El juez rechaza imputar a la funcionaria de Madrid que gestionó la compra de mascarillas con Medina y Luceño

El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, ha rechazado citar como investigada a Elena Collado, la funcionaria responsable del departamento de Compras del Ayuntamiento de Madrid que mantuvo contacto fluido con Luis Medina y Alberto Luceño. Según el magistrado, “no existe, de momento, ni el más mínimo indicio de una posible cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento” de Collado con los investigados, que están imputados por delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales...

El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, ha rechazado citar como investigada a Elena Collado, la funcionaria responsable del departamento de Compras del Ayuntamiento de Madrid que mantuvo contacto fluido con Luis Medina y Alberto Luceño. Según el magistrado, “no existe, de momento, ni el más mínimo indicio de una posible cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento” de Collado con los investigados, que están imputados por delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La trabajadora municipal tiene que comparecer como testigo el próximo 27 de mayo, pero Podemos, el PSOE y el Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid habían pedido al juez que la elevara a la categoría de investigada porque ella era la responsable de dar el visto bueno a los contratos de compra y lo hizo, según los partidos de la oposición, sin contrastar la oferta y pagando un precio excesivo. La Fiscalía se había opuesto a esta petición.

Collado, alto cargo del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, fue la funcionaria que, en el peor momento de la pandemia, mantuvo el contacto más asiduo con Medina y Luceño. Ella era la responsable del departamento de Compras y quien cerró los contratos por los que los dos investigados cobraron comisiones millonarias. Mensajes de WhatsApp incorporados a la causa que ha abierto el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid revelan conversaciones entre la trabajadora municipal y Luceño en el que ella le advierte de que parte del material recibido (mascarillas y guantes) era de ínfima calidad. “Nos han estafado”, se quejó en uno de esos mensajes.

El juez Carretero ha rechazado también la petición de Podemos para que la delegada de Hacienda del Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, declare como imputada por prevaricación.

Los grupos de la oposición consideran que Collado administró “deslealmente” el patrimonio público municipal y debería ser investigada por un delito de prevaricación y otro de malversación. El PSOE la acusa también de tráfico de influencias porque fue quien hizo de interlocutora con los investigados y decidió la contratación, “no debiendo mezclarse los intereses municipales con los de su persona”. Y los socialistas y Podemos apuntaban además a la posibilidad de que la funcionaria fuera investigada por estafa. El juez descarta de plano estas imputaciones y considera a Collado más una víctima que una responsable, directa o indirecta, de los delitos de los comisionistas. No hay ningún indicio, advierte el magistrado en un auto notificado este viernes, de que la trabajadora percibiera dinero de los comisionistas, “sino más bien al contrario”, pues, asegura, fue “engañada por Medina y Luceño”, que “le ocultaron el precio de sus comisiones que inflaron el precio de los contratos de una manera desmesurada”. Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez advierte que las acusaciones no dicen “nada” sobre qué funcionario o autoridad presionó a Collado para firmar los contratos.

El juez ve algo más de “consistencia” en la posibilidad de atribuir a la funcionaria los delitos de prevaricación y malversación, pero considera que no hay indicios suficientes. Respecto al primero, porque precisa que por parte de Collado se hubiera dictado una resolución arbitraria, lo que no ocurre en este caso porque ella solo firmó los contratos que no son “una resolución en sí misma ni tampoco arbitraria”, según el juez. Respecto a la malversación, el magistrado concluye que la trabajadora no administró deslealmente los fondos municipales porque “fue engañada por los comisionistas”, tenía “la imperiosa necesidad de traer material sanitario urgente para evitar más muertes por covid-19 entre los funcionarios municipales” y “en el momento en que se dio cuenta de que podía ser objeto de un engaño, lo comunicó inmediatamente” a Luceño.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este viernes que el juez haya descartado imputar a Collado y a Hidalgo, a quienes ha descrito como “dos extraordinarias y honorables profesionales”.