El Gobierno aprobará el proyecto de ley de pensiones en el primer Consejo de Ministros tras el parón del verano
El Ejecutivo pactó su contenido con patronal y sindicatos para reformar aspectos clave del sistema, del que dependen los ingresos de casi nueve millones de pensionistas
El proyecto de ley de pensiones será el principal asunto del Consejo de Ministros de este martes, avanzan fuentes del Ejecutivo a EL PAÍS. La Moncloa cerró a finales de junio un acuerdo con patronal y sindicatos para reformar los aspectos clave del sistema, del que dependen los ingresos de casi nueve millones de pensionistas. La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es llevarlo al Congreso en septiembre.
El Consejo de Ministros ya aprobó el 6 de julio la tramitación urgente del anteproyecto de ley que garantiza...
El proyecto de ley de pensiones será el principal asunto del Consejo de Ministros de este martes, avanzan fuentes del Ejecutivo a EL PAÍS. La Moncloa cerró a finales de junio un acuerdo con patronal y sindicatos para reformar los aspectos clave del sistema, del que dependen los ingresos de casi nueve millones de pensionistas. La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es llevarlo al Congreso en septiembre.
El Consejo de Ministros ya aprobó el 6 de julio la tramitación urgente del anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y que persigue acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante la revisión del modelo de jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral. Ahora regresa al Consejo en segunda vuelta ―así lo exige la legislación― antes de su envío a las Cortes. Siguiendo la línea social, Pedro Sánchez adelantó el domingo, durante una visita a una de las zonas afectadas por el incendio que arrasó 22.000 hectáreas en la provincia de Ávila, que el Gobierno declarará zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil a las comunidades autónomas que han sufrido fuegos y otras catástrofes naturales este verano.
La primera parte de la reforma de las pensiones consolida uno de los objetivos primordiales del Gobierno de coalición: derogar el escenario normativo anterior y enterrar el factor de sostenibilidad aprobado por el Partido Popular en 2013, una fórmula que adaptaba la cuantía de las jubilaciones a la evolución demográfica. Con la entrada en vigor de la nueva reforma ―prevista para el 1 de enero de 2022—, el Índice de precios de consumo (IPC) ―que recoge la variación de los precios de una serie de bienes y servicios adquiridos por los hogares―se convierte en el marco de referencia sobre el que pivota el cómputo de las prestaciones.
Su crecimiento por encima del 0,9% previsto por el Gobierno para este año, basándose en este porcentaje decretó la última subida, obligará a un nuevo ajuste al alza ―la denominada paguilla— que costará a las arcas del Estado cerca de 1.400 millones, según las previsiones de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). Sumando este importe al total que deberá desembolsar en 2022 la partida de las pensiones alcanzará los 5.000 millones de euros.
Además de la vinculación al IPC, que si registra valores negativos las pensiones se mantendrán congeladas, la reforma de PSOE y Unidas Podemos se centra en alargar la vida laboral a partir de un abanico de bonificaciones con las que pretende acercar la edad real de jubilación (64 años) a la legal (66). El Ministerio de Seguridad Social ha establecido, además, una serie coeficientes reductores en las cuantías finales para todos aquellos que adelanten el final de su trayectoria laboral. Las más duras serán para aquellos que se jubilen a 24 y 23 meses vista de alcanzar la edad oficial de retiro.
La sostenibilidad del sistema es uno de los grandes retos que afronta el Ejecutivo. Uno de los aspectos que más dolores de cabeza anticipa para la segunda parte de la reforma es el que tiene que ver con la definición del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, todavía sin cerrar, que sustituirá al extinto factor de sostenibilidad. Para acordarlo Gobierno y agentes sociales tienen de plazo hasta el 15 de noviembre.
Otra de las medidas principales acordadas en el anteproyecto de ley tiene como objeto desahogar las cuentas de la Seguridad Social a través de la transferencia a Hacienda de los llamados gastos impropios del sistema, y que superan los 22.500 millones de euros.