El juez impuso controles rutinarios al supuesto asesino del niño de Lardero

El auto dictado por el juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de La Rioja por el que se puso en libertad condicional, el 8 de abril del año pasado, a Francisco Javier Almeida López de Castro —detenido como presunto autor de la muerte de un niño el pasado jueves en Lardero—, impuso a...

El auto dictado por el juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de La Rioja por el que se puso en libertad condicional, el 8 de abril del año pasado, a Francisco Javier Almeida López de Castro —detenido como presunto autor de la muerte de un niño el pasado jueves en Lardero—, impuso a este medidas de control rutinario. En esa resolución judicial, a parte de cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, el juez aceptaba la excarcelación de Almeida bajo varias condiciones, entre ellas que cada dos meses se presentara en la Oficina de Control de Penas y Medidas Alternativas de la prisión de Logroño, el último centro penitenciario donde estuvo recluido, para comprobar que cumplía con los otros requisitos impuestos. También debía seguir unas reglas de conducta, residir donde había dicho que lo haría y comunicar cualquier cambio, así como participar en programas de inserción laboral.

Estas medidas se debían mantener hasta 2023, fecha en la que la pena de 30 años de cárcel (de los que tenía que cumplir un máximo de 25) impuesta a Almeida por el asesinato y agresión sexual, en 1998, de una agente inmobiliaria en Logroño se consideraría extinguida, según detallan fuentes penitenciarias.

La decisión de concederle la libertad condicional era la culminación de un proceso que se había iniciado en febrero de ese mismo año en la prisión de El Dueso (Cantabria), donde Almeida había cumplido prácticamente toda la condena en segundo grado penitenciario, en el que están la mayor parte de los reclusos, y en el que había disfrutado de 39 permisos de salida. La junta de tratamiento de esta prisión (un órgano interno integrado por profesionales penitenciarios) se mostró entonces, aunque no de manera unánime, contraria a mejorar su situación y concederle la semilibertad o tercer grado, como él aspiraba. Almeida pidió la revisión de aquella decisión e Instituciones Penitenciarias le dio la razón. La primera consecuencia de ello fue su traslado al centro penitenciario de Logroño, el más cercano a su núcleo familiar, para que pudiera ser efectivo el cambio al régimen abierto, que le permitía solo tener que ir a prisión de lunes a jueves a dormir.

Tras este traslado, la junta de su nueva prisión volvió a evaluar la situación de Almeida y decidió elevar al juez de vigilancia penitenciaria de La Rioja la propuesta para dar un paso más y concederle la libertad condicional, al considerar que el recluso cumplía los tres requisitos fijados por el artículo 90 del Código Penal para poder acceder a ella: haber completado tres cuartas partes de su pena (lo había hecho en 2017), observar buena conducta y, precisamente, estar clasificado en tercer grado.

Con la propuesta de la prisión, el juez pidió a la Fiscalía que emitiera un informe sobre la concesión de la libertad condicional y esta no se opuso. Finalmente, el magistrado dictó el 8 de abril el auto, de dos folios de extensión, en el que acordaba la excarcelación del recluso para cumplir los dos años de condena que aún tenía pendientes en prisión. Ese mismo día, Almeida abandonaba la cárcel de Logroño. Él fue uno de los 3.654 reclusos a los que el año pasado se les concedió la libertad condicional, lo que representa una media de 10 al día, según las estadísticas de Instituciones Penitenciarias.

Tras abandonar la cárcel, el detenido ahora como presunto asesino del niño Álex siguió adscrito a la cárcel riojana, cuyos funcionarios debían realizar su seguimiento e informar al juez de vigilancia penitenciaria, según detallan fuentes penitenciarias. En ningún momento la Policía Nacional, la Guardia Civil o los cuerpos de seguridad autonómicos fueron informados de su salida de prisión ni del lugar que señaló para residir. Según señalan varias fuentes policiales y del Ministerio del Interior, nunca se hace en las excarcelaciones de reclusos que consiguen la libertad condicional.

