La precariedad quema a los bomberos en Castilla y León

Después del infierno aparecen las brujas. Unos bomberos observan, desolados, una vasta extensión negra arrasada por el fuego en Zamora. El viento provoca torbellinos, conocidos por el gremio como “brujas” porque asustan y hacen temer rebrotes del fuego en Losacio, una zona de Zamora donde ya se quemaron casi 36.000 hectáreas pegadas a la sierra de la Culebra, un valioso paraje natural donde ya ardieron hace un mes otras 26.000 hectáreas. En ambos casos, el personal de extinción de Castilla y León denunció su precariedad laboral, una de las claves que explica por qué ha ardido sin remedio el 6%...

Después del infierno aparecen las brujas. Unos bomberos observan, desolados, una vasta extensión negra arrasada por el fuego en Zamora. El viento provoca torbellinos, conocidos por el gremio como “brujas” porque asustan y hacen temer rebrotes del fuego en Losacio, una zona de Zamora donde ya se quemaron casi 36.000 hectáreas pegadas a la sierra de la Culebra, un valioso paraje natural donde ya ardieron hace un mes otras 26.000 hectáreas. En ambos casos, el personal de extinción de Castilla y León denunció su precariedad laboral, una de las claves que explica por qué ha ardido sin remedio el 6% del territorio zamorano. Sueldos bajos, contratos temporales, alimentación escasa y medios obsoletos. Muchos obstáculos para poder apagar unos fuegos como estos, en los que han fallecido dos personas en cinco días de horror. “Estamos vendidos”, suspira una cuadrilla. El hastío lo comparten los más de 15 bomberos consultados para este reportaje.

Solo la vocación, explican, justifica esta forma de vida. La cuadrilla exige anonimato para evitar represalias de la Junta de Castilla y León (gobernada en coalición por el PP y Vox), a la que reprochan un maltrato que los deja en evidencia cuando colegas de otras autonomías vienen en su socorro. “Tenemos muchas peores condiciones”, protestan estos profesionales con las manos tiznadas por horas y horas de trabajo y con los monos ajados de tanto batallar.

La enumeración, que se extiende durante varios minutos y provoca que la indignación invada en sus rostros cansados, parte desde lo contractual. Ellos son “fijos-discontinuos”, esto es, cuando acaba la temporada de incendios les toca buscar otras formas de ganarse el pan. “Es una vida de inestabilidad”, critican. Unos aprovechan para estudiar oposiciones y otros optan por empleos cualquiera desde octubre hasta junio, cuando vuelve la temporada. El compañero fallecido, de 62 años, tenía esta modalidad laboral y solo su “pasión” lo llevaba año tras año a los frentes ardientes. Uno de los miembros de la brigada del difunto Daniel Gullón ilustra este abandono, que es hasta emocional: este jueves el puesto de mando provincial preguntaba “por qué no se incorporaba el manguerista de la C-6.9″. La respuesta, cruda: “Hubo que indicarles que era quien había fallecido en el incendio; somos números para ellos”.

El sueldo tampoco compensa: el salario base es de unos 1.000 euros mensuales, que crece con las horas extra, algo frecuente por la falta de relevos. Este aumento, advierten, es a costa de renunciar a su parcela personal: “No podemos ni ir al cine”. “Cobramos por día de trabajo. Si nos llaman los días de descanso no tenemos un extra”, detalla. El plus de peligrosidad o nocturnidad asciende a dos euros por hora. El sector cobra tres euros diarios –antes era solo un euro– por estar siempre disponibles por si se precisan sus servicios en jornadas que llegan a superar las 15 horas. “Como no hay relevos, saben que no nos vamos a ir dejando el fuego encendido”, comentan.

Uno de los brigadistas asegura que durante cinco días seguidos estuvo trabajando 18 horas, un suplicio que pasa factura en el cuerpo, más aún cuando el material disponible no es bueno. Los bomberos enseñan un casco no homologado para las brigadas helitransportadas, pero que igualmente se emplea; los guantes son de peor calidad que en otras regiones. La falta de manos se nota en los hidroaviones, pues al no haber conductores de vehículos terrestres pierden a dos personas para que dirijan los coches al punto donde descenderán sus compañeros. Estos pierden a su vez efectivos para acometer las llamas hasta que lleguen esos colegas, pues tardan más que el helicóptero.

