El PSOE quiere cambiar la ley para ascender a Delgado cuando cese de fiscal general
Los socialistas registran una enmienda en la ley concursal que provoca el rechazo de la derecha y asociaciones conservadoras
El PSOE pretende garantizar un ascenso en el futuro profesional de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a través de una enmienda en la tramitación parlamentaria de la ley concursal, una norma que regula los procesos de quiebra de las empresas y que no guarda ninguna relación con el funcionamiento del ministerio público. La propuesta implica modificar la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que cuando el puesto de...
El PSOE pretende garantizar un ascenso en el futuro profesional de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a través de una enmienda en la tramitación parlamentaria de la ley concursal, una norma que regula los procesos de quiebra de las empresas y que no guarda ninguna relación con el funcionamiento del ministerio público. La propuesta implica modificar la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que cuando el puesto de fiscal general del Estado sea ocupado por un fiscal de carrera, este “adquirirá la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese”. En el caso de Delgado, si no se hiciera esta modificación, la actual fiscal general volvería al terminar su mandato a su plaza de fiscal de la Audiencia Nacional, un puesto inferior al de fiscal de sala que tendrá si se aprueba la enmienda socialista, que supone ascender a la máxima categoría de la carrera.
El PSOE registró su enmienda hace dos semanas, pero no le dio publicidad, por lo que había pasado inadvertida hasta que este miércoles se hicieron eco de ella los grupos de la oposición. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha negado, a preguntas de los periodistas, que el Gobierno haya confeccionado un “traje a medida” para Delgado, y ha sostenido que la enmienda que propone ascender a la fiscal general a la categoría de fiscal de sala cuando sea cesada del cargo es una de las recomendaciones sugeridas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco).
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados, la titular de Justicia ha incidido en que, con esta medida, el Ejecutivo trata de impulsar la “regeneración democrática” al tiempo que busca “incrementar la calidad democrática de las instituciones”. El argumento del Gobierno es que este blindaje favorece la independencia del fiscal general ante posibles presiones políticas o judiciales durante su mandato, ya que al tener garantizado el ascenso a la máxima categoría se disipa el peligro de que pueda actuar con temor a que, cuando deje el cargo, sufra represalias y tenga problemas en su carrera.
Se trata, ha añadido Llop, de buscar una “salida digna” para Delgado cuando esta cese en su cargo. “Evidentemente no es una medida ad hoc, sino para cualquier persona que sea fiscal general del Estado. Lo que dice el grupo Greco es que hay que adoptar todas esas medidas que garanticen que quien va a ser fiscal general no va a actuar con presiones de cualquier tipo de grupo, tiene que actuar con libertad y lo que se garantiza es una salida con dignidad”, ha apuntado la ministra. El Ejecutivo entiende, por tanto, que no sería digno para un fiscal general volver a su puesto en la Audiencia Nacional.
El Gobierno recuerda que este problema ya se presentó con la anterior fiscal general, María José Segarra, que también tenía que volver a su plaza en Sevilla. En ese momento se resolvió con un ascenso también a fiscal de sala, decidido por Delgado. Pero ahora el Ejecutivo quiere que quede fijado por ley, de manera que la actual fiscal general no dependa de la voluntad de su sucesor para tener un ascenso.
Los argumentos no han convencido a la oposición. El consejero de Justicia de Madrid y portavoz del PP en estos asuntos, Enrique López, calificó de “absolutamente impresentable” la enmienda socialista. López recordó que el PP ha pedido que se reforma el Estatuto fiscal para impedir que perfiles políticos ocupen el puesto de fiscales general del Estado. “La ley tiene que prever una imposibilidad de que quien ejerció en política pueda serlo”, aseguró, en vez de buscar una ascenso en la carrera profesional de Delgado. El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ironizó con que lo siguiente que dará el PSOE a Dolores Delgado, será un “título nobiliario”. Macarena Olona, de Vox, también criticó en redes sociales la decisión. Mientras, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) cree que “la vía elegida para la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)” sugiere “cierta urgencia para el Gobierno en proporcionar una salida a la actual fiscal general del Estado” y considera la decisión “un despropósito” que “ahonda en la politización de la Fiscalía”.
El debate sobre el blindaje de los fiscales generales una vez que dejan el cargo no es nuevo. Miembros del Consejo Fiscal han recordado este miércoles que una propuesta casi idéntica a la introducida en la enmienda del PSOE se incluyó ya en el proyecto de nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal durante la etapa de Segarra, la antecesora de Delgado. Carlos García Berro, miembro del Consejo Fiscal por parte de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), recuerda que todos los vocales de este órgano, tanto los miembros de la UPF como los de la conservadora Asociación de Fiscales, estuvieron de acuerdo en hacer esta modificación, pero rechazaron que se hiciera vía modificación del Reglamento porque las categorías de la carrera están reguladas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que tiene rango de ley, por lo que para modificar cualquier aspecto referido a estas categorías hace falta una ley.