El control de Almeida, como el del resto de estos internos, quedaba a partir de ese momento en manos del trabajador social al frente de la oficina de penas alternativas de la prisión, a la que este debía personarse con carácter bimestral. Estos presos también pueden ser controlados por los llamados verificadores, una figura puesta en marcha en 2017 y que desempeñan funcionarios de prisiones. A comienzos de este año eran 63 para las cárceles dependientes de Interior —Cataluña y País Vasco tienen transferidas las competencias penitenciarias— y no todas las prisiones cuentan con ellos. Instituciones Penitenciarias no ha atendido el requerimiento de este periódico para saber si la cárcel de Logroño es una de ellas. Tanto los verificadores como los trabajadores sociales hacen visitas sin avisar a los domicilios donde residen los reclusos en libertad condicional para comprobar que se cumplen los requisitos fijados por el magistrado. Fuentes sindicales denuncian que “el personal adscrito a esta función es claramente insuficiente”.

Almeida, que además del crimen de la mujer había cumplido con anterioridad una pena por una agresión sexual a una menor, aparentemente había cumplido hasta el día del crimen las condiciones impuestas por el juez y trabajaba en una empresa de limpieza que emplea a personas con discapacidad (él sufre una acusada deficiencia auditiva), según explican estas fuentes. Sin embargo, tras su detención como presunto autor de la muerte del pequeño Álex, el juez revocará la medida. Los 18 meses que ha pasado en libertad condicional no se le descontarán de la condena, remarcan fuentes jurídicas.

Poco conocido

La investigación apunta a que el ahora detenido, que en Lardero se hacía llamar Patxi, había conseguido pasar en gran parte inadvertido y solo había levantado sospechas entre los niños del barrio en el que residía, Villa Patro. Los pequeños llegaron a hacerle una fotografía borrosa con un teléfono móvil asomado a la ventana del rellano donde vivía. Para el resto del pueblo era un desconocido. Los padres del barrio, que desde el jueves han mostrado su indignación al conocer que una persona con antecedentes penales por delitos gravísimos vivía en la zona, tampoco lo tenían identificado.

El alcalde de Lardero, Manuel Vallejo, del PP, es el primer sorprendido y confirma que las fuerzas policiales “desconocían que esta persona tenía su residencia en Lardero”. “Nadie había informado a la Policía Local ni a la Guardia Civil. De haberlo sabido, hubiésemos puesto todos los ojos del mundo”, insiste.

La única alerta sobre la posible presencia de una persona de sus características en el barrio la ofreció hace dos semanas Carlota, la madre de una niña de siete años que se vio tentada por “el señor de los pajaritos de colores”. El alcalde reconoce que esta mujer hizo “una notificación” a la Policía Local y expuso “de palabra” lo que había sucedido con su hija. “La policía tomó nota de aquello”, explica el regidor, “lo transmitió a la Guardia Civil y se activó una intervención”, consistente en aumentar la presencia policial en la zona, aunque en esa actuación, añade, “no se observó nada raro”.

Carlota recuerda, precisamente, que en los días siguientes a ese aviso observó que la policía “pasaba más a menudo” por la zona. Esta madre detalla que, tras su aviso, una patrulla de la Policía Local se desplazó al parque. “Las niñas explicaron lo ocurrido y dieron a los policías una descripción de este hombre. Los agentes les dijeron que si volvía a ocurrir avisaran a los padres”, rememora Carlota, que precisa que no hubo denuncia como tal.

“Jamás se nos dijo que en Lardero estaba viviendo esta persona. No teníamos una denuncia firmada. Ahora nos hacemos cruces. A lo mejor no se ha hecho todo bien, seguramente todos hemos cometido errores, pero no se puede poner en duda la actuación de la policía, que ha sido impecable”, señala el alcalde, que agradece la rapidez con que actuaron los agentes para localizar y detener al presunto asesino el jueves.

La presencia de Almeida en Villa Patro había pasado completamente inadvertida para la mayoría de sus vecinos. Eduardo, camarero de un bar próximo al parque donde jugaba Álex antes de ser raptado, comparte urbanización con Almeida y calcula que reside en el piso donde se produjo del crimen “desde algo más de un año”. Esta persona también recuerda que solía atender en su negocio —”venía a por tabaco y cerveza”, señala— y, en una ocasión, este último verano, le escuchó comentar que “había matado a una mujer hace muchos años”. Este comentario que escuchó “de pasada” no llevó a Eduardo a sospechar que entre su clientela tenía a “un depredador sexual y asesino”. Las imágenes que se han difundido del presunto infanticida le han hecho ahora atar cabos.