La Fiscalía ve “nula de pleno derecho” la devolución de menores marroquíes en Ceuta
El ministerio fiscal de la Audiencia Nacional mantiene que debe admitirse el recurso de una ONG contra la orden de repatriación del mes de agosto, pero señala a los juzgados de Ceuta como los competentes para encargarse del caso
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera “nulas de pleno derecho” las actuaciones administrativas que se llevaron a cabo el pasado agosto para repatriar a los menores marroquíes que entraron en Ceuta de forma irregular en mayo. Según el informe del fiscal Manuel Campoy, adelantado por elplural.com y al que ha tenido acceso EL PAÍS, estas actuaciones no si...
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera “nulas de pleno derecho” las actuaciones administrativas que se llevaron a cabo el pasado agosto para repatriar a los menores marroquíes que entraron en Ceuta de forma irregular en mayo. Según el informe del fiscal Manuel Campoy, adelantado por elplural.com y al que ha tenido acceso EL PAÍS, estas actuaciones no siguieron el procedimiento legal y vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva de los menores. En su escrito, Campoy asegura que no se cumplió “ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación” para la repatriación de menores.
En este sentido, la fiscalía cree que debe admitirse a trámite el recurso contencioso-administrativo que presentó en su día la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra el oficio emitido por la Secretaría de Estado de Seguridad en el que se pedía que se iniciasen las repatriaciones de menores a Marruecos. El fiscal señala también que son los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ceuta los competentes para encargarse del caso.
El pasado 13 de agosto, la Delegación de Gobierno, Interior y el Ejecutivo de Ceuta pusieron en marcha el proceso de repatriación de varios grupos de menores. La forma en la que se realizó llevó a varias ONG a acudir a los tribunales, y unos días después un juzgado de Ceuta paralizó las repatriaciones. Por su parte, la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado se concentró en denunciar, no las repatriaciones en sí, sino el oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad con el que se iniciaron. Según los denunciantes, ese oficio permitió “la mala aplicación por parte de la Delegación del Gobierno de Ceuta de las devoluciones, sin garantías ni procedimiento”.
En su escrito, Campoy no analiza el oficio de forma particular, sino todo el procedimiento. Y mantiene que de las actuaciones que constan en el expediente administrativo “se infiere” que “no se ha cumplido ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación. Según el fiscal, se omitieron los preceptivos actos de comunicación a los menores, la información de sus derechos y el nombramiento de defensor judicial. Tampoco constan, añade, “los informes preceptivos de la representación diplomática de Marruecos sobre las circunstancias familiares de los menores afectados, de los servicios de protección de menores ni del Ministerio Fiscal”.
Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la legalidad de la actuación, después de tres días de devoluciones y el retorno de 55 niños un juzgado de Ceuta falló a favor de paralizar las repatriaciones. Lo hizo tras la denuncia de la Fundación Raíces y la Coordinadora de Barrios, dos ONG que velan por los derechos de la infancia migrante. Desde entonces, el Gobierno trabaja en reforzar los recursos necesarios para acelerar los expedientes de los niños y ejecutar, está vez sí conforme a la ley, la devolución a su país.
Otra de las claves del escrito del fiscal es que deja claro que la competencia de incoar y ejecutar los expedientes de repatriación conforme a la ley recae en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Por esto, considera que debe ser un juzgado de lo contencioso-administrativo quien analice los recursos formulados contra las resoluciones dictadas en materia de extranjería por la administración periférica del Estado. La organización que interpuso el recurso no comparte la interpretación del fiscal. “No estamos enjuiciando al Ministerio del Interior por haber procedido a ejecutar las deportaciones, sino por haber emitido una orden irregular, que prescinde de cualquier procedimiento administrativo”, mantuvo en un comunicado.
Interior, con el respaldo de la Abogacía General del Estado, ya había solicitado la inadmisión de este recurso. En sus alegaciones, el departamento de Grande-Marlaska aseguró que de su Ministerio no había salido ninguna orden ni acto administrativo que pudiera ser recurrido ante los tribunales. Resta ahora que la Audiencia Nacional decida si admite o no la causa.
Una cadena de correos electrónicos para tramitar la repatriación
El informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional expone cómo se gestionó la repatriación a Marruecos de 55 menores llegados a Ceuta a mediados de mayo. Buena parte de las comunicaciones para coordinar las actuaciones entre Interior, la Delegación de Gobierno y el Ejecutivo local fueron por correo electrónico. También por la misma vía se informó de los planes al jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.
El primer correo es del 10 de agosto, a las 13.48, tres días antes de que comenzasen las repatriaciones. En él la Delegación de Gobierno remite a la Secretaría de Estado de Seguridad la petición del Gobierno local para aplicar el acuerdo de repatriación de menores. La Secretaría de Estado responde menos de media hora después. Adjunta el acuerdo con Marruecos y añade: “Dada la importancia de este asunto, se insta se proceda a cumplir con el escrito desde hoy mismo”. El documento adjunto es el oficio que ha sido denunciado ante la Audiencia, que debe decidir si admite a trámite la causa. En él “se ruega” que se ejecute el acuerdo de repatriación.
Según el escrito, la Fiscalía tuvo conocimiento por escrito de lo que iba a ocurrir la tarde anterior a la primera repatriación. La Secretaría de Estado envió un correo a la cuenta “individual” del fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica “para su conocimiento y a efectos oportunos”. En el escrito adjunto se afirmaba que “el retorno de los menores se realizará siempre [...] tras haber efectuado un análisis exhaustivo de sus circunstancias personales”. Algo que no se hizo.
La tarde del día 12, el Gobierno de Ceuta envió a la Delegación el listado de los primeros 15 menores a ser repatriados. El día 13 por la mañana adjuntó otra lista con 145 nombres de los que solo ocho estaban identificados formalmente. Tenían entre 13 y 17 años. Estos listados fueron enviados a la Secretaría de Estado que los remitió a la Fiscalía. Esta los reenvió al fiscal de menores de Ceuta, que desde ese momento, se opuso al procedimiento.