Un sindicato denuncia que el marinero gallego retenido en Yemen lleva seis días sin comer

El sindicato Central Unitaria de Traballadoras (CUT) ha denunciado este miércoles que Pablo Costas, el marinero gallego retenido en Yemen desde hace casi un año cuya situación adelantó EL PAÍS, lleva seis días sin alimentos y “bebiendo agua hervida de una letrina, con azúcar y té” como único sustento. Además, advierten de que cuatro miembros de la tripulación se encuentran enfermos con “vómitos, desmayos y otros síntomas”. El capitán del pesquero Cobija lo...

El sindicato Central Unitaria de Traballadoras (CUT) ha denunciado este miércoles que Pablo Costas, el marinero gallego retenido en Yemen desde hace casi un año cuya situación adelantó EL PAÍS, lleva seis días sin alimentos y “bebiendo agua hervida de una letrina, con azúcar y té” como único sustento. Además, advierten de que cuatro miembros de la tripulación se encuentran enfermos con “vómitos, desmayos y otros síntomas”. El capitán del pesquero Cobija los atiende con “los pocos medicamentos que quedan a bordo”. El buque está fondeado en el puerto de Al Mukallah tras una acusación de pesca ilegal iniciada por Australia ante la Comisión de Atún del Océano Índico (IOTC, en sus siglas en inglés). El capitán del pesquero Cobija, que no tiene una situación legal clara, lleva meses reclamando auxilio a los consulados de España en Arabia Saudí y Omán.

La “tortura” a la que se somete la tripulación del Cobija se inició en junio de 2020, cuando una patrulla australiana abordó la embarcación. En ese momento, Costas presentó la documentación que certificaba que el pesquero estaba abanderado en Bolivia y los dejaron marchar. Sin embargo, en septiembre del año pasado, Australia envió una carta dirigida a Christopher O’Brien, secretario ejecutivo de la IOTC —una entidad bajo la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura— y pidió a sus miembros que no aceptasen el buque en sus puertos. Las autoridades del país oceánico explicaron que Bolivia informó de que el barco se había borrado de su registro de embarcaciones en enero de 2019 y de que los documentos debían ser falsos.

Australia advertía de que, además, el Cobija figuraba con sus antiguos nombres en la lista negra de pesca furtiva de la Organización de los Caladeros del Atlántico Sureste (SEAFO, en sus siglas en inglés), por faenar en una zona de la FAO sin permiso. Con esta información, el 25 de septiembre de 2020, O’Brien solicitó a los países que conforman el ente, entre ellos Yemen, que sigan las sugerencias las autoridades australianas: denegarle el fondeo o tomar las acciones correspondientes a las leyes nacionales. Finalmente, el pesquero pasó a estar registrado sin bandera nacional en la siguiente reunión del Comité de Cumplimiento de la IOTC, en octubre de 2020.

Estas alertas dieron inicio al proceso judicial que el capitán enfrenta en Yemen desde hace 11 meses. Primero con una sentencia que le condenó a tres meses de arresto, después con una suspensión de esa sentencia y, finalmente, con una apelación del Fiscal yemení a la última resolución, según explica el capitán. Las autoridades españolas instan a esperar que se resuelva, pero desde el entorno de Costas culpan al Gobierno de una “inacción”, que ha llevado al gallego y su tripulación a vivir en condiciones precarias. Además, denuncian el abandono del armador, con sede en Somalia, con el que tampoco han tenido comunicación. Tanto el BNG como la Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, se han pronunciado en favor de que se le preste “ayuda humanitaria” al marinero.

Costas lamenta que la respuesta de Exteriores sea esperar: “No sé cómo pueden hablar de legalidades y de juicios, si nos tienen aquí torturados”, aseguró a EL PAÍS el pasado viernes a través de audios de WhatsApp. “Solo me dicen que están haciendo cosas, que no están de brazos cruzados, pero el resultado es el mismo: nada”. Su esposa, que ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo, explica en su escrito que el marinero nunca ha recibido una tutela judicial, pese a que la ha solicitado en los consulados de España en Arabia Saudí y Omán. Asimismo, en una carta al ministro de Exteriores, dejó clara su posición: “Mi marido Pablo no es un delincuente, y aun si lo fuera la obligación de ayuda y auxilio como ciudadano no variaría”.

A la falta de asistencia legal se suma la ausencia de una ayuda humanitaria, según denuncia Costas. “Estamos en un puerto. Entran y salen barcos, hay comunicación. No sé por qué nos tienen aquí torturados. Llevamos un año de carestía total, con los suministros racionados. A mí me gusta mantener la calma. No sé si esperan que me eche a llorar, si cambiaría algo”. En un intento de buscar ese cambio, el pasado sábado, sus vecinos, amigos y familiares marcharon en su localidad natal de Bueu (Pontevedra), repartiendo folletos a viandantes y colocando carteles en los negocios. El futuro de Costas sigue sumido en una bruma de la que no ven salida. “Estamos devastados”, cuenta su sobrina Estela mientras se coloca en la solapa una pegatina que reza: “Pablo Costas, a casa.