La Administración incumple el plazo legal para resolver los papeles de los extranjeros

Los plazos para resolver solicitudes se han disparado en las oficinas de extranjería y la mayoría incumple los tiempos que marca la ley con demoras que afectan a cientos de miles de personas. Los mayores retrasos se concentran en las autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo que son, precisamente, las más numerosas (cerca de 100.000) y sirven a los extranjeros para regularizarse después de dos o tres años viviendo en España. La ley marca un plazo máximo de 90 días para resolverlas, pero la media de todo el país está ya en 108 días. El récord lo ostenta Barcelona, la segunda oficina co...

Los plazos para resolver solicitudes se han disparado en las oficinas de extranjería y la mayoría incumple los tiempos que marca la ley con demoras que afectan a cientos de miles de personas. Los mayores retrasos se concentran en las autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo que son, precisamente, las más numerosas (cerca de 100.000) y sirven a los extranjeros para regularizarse después de dos o tres años viviendo en España. La ley marca un plazo máximo de 90 días para resolverlas, pero la media de todo el país está ya en 108 días. El récord lo ostenta Barcelona, la segunda oficina con más expedientes, que tarda 152 días. Más de dos meses de demora extra. El plazo medio de resolución supera los 100 días en 28 de las 52 oficinas del país.

Jonathan, un informático colombiano de 29 años, lleva desde junio esperando a que la oficina de Barcelona resuelva su expediente. Después de más de tres años en España cumple los requisitos —incluido un contrato de trabajo de un año— para acogerse al arraigo social y regularizarse. “Vivo pendiente. No me pueden echar del país, pero no puedo trabajar. Si no fuese por la ayuda de mi pareja no podría ni pagarme una habitación”, se queja. Jonathan lamenta la precariedad en la que lleva instalado desde 2019. “En estas circunstancias en las que estamos, esperando durante tiempo, se aprovechan de nuestra necesidad. Nos ofrecen trabajos pagando 300 euros en b o en los que ni siquiera tienes sueldo. Pero como no tienes otra cosa, aceptas”.

Los recursos y la eficiencia de las oficinas de extranjería son un tema recurrente en los informes del Defensor del Pueblo. La institución lleva desde 2012 señalando las demoras y la falta “de medios humanos y materiales” que dificultan “la gestión eficaz” de los procedimientos. La tesis del defensor, reflejada a lo largo de estos años, es la “ausencia” de una política migratoria que contemple el fenómeno en su totalidad, desde las fronteras hasta los trámites fundamentales para su inclusión en la sociedad.

Los datos de las oficinas de Extranjería, facilitados por el Ministerio de Política Territorial del que depende su actividad, revelan que los plazos también se sobrepasan en las reagrupaciones, la figura que permite al extranjero que ya está en situación regular en España traerse a su familia. Hay algunos casos graves. La oficina de Ciudad Real, que en 2021 ha recibido menos de 5.000 solicitudes, presenta un desfase de plazos desproporcionado en la mayoría de los trámites. Aquí las peticiones de reagrupación familiar, que la Administración debe resolver en 45 días, por ejemplo, se alargan hasta los 221 días. Es decir, siete meses para un trámite de mes y medio.

Los más de dos millones de extranjeros no comunitarios que viven en España están sometidos a un régimen de autorizaciones para poder vivir y trabajar y dependen de la eficiencia de las oficinas de extranjería para mantener sus papeles en regla. Estos dos millones de personas son solo los que ya residen de forma regular, que requieren sobre todo renovaciones, gestiones mucho más sencillas, pero a ellos se suman las solicitudes de cientos de miles de personas que, tras cumplir los requisitos, acuden a la Administración para regularizarse por primera vez. El incumplimiento de los plazos les mantiene en un limbo de legalidad en el que mientras aguardan una respuesta no son considerados irregulares, pero no pueden trabajar o abrir una cuenta de banco. Olga Hernández, de la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería, mantiene que hace mucho tiempo que las oficinas se quejan de falta de personal: “Estos retrasos no son aceptables. Fomentan la economía sumergida y tienen un impacto directo en la vida de los extranjeros. ¿Qué empresa que ofrece un contrato de trabajo va a esperar seis meses para contar con su empleado?”

El empuje de la pandemia

El confinamiento, que acabó con las citas presenciales y provocó una caída de las solicitudes, permitió a la mayor parte de las 52 oficinas de extranjería resolver miles de expedientes acumulados y aliviar la carga de trabajo que venían arrastrando. El ritmo de resoluciones sigue al alza, pero en los cajones hay aún 165.572 expedientes pendientes de respuesta, un 24% más que al cierre de 2019. Una vez superadas las restricciones, además, con fecha de 27 de noviembre se habían registrado ya 760.745 nuevas solicitudes, un 13% más que en todo 2020.

Las demoras son ya la principal queja en las oficinas de extranjería. El panorama ha cambiado en poco tiempo. Antes y durante la pandemia el problema más grave era la obtención de citas para poder presentar las solicitudes. El colapso del sistema alimentó un mercado negro en el que se vendían hasta por 200 euros. El virus acabó impulsando la informatización de los trámites y ahora, que el 46% de los expedientes entran de forma telemática, las citas presenciales dejaron de ser la mayor preocupación. En contrapartida para las oficinas, se ha disparado la entrada de expediente una vez que el extranjero ya no tiene que pasar horas delante de un ordenador intentando conseguir una cita que podía tardar meses.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial señalan que los expedientes por arraigo, los que acumulan más demoras, son los más complejos de resolver y requieren más tiempo y recursos que el resto. Además, son el tipo de autorización que más crece y el volumen de peticiones recibidas casi se ha duplicado desde 2019. El crecimiento también se explica por una sentencia del Supremo de marzo con la que se flexibilizaron los requisitos para acceder al arraigo laboral, una decisión que abrió esta vía a miles de personas que antes de la sentencia no podían acogerse a ella.