El fiscal pide un nuevo informe de autopsia para aclarar de qué murió la tía política del actor Luis Lorenzo
Sigue siendo una incógnita cómo pudo la mujer, de 85 años, ingerir los tóxicos y si fueron estos los que le provocaron la muerte
Una incógnita clave pende sobre la causa de la muerte de Isabel Suárez Arias, de 85 años, tía política del actor Luis Lorenzo: si la mujer fue envenenada con cadmio y manganeso —como creen los agentes del grupo de homicidios de la Guardia Civil de Madrid—, ¿cómo llegaron los tóxicos al cuerpo de la finada sin dañar el hígado ni las vías respiratorias? Y, más aún, ¿fueron esos metales pesados los causantes de su fallecimiento, como sostiene ...
Una incógnita clave pende sobre la causa de la muerte de Isabel Suárez Arias, de 85 años, tía política del actor Luis Lorenzo: si la mujer fue envenenada con cadmio y manganeso —como creen los agentes del grupo de homicidios de la Guardia Civil de Madrid—, ¿cómo llegaron los tóxicos al cuerpo de la finada sin dañar el hígado ni las vías respiratorias? Y, más aún, ¿fueron esos metales pesados los causantes de su fallecimiento, como sostiene la autopsia? Son cuestiones que siguen sin resolver desde que la mujer falleció —en principio se consideró que fue de muerte natural— el 28 de junio de 2021 en la casa del actor y su pareja, Arantxa Palomino, sobrina de la difunta. Prueba de las grandes dudas que se ciernen sobre el asunto, por el que la pareja está acusada de asesinato, es que el fiscal del caso, cuya instrucción lleva el Juzgado Número 9 de Arganda del Rey, ha solicitado un nuevo informe de autopsia para clarificar la primera necropsia, que se le practicó al cuerpo en Oviedo antes de ser enterrada y a petición de uno de los hermanos de la fallecida.
Los pormenores de la investigación, iniciada tras la denuncia de ese hermano, José María Suárez, por desaparición, comenzaron a conocerse el pasado 25 de mayo, cuando la Guardia Civil detuvo, como presuntos autores del supuesto envenenamiento, a Lorenzo y su pareja en su casa de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), donde los médicos certificaron la muerte de Isabel.
Según la versión del hermano, Isabel se encontraba perfectamente en su piso de Grado (asturias), donde vivía hasta que en marzo de 2021 se la llevaron a Madrid (mediante engaños, según su punto de vista) su sobrina y el marido de esta. La imposibilidad de contactar con su hermana en Madrid a lo largo de los tres meses que transcurrieron hasta que falleció fue lo que le llevó a interponer una denuncia por desaparición. Y, tras conocer su muerte, a solicitar una autopsia.
Las averiguaciones de los agentes del Grupo de Homicidios de la Comandancia de Madrid les llevaron a concluir que el matrimonio provocó el fallecimiento de la anciana para hacerse con buena parte de su herencia, ya que previamente habían acudido con ella a un notario para que modificara el testamento favoreciendo a su sobrina.
Sin embargo, la mayor prueba de cargo, los resultados del examen del cuerpo de la fallecida, son “muy extraños”, “raros” y “confusos”, según los forenses consultados. Por ello, el fiscal solicita ahora un nuevo informe que aclare la “causa, tipo, etiología y data de la muerte en relación con el tipo de cantidad de sustancias halladas en la fallecida”.
Además, pide un estudio médico en el que consten las “patologías previas que pudiera tener diagnosticadas la fallecida, desde qué fecha y sus síntomas” y que establezca si “se puede apreciar una situación de desatención o falta de cuidado médico en los meses anteriores a su fallecimiento”, así como si conservaba “sus cualidades intelectivas y volitivas intactas, mermadas o anuladas en el mes de mayo de 2021 y hasta la fecha de su fallecimiento”, periodo en el que se produjeron las firmas y el cambio de testamento ante notario.
También demanda el representante del ministerio público que se “fije el momento de la intoxicación aguda por metales pesados (cadmio y manganeso) que provocaron su fallecimiento, si pudo ser prolongado a lo largo del tiempo, en días, o en momentos previos a su muerte”. El fiscal solicita también que se determinen “qué productos albergan esos metales pesados y si pueden ser causa de la ingesta de otros medicamentos y en qué cantidad”.
Del resultado de esos nuevos análisis depende que se sostenga la acusación de asesinato contra los dos acusados, que la jueza dejó en libertad provisional, con la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado.