Tres de cada cuatro presos de ETA cumplen ya sus condenas en cárceles del País Vasco o Navarra
Interior anuncia el próximo traslado de 12 reclusos etarras a prisiones de Euskadi, donde ya son 119. En el penal de Pamplona hay otros 10
El Ministerio del Interior ha informado este martes del próximo traslado a cárceles del País Vasco de 12 presos de la extinta ETA. El anuncio se produce 12 días después de que se produjera el movimiento de otros nueve reclusos vinculados a la organización terrorista. Cuando se materialicen en las siguientes semanas todos ellos, serán 119 etarras los que cumplan ya sus condenas en prisiones de Euskadi, gestionad...
El Ministerio del Interior ha informado este martes del próximo traslado a cárceles del País Vasco de 12 presos de la extinta ETA. El anuncio se produce 12 días después de que se produjera el movimiento de otros nueve reclusos vinculados a la organización terrorista. Cuando se materialicen en las siguientes semanas todos ellos, serán 119 etarras los que cumplan ya sus condenas en prisiones de Euskadi, gestionadas desde el pasado 1 de octubre por el Gobierno vasco. A ellos hay que sumar otros 10 que ya lo hacen en el centro penitenciario de Pamplona, según las cifras manejadas por EL PAÍS y cotejadas con diversas fuentes penitenciarias.
Esta cifra supone que, cuatro años después de que Pedro Sánchez anunciase en verano de 2018 el fin de la política de dispersión puesta en marcha en 1989 por el Gobierno de Felipe González, el 73% de los etarras encarcelados en España están recluidos en cárceles del País Vasco o Navarra. En prisiones dependientes de Interior quedan únicamente 48 (el 23%). A todos ellos hay que sumar los 18 que están recluidos en presidios de Francia. De estos, 13 ocupan una celda en la cárcel de Lannemezan, la más cercana a España. Esta cifra sería aún mayor si este presidio tuviera módulo de mujeres. Su inexistencia mantiene alejadas a las cuatro etarras allí encarceladas.
Entre los presos de ETA cuyo trasladado se ha anunciado este martes se encuentra la pareja formada por Itziar Alberdi Uranga y Juan Jesús Narváez Goñi, detenidos en febrero de 2014 en Puerto Vallarta (México) y que hasta ahora estaban en la prisión de Logroño. El Tribunal Supremo confirmó en mayo de 2017 una condena para ambos de 296 años de prisión por asesinar con un paquete bomba a dos artificieros de la Policía el 11 de junio de 1991 en Madrid. Narváez ya acumulaba entonces otras penas por otros atentados. El tiempo máximo de estancia en prisión que fija la ley para ambos es de 30 años.
También están en la cárcel riojana otros tres de los reclusos que ahora se ha anunciado su trasladado. Se trata de Mikel Ayensa, Iurgi Garitagoitia y Alicia Sáenz de la Cuesta. Los otros presos que serán ahora llevados a prisiones vascas son Manex Zubiaga, Aitor García (ambos hasta ahora en el penal de Burgos), Zigor Bravo (en el de Soria), Diego Ugarte López de Arkaute (en el de León), Ángel María Tellería e Íñigo Vallejo (estos dos últimos encarcelados en la de El Dueso, en Cantabria).
Tanto estos movimientos como los anunciados a finales de julio, constatan la buena sintonía existente entre el Ministerio del Interior y la Consejería del Gobierno vasco, confirmada a este diario por fuentes de ambos departamentos. De hecho, cuando el Ejecutivo de Iñigo Urkullu asumió la gestión de las tres prisiones vascas, el pasado 1 de octubre, solo estaban en ellas 40 hombres y cuatro mujeres de ETA, de los 192 presos de la organización terrorista que había entonces en España. En 10 meses, estas cifras se han invertido, prácticamente.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido desde que inició los acercamientos que estos están amparados por la ley y que su objetivo no es otro que facilitar la reinserción. Antes de cada traslado, Grande-Marlaska informa personalmente a las asociaciones de víctimas del terrorismo. El PP ha criticado desde el primer momento la medida, a pesar de que el Gobierno de Rajoy facilitó que 28 presos consiguieran regímenes penitenciarios más livianos, incluidas 11 semilibertades. Con José María Aznar de presidente, y tras el anunció de los contactos con ETA de finales de 1998, el PP acercó a 135 presos etarras.
El PNV también criticó al comienzo la política penitenciaria, pero en su caso por la lentitud en el traslado de presos. Estas críticas han desaparecido en los últimos meses, sobre todo después de que en julio del año pasado, de un modo simbólico, Interior pusiera fin a la política de dispersión de los presos de ETA con el anuncio del traslado entonces de los cuatro últimos reclusos de la organización terrorista que permanecían en cárceles de Andalucía. Desde entonces, no hay ningún interno etarra en cárceles situadas al sur de Madrid.
La actual cifra de 177 presos de ETA en cárceles españolas es la más baja desde hace cuatro décadas y está muy alejada de los 559 (más otros 114 en cárceles en el extranjero) que había cuando la organización anunció en octubre de 2011 “el cese definitivo de la violencia”; o de los 243 (más 53 en Francia y uno en Portugal) que permanecían encarcelados en abril de 2018, al anunciar la banda su disolución. El número actual descenderá en los próximos dos años en cerca de medio centenar, según las estimaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Sare, la plataforma ciudadana de apoyo a los presos que en los últimos años ha convocado manifestaciones en el País Vasco para reclamar su acercamiento. Tras esa fecha, ambas asociaciones auguran un frenazo en las excarcelaciones, ya que buena parte de los etarras que seguirán entonces en prisión fueron juzgados tras la reforma del Código Penal de 2003 que elevó el cumplimiento efectivo de las penas de los 30 a los 40 años.