Puig y Moreno reactivan su frente para pedir financiación
Los presidentes valenciano y andaluz se citan en Sevilla la víspera de la comparecencia de la ministra de Hacienda en el Congreso
El actual sistema de financiación autonómica, un gran sudoku casi imposible de casar y que genera insatisfacción en prácticamente todas las comunidades, lleva caducado desde 2014. Y, en estos siete años, ni los Gobiernos de Mariano Rajoy ni los de Pedro Sánchez han logrado pasar de la promesa de acometer una reforma del modelo que la mayoría de los Gobiernos regionales consideran necesaria para financiar sus servicios públicos. Ahora el debate vuelve a la primera línea en el inicio de curso —la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá este miércoles en el Congreso para hablar de ...
El actual sistema de financiación autonómica, un gran sudoku casi imposible de casar y que genera insatisfacción en prácticamente todas las comunidades, lleva caducado desde 2014. Y, en estos siete años, ni los Gobiernos de Mariano Rajoy ni los de Pedro Sánchez han logrado pasar de la promesa de acometer una reforma del modelo que la mayoría de los Gobiernos regionales consideran necesaria para financiar sus servicios públicos. Ahora el debate vuelve a la primera línea en el inicio de curso —la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá este miércoles en el Congreso para hablar de esa reforma pendiente—; y dos de los presidentes más activos en sus reclamaciones, el andaluz Juan Manuel Moreno (PP) y el valenciano Ximo Puig (PSOE), han reactivado su frente para presionar a favor de sus intereses comunes.
Moreno y Puig se reunirán este martes en Sevilla. Volverán a reclamar la urgencia de cambiar el modelo de financiación y pondrán el foco en la necesidad de aumentar las inversiones en la periferia. El popular y el socialista dejan a un lado en este asunto sus diferencias de color político porque comparten el mismo análisis: Andalucía y la Comunidad Valenciana están mal financiadas. Aportan, para sostener su argumento, los datos del último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que sitúa la media nacional en 2.785 euros por habitante. Valencia figura en la cola con 2.582 euros, seguida de Andalucía con 2.679 euros.
La cita del martes en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, no es improvisada. Surgió tras la cumbre de los presidentes de Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Galicia en junio pasado y viene precedida de una reunión de trabajo de los consejeros de Hacienda andaluz, Juan Bravo, y valenciano, Vicent Soler, en el mes de julio. El Gobierno de Puig ya llegó a un acuerdo en esta línea con las Islas Baleares en julio pasado y en ese mismo marco se produce la visita a Sevilla.
Puig y Moreno reclamaron un fondo transitorio hasta que se negocie un nuevo sistema, una opción rechazada por el Ministerio de Hacienda. Aunque haya matices, el punto de partida de Andalucía y la Comunidad Valenciana es el mismo: la reforma tiene que contemplar la suficiencia global del sistema, la compensación de la deuda que consideran vinculada a la infrafinanciación y un reparto más equitativo de los recursos de acuerdo al criterio de población total, al que se le incorporan una serie de ajustes. Las dos comunidades autónomas rechazan de plano que se mantenga el statu quo del actual modelo.
El Gobierno andaluz, que hace bandera de la oposición al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, defiende abiertamente su frente común” con la Comunidad Valenciana y con la Región de Murcia, una expresión que Ximo Puig elude; él prefiere hablar de “sinergias” y de “tejer complicidades”. “La financiación autonómica no es un debate de partidos, sino de territorios”, argumentan fuentes del gabinete valenciano.
Este será el eje central de la entrevista entre Moreno y Puig, pero habrá otros asuntos; entre ellos, el desarrollo de infraestructuras ferroviarias, como el corredor mediterráneo, e hidráulicas. El Gobierno andaluz pretende que esta cita sea la primera de otras muchas con el objetivo de “romper el centralismo de Madrid”, aseguran fuentes de la Junta. “Andalucía y la Comunidad Valencia tienen el doble de habitantes que Madrid, hay que ir cambiando de mentalidad y ahí Ximo Puig puede ser un aliado”, afirman.
El presidente valenciano ha apostado en infinidad de foros por la descentralización de la estructura del Estado y ha defendido que, en cualquier caso, se debería plantear una nueva fórmula fiscal o económica que compense al resto de España por el efecto capitalidad que, en su opinión, beneficia actualmente a la Comunidad de Madrid y alienta la desigualdad en España.
Calviño pisa el freno
La urgencia de los dos presidentes autonómicos para actualizar el sistema choca con el calendario del Gobierno central. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, enfrió las expectativas de un nuevo modelo tras entrevistarse con el presidente valenciano el pasado día 10. “Es un tema muy complejo”, señaló la responsable económica del Ejecutivo, quien remitió a intentar una solución “en los próximos años”. Calviño tiene previsto reunirse este lunes con Juan Manuel Moreno y también con el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, en Sevilla.
Además de su alianza con otras comunidades, Moreno cuenta con una carta no menor en sus reivindicaciones ante el Gobierno central: un acuerdo del Parlamento autónomo alcanzado en marzo de 2018 y que estableció en 16.000 millones de euros anuales la insuficiencia del sistema para Andalucía. La cifra la fijó la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra, la socialista María Jesús Montero, quien calculó que Andalucía debía recibir unos 4.000 millones anuales. El PP entonces, estaba en la oposición, pero se sumó al acuerdo parlamentario. Según datos de la Junta, Andalucía ha dejado de ingresar 10.835 millones desde 2009 con el modelo aún vigente.
En la Comunidad Valenciana, la Generalitat calcula que la deuda histórica desde 2002 [en que se consolidaron las plenas competencias] asciende a unos 23.000 millones de euros, que se han cubierto con más endeudamiento.
Andalucía y la Comunidad Valenciana no son, sin embargo, las únicas comunidades que presionan para que el nuevo modelo atienda sus necesidades. Otras autonomías con intereses distintos a los de esas dos comunidades —especialmente las del interior peninsular, afectadas por la despoblación— también se están organizando para aunar esfuerzos frente a Hacienda. Todas escucharán con atención el miércoles a la ministra en su comparecencia en el Congreso.