El Constitucional busca un pacto entre sectores antes de junio para el fallo del aborto

El Tribunal Constitucional se ha impuesto como prioridad absoluta la búsqueda de un pacto interno que permita dictar sentencia sobre el recurso del PP contra la ley del aborto aprobada en 2010 para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas. El presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, se ha comprometido con los magistrados a que se lleve un proyecto de sent...

El Tribunal Constitucional se ha impuesto como prioridad absoluta la búsqueda de un pacto interno que permita dictar sentencia sobre el recurso del PP contra la ley del aborto aprobada en 2010 para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas. El presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, se ha comprometido con los magistrados a que se lleve un proyecto de sentencia al pleno antes del 12 de junio, fecha en que termina teóricamente el mandato de un tercio de los magistrados del órgano de garantías. Tras la reciente entrevista entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, magistrados del tribunal confían en que esta vez se cumplirán los plazos de su renovación.

No hay una fecha concreta para que el ponente del recurso sobre la ley del aborto, el magistrado Enrique Arnaldo, vinculado al PP por su intervención como ponente de múltiples conferencias organizadas por la fundación FAES, presente su borrador de resolución.

Pero hasta la primera quincena de junio solo están previstos tres plenos, uno después de Semana Santa y otros dos en mayo. Por tanto, lo más probable es que el Constitucional aborde como muy tarde dentro de un mes el texto que se someta a discusión.

La última renovación del Constitucional tuvo lugar en noviembre, con más de dos años de retraso, y desde los primeros contactos para organizar la nueva etapa se asumió que uno de los recursos que habría que desbloquear sin más dilaciones sería el relativo a la impugnación que el PP presentó contra la ley del aborto en 2010.

El ponente del caso viene trabajando sobre esta impugnación desde su designación, y el tribunal pretende ahora —tras haber cerrado la larga serie de resoluciones sobre el procés catalán— tratar de armar una mayoría clara para dictar sentencia sobre el recurso más antiguo pendiente de fallo. Para lograr este objetivo es preciso que se alcance un mínimo entendimiento entre los dos sectores del tribunal, conservador y progresista, cuyo equilibrio actual es de seis a cinco.

Fuentes del tribunal aseguran que no se aprobará sentencia alguna si el texto que se presente es apoyado solo por el bloque mayoritario, el conservador. Lo que se va a intentar es que el fallo que se dicte consiga reunir a su favor al menos ocho o nueve de los once votos del pleno. La composición al completo del Constitucional la integran doce magistrados, pero uno de ellos, Alfredo Montoya, del sector conservador, sigue en proceso de recuperación tras el ictus que sufrió en agosto.

No es seguro, sin embargo, que vaya a alcanzarse con facilidad una resolución consensuada. El ponente, el magistrado Enrique Arnaldo, no ha hecho comentarios sobre el estado de sus trabajos, y menos sobre el contenido. Tampoco ha efectuado sondeos previos sobre la opinión del resto de magistrados. “Les conoce y no los necesita”, afirman fuentes del tribunal.

Fuentes conocedoras de este proceso en el Constitucional aseguran que para que la discusión se encauce es preciso que de entrada exista un acuerdo para avalar lo fundamental de la normativa vigente, es decir, la constitucionalidad de la ley de plazos. Las mismas fuentes descartan que el actual sector conservador vaya a utilizar su mayoría para imponer sus criterios sin diálogo. Dicha mayoría, por otra parte, cambiará de signo en cuanto se renueve el tribunal en junio. Con su nueva composición habrá siete magistrados progresistas, y cinco conservadores. Ello implica que si el recurso contra la ley del aborto no se resuelve durante el mandato del actual tribunal, esta impugnación quedará en manos de un Constitucional renovado, y ya con mayoría progresista. En tal situación no habría dificultades insalvables para que el nuevo pleno avalara la legalidad de la normativa vigente.

La próxima renovación del tribunal será, en suma, especialmente relevante. De entrada, han de cambiar el presidente y el vicepresidente. Para sustituir en la presidencia a Pedro González Trevijano, que ha venido ejerciendo un papel de liderazgo de la mayoría conservadora, solo hay dos candidatos posibles, los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. A ambos les quedan tres años de mandato, pertenecen al grupo de magistrados que será el siguiente en salir del tribunal, y la tradición asumida en la institución desde siempre es que el nuevo presidente se elija tras cada renovación entre los componentes de ese turno.

Las mismas costumbres llevan a que la vicepresidencia quede en manos del otro sector, en este caso el conservador. Y en ese bloque solo hay un nombre de magistrado con dicho perfil en el grupo que está en el último tercio de mandato, el de Ricardo Enríquez, quien por tanto sería el próximo vicepresidente del tribunal, en sustitución del progresista Juan Antonio Xiol. Todo ello en un tribunal en el que, en paralelo, aumentará el número de mujeres.

En esta renovación el Gobierno ha de nombrar a dos miembros del tribunal y el Consejo General del Poder Judicial a otros dos. En el tribunal se da por seguro que como mínimo se incorporarán dos nuevas magistradas al Constitucional. Si ambas provienen del sector progresista serán en principio votos ganados para el aval a la actual legislación del aborto.

Lo que también se da como altamente probable en el Constitucional es que van a quedar para el próximo mandato sentencias importantes como las relativas a la reforma educativa de la ley Celáa o la ley de eutanasia. Sobre la primera hubo ya un primer borrador antes de la última renovación, pero no dio tiempo a aprobarlo, y luego se ha comprobado que sería difícil resolverla por consenso.

Nadie quiere reeditar en el tribunal el choque de trenes que provocaron las sentencias sobre los decretos del estado de alarma —en las que se declararon inconstitucionales decisiones importantes, como la del confinamiento general de la población—, por lo que todo indica que se va a evitar en la última fase de este mandato cualquier situación susceptible de generar nuevas tensiones. Sobre la ley de eutanasia no se tienen indicios de que exista un borrador terminado. El ponente de esta sentencia es el progresista Ramón Sáez, en cuyo entorno se comentó desde el principio que harían falta varios meses para tener un texto preparado.