahorro pactado con Bruselas empieza a funcionar el 1 de agosto”, explican. También aseguran que en todo momento se les informó de la gravedad de la situación por la incertidumbre en los suministros provocada por la guerra en Ucrania y que probablemente los recortes en el consumo se tendrían que ampliar a otros sectores, más allá de los edificios públicos.

El plan de medidas de ahorro obedece a un compromiso europeo. España, por tener menor dependencia del suministro ruso, logró bajar del 15% al 7% la reducción del consumo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del PP europeo, advirtió hace unas semanas: “Rusia está usando el gas como arma de guerra. Tenemos que abordar nuestra seguridad energética a nivel europeo. Aprendimos durante la pandemia que si actuamos unidos, podremos abordar cualquier crisis, así que vamos a actuar juntos para reducir el uso de gas y proveer de una red de seguridad a todos los países de la UE”.

Maroto subraya que el decreto recoge “medidas sensatas para dar salida al chantaje de Putin”. “Las administraciones tenemos que generar confianza y garantizar el cumplimiento de la norma. Los problemas pueden ser mayores si no nos anticipamos”, ha advertido. Feijóo había comentado públicamente apenas dos semanas antes que era “imprescindible” un plan de ahorro energético en España. “Me parecen bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aires acondicionados y en invierno la calefacción. Debemos bajar el consumo energético innecesario”, dijo. El líder de la oposición ha planteado este domingo otras medidas de largo plazo, como alargar la vida de las centrales nucleares.

El asunto más delicado son las sanciones por incumplimiento recogidas en el decreto, labor que recae en las comunidades autónomas para las infracciones menos graves. El PP pone en cuestión la capacidad de los gobiernos autonómicos para vigilar, y por tanto sancionar a quien ignore las nuevas normas. Fuentes del Gobierno aseguran que “el ánimo” de esas multas “no es coercitivo, sino pedagógico”, que “las sanciones existen para lograr una sensibilización de la sociedad” y que también en su momento generó suspicacia la prohibición de fumar en locales y restaurantes y “el sentido común terminó imponiéndose al ruido”.