El PNV aprieta al Gobierno con la reforma laboral y el ingreso mínimo vital
Yolanda Díaz intensifica los contactos con los socios nacionalistas, por ahora sin avances anunciados
Ciudadanos acentúa cada día la disponibilidad a dar el respaldo a la reforma laboral si el Gobierno ig...
Ciudadanos acentúa cada día la disponibilidad a dar el respaldo a la reforma laboral si el Gobierno ignora a sus habituales socios parlamentarios. Lo dijo el lunes Inés Arrimadas y lo remarcó este martes su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal. El problema para el Ejecutivo es que el voto favorable de la formación liberal no le bastaría si no fuese acompañado de la abstención de algunos de sus aliados en el Congreso, donde el próximo 3 de febrero se votará la convalidación del decreto de la reforma. Y el PNV, al que el propio Gobierno adjudica la categoría de socio preferente, ya le advirtió este martes de que no cuente con ellos para una posible abstención táctica.
La diputada nacionalista Josune Gorospe no pudo ser más clara. En una entrevista en Onda Vasca, señaló que si el Gobierno no accede a su petición de dar prevalencia a los convenios laborales autonómicos sobre los estatales, el PNV votará en contra de la reforma. Gorospe descartó de forma expresa que su partido pudiera abstenerse para facilitar la aprobación sin darle un apoyo expreso. La misma postura mantienen, de momento, ERC y EH Bildu, a quienes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, intentó este martes meterles de nuevo presión: “Votar en contra de esta reforma es votar a favor de la del PP”.
El PNV ha comenzado el año con un tono de resquemor hacia el Gobierno. Además de la reforma laboral, los nacionalistas exigen que se concrete de una vez el traspaso a Euskadi de la gestión del ingreso mínimo vital, una reivindicación que el Ejecutivo ya se comprometió a atender varias veces a lo largo del último año y medio. El PNV anuncia que “pondrá pie en pared” para lograr que el traspaso se concrete de forma “íntegra y transparente”.
La opción de Ciudadanos era manejada por la parte socialista del Gobierno como una alternativa para el caso de no lograr un acuerdo con sus socios habituales. De momento el Ejecutivo no hablado con la formación liberal, cuyo portavoz, Edmundo Bal, cree que el PSOE “está esperando a ver si fracasan las negociaciones con los nacionalistas”. Aun sumando los nueve votos de Ciudadanos, junto a los de otras formaciones inclinadas a apoyar la reforma, como PDeCAT, PRC y los regionalistas canarios, el Ejecutivo tendría muy difícil lograr la mayoría frente al rechazo cruzado de todos los nacionalistas y de la derecha.
En la negociación con ERC, PNV y EH Bildu se está volcando la vicepresidenta Yolanda Díaz y su equipo en el Ministerio de Trabajo, responsables de la reforma laboral, que ya mantienen intensos contactos con representantes de esos grupos. Los interlocutores del Gobierno transmiten que por ahora no se han producido avances, pero Trabajo insiste en que hay margen para desenredar el nudo.
Díaz presumió este jueves de la “repercusión internacional” que está teniendo la reforma, sobre todo en un país, Brasil. Allí la ha tomado como bandera el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para desbancar en las elecciones del próximo octubre al ultraderechista Jair Bolsonaro. En Brasil, un Gobierno de centroderecha aprobó en 2017 una reforma laboral inspirada, según sus propios autores, en la que había impuesto el PP en España cinco años antes. Lula, del Partido de los Trabajadores, ha prometido revertirla y ha acogido con entusiasmo la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien días atrás ya felicitó públicamente. El asunto ha suscitado numerosos comentarios en la prensa brasileña.
Lula mantuvo este martes una reunión telemática con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, para conocer los contenidos de la reforma. El expresidente y su Partido de los Trabajadores, la gran formación de la izquierda brasileña, han mostrado además gran interés por la ley que el Ministerio de Trabajo pactó con sindicatos y empresarios para regular el trabajo de los repartidores.