El asesinato de Diego Bello en Filipinas: montaje policial al descubierto

El 8 de enero de 2020 los padres, el hermano y los amigos de Diego Bello recibieron en A Coruña la demoledora noticia de su muerte en Filipinas como si oyeran hablar de un extraño. Les comunicaron que Bello había sido abatido en un tiroteo con la policía. Les aseguraron que era un capo de la droga en la isla de Siargao, donde residía desde 2017. Nadie del entorno de este empresario gallego de 32 años, surfista y dueño de varios negocios en el país asiático, dio crédito a aquella historia. Las...

El 8 de enero de 2020 los padres, el hermano y los amigos de Diego Bello recibieron en A Coruña la demoledora noticia de su muerte en Filipinas como si oyeran hablar de un extraño. Les comunicaron que Bello había sido abatido en un tiroteo con la policía. Les aseguraron que era un capo de la droga en la isla de Siargao, donde residía desde 2017. Nadie del entorno de este empresario gallego de 32 años, surfista y dueño de varios negocios en el país asiático, dio crédito a aquella historia. Las conclusiones de una nueva investigación, forzada por la movilización de la familia y las presiones diplomáticas, les dan de momento la razón. Los tres agentes que le dispararon han sido imputados por asesinato, perjurio y falsificación de pruebas.

Diego Bello es una de las 12.000 personas que, según Human Rights Watch, han muerto en Filipinas a manos de policías en supuestas operaciones antidroga desde que el presidente del país, Rodrigo Duterte, decretó en 2016 una violenta guerra contra el narcotráfico. Su caso es también uno de los 52 en los que ya se han detectado indicios de ejecuciones extrajudiciales, tras años de protestas de las organizaciones de derechos humanos. El Gobierno filipino, que afronta elecciones próximamente, ha prometido analizar otros 6.000 homicidios. El informe oficial sobre el asesinato de Bello, realizado por la Oficina Nacional de Investigación, equivalente a la Fiscalía, desmonta la primera versión gracias a los testimonios de testigos, el análisis de los archivos policiales y la revisión de la escena del crimen.

Bello murió acribillado a tiros en la puerta de su casa. Era la 1.35 y acababa de llegar de trabajar en el local de hostelería que regentaba. Tanto los vecinos como su novia, que estaba dentro del domicilio, escucharon los disparos. Fue el capitán Wise Vicente Panuelos, jefe policial ahora imputado por asesinato, perjurio y falsificación de pruebas, quien aseguró que se trató de una operación antidroga. Según esa primera versión, aquella noche estaba al mando de un dispositivo para detener al empresario gallego tendiéndole una trampa. Uno de sus hombres, el también investigado sargento Ronel Pazo, se citó con Bello en la entrada de su vivienda para comprarle droga. El plan era que el tercer imputado, el sargento Nido Boy Cortes, lo arrestara en cuanto se produjese la venta, pero alegaron que “se vieron forzados a defenderse” apretando el gatillo repetidas veces porque el presunto delincuente, al descubrir que había sido descubierto, disparó primero y trató de escapar.

La nueva investigación demuestra que ese tiroteo nunca se produjo y que fue “un escenario inventado”. Bello no sacó ningún arma de una riñonera, como aseguraron los policías, ni efectuó dos disparos mientras huía. En la escena del crimen se encontraron casquillos de dos calibres diferentes: los de las pistolas que portaban los policías y los del arma que supuestamente utilizó la víctima. Pero, según el informe, de su colocación se deduce que los tiradores estaban tan cerca unos de otros que los investigadores consideran inverosímil que Bello fuese el único herido si él también hubiese apretado el gatillo.

Son varias las pruebas recabadas por los investigadores que desmontan la primera versión oficial del crimen. El rastro de las balas de la pistola adjudicada en un principio a la víctima no coincide con el movimiento de huida que le atribuyeron los policías ahora imputados. Las manchas de sangre y los daños hallados en el lugar de los hechos también desmienten aquella versión. El último disparo, por ejemplo, no se corresponde con el arma que supuestamente blandía Bello sino con la del jefe policial, y se cree que este lo efectuó cuando el joven estaba prácticamente caído en el suelo.

