La Fiscalía denuncia al exjuez Presencia por un delito contra las altas instituciones del Estado

Los magistrados del Supremo le atribuyen una campaña de informaciones falsas para atacar al tribunal

Captura de la web de Acodap, donde pide donativos, con la fotografía del exjuez Presencia de fondo.

La justicia española quiere frenar los pies a Fernando Presencia, un exjuez expulsado de la carrera y condenado dos veces en firme por prevaricación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este jueves una denuncia contra él por delitos de injurias y contra las altas instituciones del Estado por publicar supuestas informaciones donde atribuye a los magistrados del Tribunal Supremo y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, posesiones en paraísos fiscales y el cobro de sobornos.

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La justicia española quiere frenar los pies a Fernando Presencia, un exjuez expulsado de la carrera y condenado dos veces en firme por prevaricación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este jueves una denuncia contra él por delitos de injurias y contra las altas instituciones del Estado por publicar supuestas informaciones donde atribuye a los magistrados del Tribunal Supremo y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, posesiones en paraísos fiscales y el cobro de sobornos.

El ministerio público adopta esta iniciativa después de que el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, enviase la pasada semana una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, donde relataba cómo Presencia se dedica a publicar una serie de “imputaciones radicalmente falsas, calumniosas, sin relación alguna con la verdad de nuestra situación patrimonial”. El exmagistrado, que fue juez decano de Talavera de la Reina (Toledo), usa para sus fines la web de Acodap (Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública), que él encabeza, donde difunde titulares que después replica en redes sociales.

Este mismo jueves, la página de internet difundía un texto que reza así: “¡Escándalo en el Supremo! Pillados con cuentas en paraísos fiscales 9 de los 16 magistrados de su Sala de lo Penal”. “Se está ocasionando un irreversible daño a la credibilidad del Supremo. Se resiente, no ya la imagen personal de los afectados, sino los presupuestos constitucionales que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional. Creemos que no solo está en juego la honorabilidad de unos magistrados”, expuso Marchena a Lesmes, que remitió la documentación a la Fiscalía.

A las palabras del presidente de la Sala de lo Penal se han sumado otros magistrados del Supremo que han denunciado los hechos, como Julián Sánchez Melgar, Carmen Lamela, Vicente Magro, Pablo Llanera, Ángel Luis Hurtado, Susana Polo y Andrés Martínez Arrieta. La Fiscalía destaca que Presencia, que se sigue presentando como juez y habla de la existencia de una “trama delictiva en la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo en la que los citados magistrados constituyen una pieza esencial”, acompaña siempre sus publicaciones de un número de cuenta bancaria, Paypal o Bizum para que le donen dinero por su supuesta labor de lucha contra la corrupción.

“Todo apunta a que Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la [supuesta] corrupción de los magistrados de esta Sala”, denunció Marchena, que añadió: “[Se han detectado] intentos de modificación en la página de Wikipedia de alguno de los afectados con el objetivo de incluir una mención especifica a esos supuestos actos de corrupción”. En su denuncia, el ministerio público ha solicitado a la Audiencia Nacional que, además de interrogar como imputado al exjuez, le cierre la web de Acodap.

El pasado abril, Joaquín Gadea, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, ya ordenó investigar también a Presencia para averiguar si había fabricado “ex profeso” documentación para incorporarla a una denuncia contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, y Dolores Delgado por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo, entre otros.

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