El Tribunal Superior de Madrid levanta las cautelares que impedían exhumar en el Valle de los Caídos

Patrimonio Nacional pretende retomar “cuanto antes” los trabajos para tratar de devolver a 104 familias los restos que reclaman desde hace años

Interior de uno de los columbarios de las criptas del Valle de los Caídos.CSIC

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado las medidas cautelares que han impedido hasta ahora ejecutar el plan de exhumaciones en las criptas del Valle de los Caídos para tratar de devolver a 104 familias los restos que reclaman desde hace años. El tribunal ha estimado el recurso presentado por Patrimonio Nacional contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 10 de Madrid del pasado 16 de noviembre, que establec...

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado las medidas cautelares que han impedido hasta ahora ejecutar el plan de exhumaciones en las criptas del Valle de los Caídos para tratar de devolver a 104 familias los restos que reclaman desde hace años. El tribunal ha estimado el recurso presentado por Patrimonio Nacional contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 10 de Madrid del pasado 16 de noviembre, que establecía la paralización de los trabajos como medida cautelar y concede la licencia urbanística necesaria para la rehabilitación de los accesos a las criptas.

El abogado del Estado argumentó que las intervenciones programadas no comprometían ni el culto ni ningún elemento artístico de la basílica, y que el auto que suspendía los trabajos perjudicaba a “todas aquellas personas que han solicitado la exhumación y recuperación de los restos mortales de sus familiares enterrados en el Valle de los Caídos” y que habían obtenido previamente el reconocimiento a ese derecho. “Paralizar las obras”, añadía, “aunque sea cautelarmente, implica una perturbación de los intereses generales, al postergar una actuación que no pretende sino garantizar la dignidad de los fallecidos enterrados en los columbarios”.

Por su parte, el solicitante de la medida cautelar invocaba “el derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno”, y exponía que “numerosas familias” habían trasladado a la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos su oposición a que los restos de sus familiares fueran trasladados o analizados.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de Patrimonio Nacional porque entiende que la intervención es provisional, no afecta al uso del resto del complejo, y el informe técnico prevé dejarlo todo tal como estaba una vez hayan finalizado los trabajos. Además, recuerda que la Fundación del Valle de los Caídos depende de Patrimonio Nacional y que los derechos de los familiares que se oponen a la intervención son ajenos, en todo caso, al ámbito de la licencia urbanística que suspendió el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 10 de Madrid.

Fuentes del Gobierno aseguran que su intención es retomar los trabajos “cuanto antes”, aunque se necesitará un mes para el acondicionamiento de la obra. En marzo se cumplieron seis años de la sentencia firme que autorizó la exhumación de los hermanos Lapeña, dos de los republicanos enterrados sin el consentimiento familiar en el Valle de los Caídos. El Ministerio de la Presidencia, del que depende la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y Patrimonio Nacional tenían todo listo para intervenir en el mausoleo desde septiembre del año pasado, pero una cascada de recursos presentados por particulares y asociaciones profranquistas y antimemorialistas paralizaron en los juzgados la intervención. En los años transcurridos, falleció, a los 97 años, Manuel Lapeña, hijo y sobrino de dos de las víctimas que se pretende exhumar, lo que elevó la indignación de sus descendientes y del resto de familias que reclaman la recuperación de restos.

Estos grupos profranquistas o antimemorialistas emplearon la misma estrategia usada, en su día, por los descendientes de Francisco Franco para tratar de frenar el traslado de los restos del dictador desde el monumento al cementerio de El Pardo. El abogado Francisco Javier Zaragoza logró suspender cautelarmente las actuaciones al atender el juez José Yusty su recurso, suspendiendo la licencia urbanística necesaria, pero el Tribunal Supremo aprobó el procedimiento y la exhumación de Franco se realizó con el aval de los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El abogado es hijo de Pedro Zaragoza Orts, falangista y miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco hasta su fallecimiento en 2009. El juez Yusty es hijo y nieto de almirantes franquistas.

Francisco Etxebarria, uno de los mejores antropólogos forenses del mundo —Chile pidió su ayuda para examinar los restos del cantautor Víctor Jara, los del expresidente Salvador Allende y los del poeta Pablo Neruda—, ha diseñado la intervención en las criptas al milímetro. La mayor dificultad será el deterioro de los contenedores de los restos humanos. “No hay precedentes a nivel mundial”, afirma, “de un reto forense de estas características”. En todo caso, Etxebarria, que ha llevado a cabo exhumaciones de fosas del franquismo en muchos cementerios, asegura que el equipo “conoce por experiencia los códigos éticos y deontológicos de la disciplina forense” y va a ser “muy respetuoso con cualquier resto humano”.

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