El comisario García Castaño señala a la clase política: “Todo el mundo conocía a Villarejo”

El primer gran juicio contra el comisario José Manuel Villarejo se adentra en una etapa clave con la declaración de los agentes acusados de formar parte de su trama de corrupción policial. Este jueves ha llegado el turno de Enrique García Castaño, un experimentado comisario ya jubilado, con más de 40 años de carrera a las espaldas, exjefe de la unidad de inteligencia de la Policía encargada de las operaciones encubiertas y para quien la Fiscalía ...

El primer gran juicio contra el comisario José Manuel Villarejo se adentra en una etapa clave con la declaración de los agentes acusados de formar parte de su trama de corrupción policial. Este jueves ha llegado el turno de Enrique García Castaño, un experimentado comisario ya jubilado, con más de 40 años de carrera a las espaldas, exjefe de la unidad de inteligencia de la Policía encargada de las operaciones encubiertas y para quien la Fiscalía pide casi 83 años de cárcel. Castaño ha afirmado que solo facilitó datos a su compañero para actuaciones policiales y ha incidido en la condición especial que, según él, tenía Villarejo con el beneplácito de los altos cargos políticos del Estado.

“Villarejo es un monstruo que han creado los políticos”, ha dicho Castaño, a quien se acusa de facilitar información confidencial a la trama para sus proyectos de espionaje. “Tenía autorización para facturar, se le permitía todo tipo de investigaciones privadas [...] Yo he tenido cuatro Villarejos en mi unidad, cuatro agentes que estaban en activo en la Policía y que tenían sus empresas porque eran su tapadera. Estaban autorizados por el Ministerio del Interior”, ha continuado el comisario, que ha considerado una “práctica” habitual el “tener una estructura opaca” para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. “Y lo sabía todo el mundo. Todo el mundo conocía lo del señor Villarejo”, ha añadido en referencia a los altos mandos políticos.

—¿Qué sabe de las actividades que desarrollaba Villarejo? —se ha lanzado antes el fiscal Miguel Serrano.

—Desde el año 1994, que regresó al cuerpo, toda la corporación sabía perfectamente cuál era su trabajo: estaba en activo [como policía], figuraba como empresario y se le permitía utilizar una estructura empresarial, el grupo Cenyt, en beneficio de la Policía y del CNI —ha respondido el acusado.

Sus palabras coinciden con la versión ofrecida el miércoles por otro procesado, el inspector jefe Constancio Riaño, que estaba bajo las órdenes de García Castaño, con quien actualmente se encuentra enfrentado —se culpan mutuamente de facilitar los datos confidenciales a la trama—. “De Villarejo, toda la unidad tenía muy buena impresión. Era un señor que estaba autorizado por los altos cargos políticos para tener empresas para ayudar al país. En la Policía, en petit comité, se decía que era un hombre que trabajaba para los servicios de seguridad del Estado y para nuestro país”, ha asegurado el agente Riaño.

La respuesta de ambos respalda parte de la tesis de Villarejo, que afirma que nunca pudo cometer delitos con sus negocios porque reforzaban su tapadera como agente encubierto. Pero Anticorrupción ya dejó claro que no pone en duda que el cabecilla de Cenyt trabajara como “policía de inteligencia” o que, incluso, tuviera la “condición estructural de colaborador del CNI”; sino que, precisamente, el problema reside en que Villarejo se extralimitó en su labor para “lucrarse” cobrando por encargos de espionaje pagados por empresas y particulares.

“La esencia de nuestra acusación es que Villarejo era policía”, dijo Serrano en una sesión anterior del juicio: “Recibió dádivas con abusos de sus funciones policiales, realizando funciones paralelas para clientes privados”, cargó la Fiscalía, que incluso acepta la posibilidad de que pudiera “estar autorizado” para la “gestión de su empresa privada” —aunque en el sumario no consta un papel oficial que lo avale—. Pero, según Anticorrupción, “para lo que no estaba autorizado, ni podía estar autorizado, es para lucrarse al margen de esa actividad basándose en los conocimientos” y datos que obtenía como policía.

