El Gobierno declara de “interés general” el centro de detención de inmigrantes de Lanzarote para poder abrirlo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de interés general para todas las obras que tiene previsto ejecutar el Ministerio del Interior en 2022. Entre esas obras está el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) de Arrecife (Lanzarote, 64.497 habitantes), un campamento para la detención de inmigrantes llegados en patera que se montó en la trasera de la comisaría de la capital lanzaroteña en octubre y ...

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de interés general para todas las obras que tiene previsto ejecutar el Ministerio del Interior en 2022. Entre esas obras está el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) de Arrecife (Lanzarote, 64.497 habitantes), un campamento para la detención de inmigrantes llegados en patera que se montó en la trasera de la comisaría de la capital lanzaroteña en octubre y cuya apertura bloquea el Ayuntamiento. Durante estos meses de bloqueo administrativo, los recién llegados han sido hacinados de forma recurrente en una nave sin las condiciones mínimas de salubridad y en la que durante más de las 72 horas que permite la ley conviven hombres, mujeres y niños. Tras la decisión del Consejo de Ministros, fuentes de Interior mantienen que el CATE podrá ponerse en funcionamiento “de inmediato” y “sin necesidad de disponer de los permisos municipales ordinarios”.

Fuentes de Interior no concretan cuándo se inaugurará el CATE, que se financió con 2,1 millones de fondos europeos, y fuentes policiales se mantienen aún prudentes ante la apertura. Entre otras cosas, aún faltarían los suministros de agua y luz, según las mismas fuentes. En cualquier caso, desde el ministerio señalan que la declaración de interés general de una infraestructura, “máxime cuando la efectúa directamente el legislador”, evita que esta se vea impedida o dificultada por el “planeamiento urbanístico” o por “el ejercicio de las competencias municipales”.

El pulso que iniciaron la alcaldesa del PP, Astrid Pérez, y la Dirección General de la Policía se remonta a octubre, cuando el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas acordó iniciar el expediente de cesión gratuita del terreno donde se emplaza el campamento, una parcela en la trasera de la comisaría de Arrecife en la zona del puerto. El Ayuntamiento, contra el criterio de la Autoridad Portuaria e Interior, mantuvo que el inicio del expediente no equivalía a su cesión y que, por tanto, el ministerio debía esperar para ejecutar la obra a que se concluyese el procedimiento que puede demorarse hasta dos años. Pero cuando las autoridades municipales empezaron a guerrear este tema públicamente, advirtiendo además de que es un terreno con riesgo de inundación por aguas fecales cuando llueve, el campamento ya estaba montado.

Según la versión del Ayuntamiento, el ministerio llegó a pedir licencia de obra posteriormente, pero no completó el procedimiento. El 23 de noviembre, la corporación le dio diez días para presentar el proyecto de obra, justificar el pago de las tasas, y aportar la fianza por si no se autorizaba la instalación poder demolerla, pero Interior no respondió al requerimiento. Pasados dos meses, el pasado 26 de enero, el Ayuntamiento asumió el desistimiento del ministerio y abrió la puerta a desmantelar el recinto. Preguntada este martes en Radio Televisión Canaria, la alcaldesa insistió en que sus informes técnicos son contrarios a la apertura y recriminó el no “cumplimiento de la legalidad” del ministerio.

Más allá del lío administrativo, la alcaldesa ha dejado claro que no quiere un centro de inmigrantes en el centro de su municipio. “A mí no me gusta nada el CATE en el centro de mi ciudad. Primero, porque no es el lugar idóneo y, segundo, porque desde el punto de vista técnico no cumple los requisitos”, dijo este lunes, en una rueda de prensa dedicada a la cuestión. “Gastamos mucho dinero en promoción turística para que lleguen algunos y se instalen donde les dé la gana como si esto fuese Venezuela. En la Puerta del Sol de Madrid no se atreven, pero en Arrecife sí”.

Pérez se mostró muy crítica con el ministerio y el Gobierno. Cuestionó el coste de la obra —”deben ser las tiendas de campaña y el cierre perimetral más caro de la historia. No creo que eso cueste más de 50.000 euros)” y mantuvo que ha recibido presiones desde la delegación de Gobierno para desbloquear el campamento — “lo peor es que me animen a que prevarique”—. Aunque la situación no es comparable con el muelle grancanario y el bloqueo de ese campamento empuja precisamente a hacinar a inmigrantes en un lugar aún peor, como la nave, Pérez también advirtió: “No quiero un Arguineguín 2. No se puede tratar así a los inmigrantes”