Tres años de cárcel para El Pequeño Nicolás por hacerse pasar por emisario del Rey

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias El Pequeño Nicolás, suma una nueva pena de cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por emisario del rey Felipe VI y de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante un viaje a Ribadeo (Lugo), donde almorzó con el presidente de la compañía de transporte Alsa, Jorge Cosmen, según han confirmado fuentes de su defensa a EL PAÍS. El acusado, de 27 años, que se sentó en mayo en el banquillo por ...

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias El Pequeño Nicolás, suma una nueva pena de cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por emisario del rey Felipe VI y de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante un viaje a Ribadeo (Lugo), donde almorzó con el presidente de la compañía de transporte Alsa, Jorge Cosmen, según han confirmado fuentes de su defensa a EL PAÍS. El acusado, de 27 años, que se sentó en mayo en el banquillo por dos de los cuatro juicios que tenía pendientes, ya fue sentenciado el pasado 2 de junio a otro año y nueve meses de cárcel por falsificar el DNI para que un amigo se presentase en su nombre al examen de Selectividad.

Según esta nueva resolución, avanzada por la agencia Efe y que la defensa tiene pensado recurrir, la sección 17 de la Audiencia de Madrid considera al Pequeño Nicolás culpable de dos delitos: uno de usurpación de funciones públicas, por el que le impone una pena de nueve meses de cárcel; y otro de cohecho activo, por el que dicta dos años y tres meses de encierro en un centro penitenciario. La Fiscalía pedía, en cambio, que se le condenase a siete años de prisión, pero los jueces han aplicado finalmente las atenuantes “de anomalía psíquica y dilaciones indebidas”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También han descartado el delito de falsedad documental, que solicitaba la acusación pública.

El episodio de Ribadeo se produjo en el verano de 2014, apenas dos meses después de la proclamación de Felipe de Borbón como nuevo Rey de España. Para entonces, según los jueces, Gómez Iglesias ya se había “introducido en determinados círculos relevantes”. Tanto políticos y de la Administración del Estado, como empresariales. En este contexto, el 13 de agosto de aquel año, una comitiva de vehículos partió del paseo de la Habana de Madrid rumbo al municipio de Lugo. En su interior, viajaba El Pequeño Nicolás, junto a dos policías locales, Jorge González y Carlos Pérez, que también se sentaron en el banquillo, acusados de cooperar con él. A estos dos últimos, entre otras funciones, se les atribuyó que simularon labores de vigilancia y escolta para ayudar con el engaño. Pero solo ha acabado condenado González a tres años de prisión por cohecho pasivo (al recibir “una cantidad no concretada”, según el tribunal), mientras que Pérez ha resultado absuelto (al no haberse probado que “hubiese pactado una retribución”).

Días antes del viaje, El Pequeño Nicolás había contactado con las autoridades municipales para avisar de que acudiría una persona cuya identidad no podía revelar “por razones de seguridad nacional”. Y a Jorge Cosmen, además, le dijo que le acompañaría “alguien muy importante de la Casa Real”, según aseguró el empresario durante la vista oral.

El juicio, celebrado el pasado mayo, puso sobre la mesa los tejemanejes del joven en aquellos días. No solo el presidente de Alsa insistió en que Gómez Iglesias se le presentó como “enlace” entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real —incluso, durante la comida, fingió que recibía una llamada de Sáenz de Santamaría, según contó Cosmen—, sino que otros testigos apuntaron en la misma dirección. Tanto el jefe de la Policía Municipal de Ribadeo como el presidente del Club Náutico de la localidad gallega, donde se encuentra el restaurante que acogió el almuerzo, aseguraron que días antes recibieron sendas llamadas del Pequeño Nicolás donde se identificó de la misma forma. Su engaño adquirió tal dimensión, que varios coches de la policía local escoltaron a la comitiva a su llegada a Ribadeo.

Sin embargo, Gómez Iglesias optó por echar balones fuera durante la vista oral. El joven negó que se hiciese pasar por emisario del Rey y del Gobierno: “Yo quería parecer una persona importante, nunca una autoridad […] De hecho, ese cargo no existía”, insistió ante el tribunal: “Lo que yo quería era tirarme el pisto con el empresario y hacer un viaje pomposo”, dijo: “Quería asemejarme a los mayores y hacerme creer poderoso, parecer una persona importante”. Pero la Abogacía del Estado, que también lo acusaba, le reprochó su actitud: “Se atribuyó la condición de secretario de Estado, de director general o de subdirector, (...) porque todos los miembros del gabinete de la vicepresidenta tienen esa condición”.

“Trastorno de la personalidad”

El tribunal considera que las maniobras del acusado estuvieron condicionadas por un “trastorno de la personalidad” que padece, según creen probado los magistrados, que le atribuyen “características narcisistas y de rasgos inmaduros”. Los magistrados también aprecian un “trastorno adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva, situación que le condicionaba la percepción de la realidad, limitando levemente sus facultades cognitivas”. “Solo desde la manifiesta inmadurez propia de los pocos años y de la existencia de determinado trastorno, que habría de generar una interpretación peculiar de la realidad, puede darse explicación a la actuación que protagonizó Gómez Iglesias llevando a cabo el delito de usurpación de funciones”, remacha la Audiencia Provincial: “Porque, por un lado, estaba condenado a descubrirse. Y, por otro, solo desde el punto de vista del trastorno psiquiátrico podría explicarse su comisión”.

Además de las dos sentencias que ya acumula por los dos juicios celebrados en mayo, El Pequeño Nicolás tiene otras dos causas pendientes. La primera, por la supuesta estafa a un empresario de Toledo haciéndose pasar por asesor del Gobierno, en la que el ministerio público solicita para él seis años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y estafa. Y la segunda, por obtener datos de policías y del Ayuntamiento de Madrid a cambio de favores, todo con la intención de hacerse pasar por un alto cargo del Estado para ofrecer ayuda a terceros a cambio de dinero; donde la Fiscalía pide nueve años y nueve meses de prisión.

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