Prisión por narcotráfico para cinco funcionarios de la cárcel de Navalcarnero
Dos de los trabajadores penitenciarios evitan su encarcelamiento tras depositar sendas fianzas de 5.000 euros
Una jueza ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional sin fianza de tres de los cinco funcionarios de la cárcel de Navalcarnero (Madrid) detenidos por la Guardia Civil el pasado miércoles acusados de colaborar con una trama para introducir en este penal droga y otros objetos prohibidos, como teléfonos móviles, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para los otros dos trabajadores penitenciarios arre...
Una jueza ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional sin fianza de tres de los cinco funcionarios de la cárcel de Navalcarnero (Madrid) detenidos por la Guardia Civil el pasado miércoles acusados de colaborar con una trama para introducir en este penal droga y otros objetos prohibidos, como teléfonos móviles, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para los otros dos trabajadores penitenciarios arrestados en la Operación Orión también dictó el encarcelamiento, pero en su caso eludible si depositaban una fianza de 5.000 euros. Según fuentes jurídicas, ambos lo hicieron a última hora de la noche. La Fiscalía había pedido para todos prisión por los delitos de tráfico de estupefacientes, cohecho, prevaricación y organización criminal.
La decisión de la magistrada se produce tras tomarles declaración a lo largo de la jornada. Durante el interrogatorio, los cinco funcionarios negaron las acusaciones, aunque al menos uno admitió que introdujo en la cárcel un paquete de manera irregular para un interno al que conocía por residir en su misma localidad. No obstante, este trabajador insistió que solo contenía artículos deportivos, según detallan fuentes jurídicas. Los tres funcionarios para los que se dictó prisión sin fianza fueron conducidos a la prisión de Estremera, que cuenta con un módulo en el que son recluidos los miembros de las Fuerzas de Seguridad para evitar represalias de otros internos. Ingresaron sobre las tres y media de la madrugada de este sábado, según fuentes penitenciarias.
En esta causa también están imputadas otras 12 personas, seis de ellos presos. Entre estos últimos se encuentra el presunto cabecilla de la trama, un preso de origen dominicano encarcelado por homicidio en grado de tentativa. Los otros seis arrestados son familiares y amigos de estos últimos que operaban fuera del penal para hacer pagos, conseguir la droga y abrir las cuentas bancarias donde la trama recibía el dinero que obtenían de la venta del estupefaciente dentro de la cárcel.
La investigación se inició en 2019 con la denuncia presentada ante Instituciones Penitenciarias por la madre de un preso para protestar por la facilidad con la que su hijo, toxicómano, conseguía droga en la prisión madrileña. La mujer relató que, cada vez que se comunicaba con su hijo, este le pedía que ingresara diferentes cantidades de dinero en una cuenta bancaria de una tercera persona para evitar que le agredieran los reclusos con los que había contraído una deuda por facilitarle la droga. Instituciones Penitenciarias abrió una investigación interna que incluyó el interrogatorio tanto del interno como de otros reclusos. Algunos de estos lo hicieron como testigos protegidos. Además de permitir la identificación de los presos que supuestamente traficaban con la droga, el testimonio de los reclusos apuntó a la presunta implicación de funcionarios.
Fuentes de la investigación aseguran que, en un primer momento, las pesquisas se dirigieron a que la droga entraba en prisión en las visitas con contacto físico —los vis-à-vis— a los presos hechas por familiares y amigos, o a través de los internos que volvían de permisos. En este caso, la supuesta connivencia de los trabajadores parecía limitarse a hacer la vista gorda cuando entraba la droga. Sin embargo, en marzo de 2020, cuando el Ministerio del Interior ordenó, durante el primer estado de alarma, el aislamiento de las cárceles para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus en su interior, tanto estas visitas como las salidas de los presos se interrumpieron. La medida causó un descenso drástico del tráfico de drogas en el interior de las cárceles y un aumento considerable del precio de las dosis. Esta carencia de estupefacientes fue menor en algunos centros, como el de Navalcarnero, lo que disparó la sospecha de que los narcóticos seguían entrando en este penal por otras vías.
La investigación de la Guardia Civil apuntan ahora a que los funcionarios detenidos aprovechaban que no se les registraba cuando entraban a trabajar para introducir en el centro penitenciario tanto la droga como otros objetos prohibidos, entre ellos teléfonos móviles. Las pesquisas aún no han determinado si los cinco arrestados actuaban de manera conjunta o, por el contrario, lo hacían sin conocer las actividades del resto.
Las intervenciones telefónicas y seguimientos ha revelado que los integrantes de la trama que estaban en libertad —familiares de varios de los presos y algún exrecluso— se encargaban de hacer llegar a los funcionarios los objetos que debían introducir y pagarles por la colaboración. Entre los arrestados también hay lo que en la jerga policial se conoce como mulas, personas con escasos recursos que, por una pequeña cantidad de dinero, se prestaban a abrir las cuentas que recibían los pagos de los familiares de los presos por la droga o bien por transferencia o a través de una plataforma de pagos entre particulares. Una de las cuentas llegó a registrar movimientos por un valor cercano a los 100.000 euros, detallan las mismas fuentes.