Información confidencial

García Castaño, al que se conocía en el cuerpo con el alias de El Gordo, ha negado que él cometiese cualquier ilegalidad. Según ha repetido, siempre que facilitó datos confidenciales a Villarejo, eran para “operaciones policiales”: “Y, cuando tenía alguna duda, consultaba con el director adjunto operativo, Eugenio Pino”. En esa línea, Castaño ha incidido en que nunca aportó información sensible para los encargos de espionaje privados, pese a que el ministerio público mantiene que participó en el Proyecto Iron, que versa sobre la contratación de Villarejo por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar a otro despacho rival, Balder; y en el Proyecto Land, que se centra en la guerra familiar de los herederos del promotor Luis García-Cereceda.

“Villarejo nunca me ha pedido una investigación sobre Balder [...] ¡Exhíbame una grabación donde me lo pida, porque este señor lo grababa todo! [...] Todas las veces que Villarejo me ha pedido algo, me lo ha grabado”, ha reiterado el comisario jubilado García Castaño, antiguo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de las operaciones encubiertas.

La Fiscalía mantiene una versión absolutamente distinta. En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que El Gordo ordenó a Riaño y a Javier Fernández, otro de sus subordinados, que facilitaran información a la trama “a sabiendas de que sería vendida con fines privados y a cambio de dinero” para Castaño. Según el sumario, entre el material sensible suministrado a Villarejo y que fue intervenido en la investigación, se encuentra información tributaria de Balder, así como el tráfico de llamadas y datos de posicionamiento de dos víctimas del Proyecto Land. El juez instructor Manuel García-Castellón concluyó que toda esa documentación se acopiaba para extorsionar a los adversarios de quienes contrataban a Cenyt.

Medio millón de euros en efectivo

La Fiscalía, que acusa a García Castaño de recibir gratificaciones de Villarejo por su colaboración, ha intentado cercar al comisario siguiendo el rastro del dinero. Según ha explicado el ministerio público y ha admitido el exjefe de la UCAO, sus cuentas bancarias registraron ingresos en efectivo por más de 500.000 euros a lo largo de 11 años. “¿De dónde proceden?”, le ha preguntado la acusación. “De fondos reservados y de otro tipo de cosas... De operaciones convencionales que a mí se me han encargado, en las que yo he participado y por las que se me ha entregado dinero en efectivo”, ha respondido el comisario.

García Castaño ha aseverado que existen unos fondos reservados que se rigen por la ley dictada en la década de los noventa, en la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia: “Pero, después, hay otro tipo de fondos que, cuando hay una operación especial, van aparte. Son fondos del Estado, pero están bajo secreto”. De esta forma ha justificado esos ingresos en sus cuentas: era dinero que él había adelantado o con el que se le gratificaba. “Por ejemplo, cuando iba a Francia y tenía que pagar a una autoridad francesa porque colaboraba con nosotros, llevaba el dinero en efectivo para gastos. Y se me pagaba de esa forma porque me jugaba la vida”. “Me han estado dando fondos desde el golpe de Estado del 23 de febrero”, ha remachado.

La Fiscalía ha añadido que García Castaño pagaba en efectivo, y de una vez, el coste anual de la casa donde vive de alquiler. O que usaba, también, dos automóviles de la marca BMW de las empresas de Villarejo. Según el comisario, el dinero para su vivienda salía de su sueldo, el de su mujer y de las gratificaciones que recibía de esos fondos del Estado: “Las iba metiendo en un sobre y pagaba”. Sobre los coches, el exjefe de la UCAO afirma que abonó por ellos casi 50.000 euros a su compañero —importe procedente, según ha reiterado, de los regalos que obtuvo en su boda— y que esa operación económica fue legal.