Para la Fiscalía filipina es “evidente” que la acusación de que Bello portaba un arma es “parte del gran plan para justificar un homicidio ilegal”. Las pesquisas descubrieron que la pistola que los policías imputados adjudicaron al joven estaba a nombre de una empresa radicada en Manila que negó tenerla inscrita en su inventario. Resultó imposible, recalcan los investigadores, establecer un vínculo entre la víctima y esta compañía, teniendo en cuenta que Bello llevaba tres años en el país asiático y la firma tenía registrada el arma desde hace más de dos décadas.

Tampoco fue hallado el nombre del joven en los listados oficiales de narcotraficantes desde 2016. Pese a que el jefe policial ahora imputado aseguró que Bello era un capo regional de la droga, no aparece ninguna referencia a él en los archivos de la Agencia de Control de Drogas de Filipinas. Este organismo ha certificado además que no participó en el operativo dirigido por el capitán Panuelos. La autopsia que se realizó en Madrid concluyó que Bello no había tomado ninguna droga en los últimos seis meses antes de su muerte.

En la escena del crimen que ahora se considera una farsa apareció no solo una pistola que no pertenecía a Bello sino también 15 gramos de cocaína y una riñonera en la que se dijo que guardaba el arma y que no llevaba puesta cuando salió de su restaurante para ir a casa, tal y como registraron las cámaras del local. La investigación reprocha que los acusados acabaran a tiros con una persona indefensa pese a ir los tres armados y estar apoyados además por otros agentes desperdigados por la zona. La autopsia realizada en Filipinas reveló que Bello recibió seis disparos, el último en la oreja derecha. El informe concluye que los tres agentes filipinos compartían “un propósito conjunto, una unidad de acción y una comunidad de intereses: matar a Diego”.

Preguntas aún sin respuesta

El giro que ha dado el caso ha cogido de sorpresa a la familia de Diego Bello, que lleva casi dos años luchando desde A Coruña para que se le haga justicia en Filipinas. Las dificultades han sido enormes, pero por fin han encontrado un bufete filipino con el que asociarse y se han personado en la causa, reservándose la potestad de acudir a la Audiencia Nacional o a la Corte Penal Internacional si no se celebra un proceso con garantías. Ahora pelean para lograr que el Ministerio de Asuntos Exteriores les ayude a pagar la costosa asistencia jurídica. “No nos esperábamos nada de allí y, de repente, vimos la luz”, señala sobre la imputación de los policías filipinos el abogado coruñés Guillermo Mosquera, que lleva el caso en colaboración con Manuel Ollé Sesé, experto en derecho penal internacional y curtido en asuntos como la defensa del ingeniero informático Hervé Falciani o del líder saharaui Brahim Gali.

El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que han realizado un “seguimiento estrecho” del asesinato y prometen “seguir prestando especial atención” a la causa que se ha abierto contra los policías. Uno de ellos, el capitán Panuelos, llegó a reunirse con el cónsul español días después del crimen para asegurarle que tenía “pruebas sólidas” contra Bello, según recogió la prensa filipina. Posteriormente, representantes de España mantuvieron encuentros con los ministros de Justicia e Interior del país asiático para urgir una revisión del caso que ha acabado destapando el montaje policial.

El informe de la Fiscalía no apunta a ningún móvil. “Mi opinión es que se usó la campaña contra el narco para saldar algo personal contra él y por eso se le puso allí la droga y el arma. Pero el único que nos podría contar qué era ese ‘algo personal’ es Diego”, explica el abogado de la familia. “No sé qué fue ni tampoco si lo llegaremos a saber algún día. Lo que buscamos es limpiar su nombre y demostrar que todo fue un montaje para asesinarlo”.

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, la primera entidad que puso en duda la versión policial, ha encontrado un nexo entre Bello y uno de sus presuntos asesinos. El capitán Panuelos procede de la provincia de Camarines del Sur, de la que es gobernador Migz Villafuerte, miembro de una poderosa estirpe de políticos filipinos. Según recoge el informe que publicó la comisión antes de que Panuelos fuera imputado, Villafuerte acudió a uno de los negocios de Bello apenas cinco meses antes del asesinato para protestar por el ruido y amenazó a su socio: “¿No sabes quién soy? ¡Puedo dispararos y haceros desaparecer arrojándoos al manglar!”.