“La Junta tiene subcontratados estos servicios. La empresa privada solo quiere ganar dinero y recorta en todo”, critican quienes en su categoría profesional están tipificados como peones especialistas y no como bomberos, lo que conlleva peores condiciones para la jubilación, no acumulan antigüedad o apenas tienen capacidad de elección para los destinos. Ni siquiera disponen de lavadoras en las bases y tienen que limpiar su único buzo de trabajo en casa. Más de una vez se les han atascado los electrodomésticos por la ceniza o han tenido que desplazarse a otro fuego, empapados tras una actuación y sin poder cambiarse: “Nos gusta el trabajo, no las condiciones”, aclaran.

Las quejas vienen de lejos. La portavoz del sindicato Comisiones Obreras, Ana Fernández, expone que aparte del cambio climático y el contexto extremo de calor y fuegos que desata, “la Junta no se ha adaptado, pese a que hemos ido avisando”. El protocolo contra incendios es de 1999 “y hay deficiencias en cuestiones de personal y material”. Los 900 empleados de extinción del Gobierno autonómico cuentan con un convenio colectivo “precario”, que en sus 154 páginas no menciona la palabra “bombero”; tampoco en las 43 páginas del convenio con las subcontratas.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), que en 2018 renegaba de activar el despliegue más allá del verano, ha prometido hacer fijas a esas plantillas de la Junta para que actúen todo el año. El anuncio llega tras dos muertes y sin que ningún alto cargo autonómico haya acudido al segundo incendio más grave de la historia de España.

“Defendemos que el operativo sea totalmente público, nadie va a perder su trabajo; necesitan más formación y tener un único equipo con una única dirección y las mismas condiciones”, pide la sindicalista, que calcula que la reconstrucción de las zonas devastadas supondrá un gasto de 150 millones de euros mientras que el coste anual de un servicio preventivo completo sería de 100 millones. La Junta destinará 65 millones de euros para los afectados de ambos desastres en la sierra de la Culebra, que subsiste económicamente gracias a su valor ecológico ahora desangrado. El presupuesto anual en extinción de incendios no llega a 70 millones en la comunidad más extensa de España, más grande que Portugal. Otras regiones más pequeñas, como Galicia o Cataluña, invierten más en estos despliegues.

Los bomberos desgranan sus miserias mientras vigilan que no haya rebrotes entre esas columnas de humo que parecen piras funerarias. Los nuevos incendios, alimentados por el cambio climático, requieren recursos… y que los bomberos no pasen hambre. Este equipo recalca que pasan jornadas enteras sin ingerir nada porque la comida no llega y que los bocadillos no siempre sacian a quienes se fajan con el fuego. Las escenas que se producen ante la comitiva solidaria del chef José Andrés, que reparte alimentos para estas cuadrillas, lo acreditan. Los brigadistas disfrutan con ilusión infantil de una ensalada de pasta, algo inaudito en su oficio: “¡No estamos acostumbrados a esto!”. Otro, tenedor en ristre, lo celebra: “¡Llevo 30 años comiendo bocadillos!”. La imagen la contempla, resignado, un bombero de Zamora capital, desplazado a Tábara. El hombre se solidariza –“¡No pido que les pongan langostinos!”- y lamenta la falta de prevención, la escasez de retenes y que “la gestión no es efectiva”. Los datos lo avalan: más de la mitad del terreno quemado en España en 2022 corresponde a Zamora.

La patrulla duda cuando se le pregunta dónde o en qué notan más la precariedad. Hay demasiado donde elegir. Por fin, se deciden: “Lo peor es el descontrol”. “El operativo es ineficiente, fallan las comunicaciones, hay desconocimiento entre quienes mandan…”, recitan, y ejemplifican con que sus emisoras están obsoletas y no pueden contactar con los refuerzos de otras comunidades. “Sabemos que nuestras condiciones son peores”, se encogen de hombros estos profesionales. Las previsiones hacia el verano, que se atisba cálido y aún más seco, les hace temer lo peor. Aguardan meses de seguir oliendo a ceniza y de, allá donde miren, ver fuego, ascuas, desolación y bocadillos.