Interior destinará un millón de euros a un nuevo plan contra los delitos de odio ante el auge de denuncias

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes la puesta en marcha del segundo Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, un paquete de 86 medidas que intenta “prevenir, detectar, investigar y atajar esta tipología delictiva” en auge, según los datos de su departamento. Interior tiene previsto destinar a él 1,07 millones de euros para, como ha señalado Grande-Marlaska en la conferencia de prensa...

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes la puesta en marcha del segundo Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, un paquete de 86 medidas que intenta “prevenir, detectar, investigar y atajar esta tipología delictiva” en auge, según los datos de su departamento. Interior tiene previsto destinar a él 1,07 millones de euros para, como ha señalado Grande-Marlaska en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, “frenar la tendencia al alza [de estos delitos] y reducir la infradenuncia”.

En 2021, las diferentes policías del estado recibieron 1.801 denuncias por esta figura delictiva, el mayor número desde que, en 2014, se iniciaron las estadísticas específicas sobre delitos. La cifra supera en un 5,6% las registradas en 2019, último año antes de pandemia, cuando se contabilizaron 1.706 casos, que hasta ahora marcaba el máximo. En 2020, las restricciones de movilidad para minimizar la expansión del coronavirus habían reducido esta cifra a 1.401. En los ocho años desde que los delitos de odio se incluyen en las estadísticas policiales se han investigado 11.811 sucesos de este tipo.

Tres tipologías concentraron el año pasado cerca del 83% de los delitos de odio. La más habitual fueron los relacionados con las conductas racistas o xenófobas, con 678 denuncias (el 37,6% del total). Esta cifra supone un importante incremento respecto al año de la pandemia, cuando se registraron 485, pero también respecto al último año antes de la crisis sanitaria, 2019, en el que hubo 515. Tras ellos se sitúan los dirigidos contra la orientación sexual e identidad de género, con 477 denuncias (el 26,5% del total). En 2020 fueron 277 y el año anterior habían sido 278. En tercer lugar de las estadísticas aparecen los relacionados con la ideología, con 336 casos (el 18,6%), cifra que supone un ligero repunte respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 326, pero que aún están lejos de las cifras de 2019, cuando fueron 596.

Respecto al perfil de las víctimas, la estadística revela que en 2021 hubo una repunte del número menores que son víctimas de estos delitos al representar el 11,3% del total, frente al 9,4% del año anterior, aunque ese porcentaje está aún lejos del 25,6% que se registró en 2014, primer año con cifras. Más de la mitad de las víctimas (el 52,6%) se sitúan en la franja de edad entre los 26 y los 50 años, un porcentaje sensiblemente inferior al registrado el año anterior, cuando representaban el 56,4%. En cuanto a la nacionalidad, la amplia mayoría son españoles, que representan el 70,4% a lo largo de la serie histórica. De los extranjeros, la mayoría eran originarios de África (13,9% del total), seguidos de los procedentes de América (9,2%).

Durante el año pasado, las fuerzas de seguridad detuvieron en el transcurso de sus investigaciones a 745 personas como presuntos autores de delitos de odio, lo que supone un incremento del 20,2% respecto a 2020 y del 26,3% en comparación a 2019. De ellos, la inmensa mayoría eran varones y estaban encuadrados en el rango de edad de los 26 a 40 años (29,1%). No obstante, un 14,2% eran menores de edad. La nacionalidad predominante de los autores era la española (79,6%). Se les acusa más frecuentemente de haber proferido amenazas, causado lesiones o haber incitado públicamente al odio.

Ocho líneas de acción

El nuevo plan sustituye al aprobado en 2019 ―que incluía 54 medidas― y entrará en vigor mañana miércoles con una duración de tres años. Según destaca el departamento de Grande-Marlaska, pondrán el foco en la atención y asistencia a las víctimas, pero también en mejorar la respuesta policial ante estos delitos. Para ello, se han marcado ocho líneas de acción. La primera busca, precisamente, mejorar el apoyo a quienes sufren estos delitos mediante “el desarrollo de herramientas específicas y el refuerzo de los servicios de asesoramiento”. A ello se destinarán 284.575 euros del presupuesto. La segunda será mejorar los mecanismos de coordinación de las Fuerzas de Seguridad con instituciones públicas y privadas especializadas en la materia.

Interior quiere también potenciar los equipos encargados de investigarlos. Así, pretende desarrollar herramientas que mejoren la efectividad de las pesquisas y creará grupos especializados en la lucha contra los delitos de odio tanto en la Comisaría General de Información de la Policía Nacional como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil, sobre los que pivota, por ejemplo, la lucha antiterrorista. También impulsará la “formación, sensibilización y concienciación” de todos los agentes en este ámbito e incrementará los conocimientos e instrumentos con los que cuentan en la actualidad para combatir estos hechos. Además, incentivará la participación y colaboración con las ONG que luchan contra el discurso de odio.

Finalmente, Interior aumentará el personal de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, un organismo creado en 2018 y que, además de analizar la evolución del fenómeno, coopera desde el año pasado de manera directa con las unidades policiales en la investigación de los episodios de mayor gravedad, complejidad o trascendencia mediática. Una encuesta realizada por esta oficina, y dada a conocer el pasado julio, reveló que solo una de cada 10 víctimas denuncia ante la Policía. El estudio señalaba que una mayoría de los que no lo hizo adoptó esa decisión porque pensó que los agentes no le tomarían en serio, no lo entenderían o sentía desconfianza hacia la Policía. Esta alta cifra de infradenuncias es similar a la arrojada en otros estudios similares realizados en otros países de la UE por la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA, en sus siglas en inglés), que lo sitúa en el 80%.