Una carrera de fondo para acabar con el narco en el Estrecho

“Seguimos trabajando hasta que pongamos término al narcotráfico”. Tras aportar una amalgama de datos de detenidos y aprehensiones de droga, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este viernes en Algeciras el deseo que pretende conseguir con el Plan Especial de Seguridad que arrancó a mediados de 2018. Si se atiende a lo cuantitativo, el objetivo podría parecer cercano: en el último año —de julio de 2020 a mayo de este año— se produjeron en Cádiz, Huelva y Málaga 4.745 operaciones policiales, un ...

“Seguimos trabajando hasta que pongamos término al narcotráfico”. Tras aportar una amalgama de datos de detenidos y aprehensiones de droga, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este viernes en Algeciras el deseo que pretende conseguir con el Plan Especial de Seguridad que arrancó a mediados de 2018. Si se atiende a lo cuantitativo, el objetivo podría parecer cercano: en el último año —de julio de 2020 a mayo de este año— se produjeron en Cádiz, Huelva y Málaga 4.745 operaciones policiales, un 51% más que en el mismo periodo anterior, y se han decomisado 457,9 toneladas de droga. Pero si se atiende a lo cualitativo, la exhortación de Marlaska parece casi una quimera. “Aquí se ha alijado droga toda la vida. La diferencia antes era el descaro. Ahora se ha vuelto al sigilo, pero siguen, no seamos ilusos. La clave es que nuestros jóvenes pueden elegir y para eso hace falta un plan social”, asegura Francisco Mena, de la asociación antidroga Nexos.

Justo este viernes se cumplían tres años de que Mena se sentó por primera vez con Marlaska para enumerarle los graves problemas que vivía el Campo de Gibraltar, donde el narco se había hecho tan fuerte como impune. Miles de detenidos después —solo en el último año van 3.769 apresados—, el contexto y la cita han sido muy diferentes. Marlaska y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se han reunido en Algeciras con mandos de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, así como representantes del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal para exponer datos de balance del plan. Pero esta vez no han estado presentes ni las asociaciones antidroga, ni alcaldes, ni la Junta de Andalucía. “Les agradecemos mucho el esfuerzo. Mucho detenido y kilos de hachís, pero hay una parte social que está por hacer, que depende también de la Junta, por lo que hay que involucrarla”, ha explicado Mena desde la asociación Nexos.

El cerco policial contra el narco del Estrecho se ha hecho tan fuerte y presente que incluso ya se expande a territorios limítrofes. Fue la decisión adoptada por Interior al contemplar el movimiento de dispersión por el que optaron los traficantes para seguir alijando. Con el foco ampliado a las provincias de Huelva y Málaga —además de la totalidad de la provincia de Cádiz— los indicadores han crecido. Solo investigaciones dirigidas a combatir el blanqueo de capitales se han elevado en un 42%. Las pesquisas judicializadas —2.449 en el último año— son también un 32% más que el periodo anterior y en el número de detenidos por tráfico de drogas ha crecido un 14%. La diáspora queda en evidencia solo al comparar cómo en Cádiz las aprehensiones de planta de marihuana han descendido un 72%, mientras que Málaga se han incrementado un 39%, y en Huelva un 84%.

“Los narcos son así, se reinventan constantemente”, explica un guardia civil de la zona, crítico con que la visita no haya venido aparejada de anuncios de nuevas iniciativas para atajar la presencia de los traficantes en la zona. “El narco tiene una imaginación tremenda y va siempre por delante porque van buscando los resquicios. Tenemos que ser más ágiles”, abunda Mena. El presidente de Nexos pone de ejemplo el constante auge de petaqueros (embarcaciones y tripulaciones especializadas en surtir de gasolina a las narcolanchas, más necesitadas de combustible ahora, ya que tienen que hacer desplazamientos más largos o quedarse días en alta mar para eludir la presencia policial). “¿Qué solución se le da a las narcogasolineras? ¿Vamos a esperar a que algún local vuele por los aires? No podemos dejar que sea solo una infracción administrativa, como es ahora?”.

En este tiempo, Interior ha reforzado las plantillas de policía y Guardia Civil con 1.265 nuevos efectivos desde 2018 y con los 10,6 millones de euros que se destinarán a la compra de materiales en este año que se suman a los millones ya aportados en ejercicios anteriores. El despliegue ha hecho viable decomisar las 457,9 toneladas de droga del último año (91,8% de la hachís, frente al 4,8% de cocaína y 3,5% de marihuana) y recuperar 28,7 millones de euros, un 40% más.

Sin embargo, asociaciones antidroga y sindicatos policiales llevan ya dos años solicitando que el refuerzo de agentes se realice en el marco de una zona de especial singularidad que englobaría a los municipios más castigados por el narco para crear incentivos laborales a los agentes, jueces y fiscales y funcionarios en general, dada la alta rotación que existe de estos profesionales. Marlaska ha asegurado que ya están trabajando en crear la normativa que haría posible una mayor carga de trabajo o para fomentar el arraigo en determinados lugares. “Queremos materializarlo en una nueva normativa que sirva en cualquier sitio de España”, ha puntualizado el ministro del Interior.

El pasado mayo, La Línea de la Concepción se pasó tres días ardiendo, después de que personas afines a los narcotraficantes creasen el bulo de que policías y guardias civiles habían negado el auxilio a dos colaboradores del narco que se ahogaron en el mar. Ya entonces una vecina de La Atunara tenía clara la necesidad que existe en muchos barrios de planes especiales de formación y empleo para evitar que los jóvenes que no han caído en el narco no vean este ilícito “como única salida”. “Se han perdido ya tres generaciones de jóvenes. Rescatarlos es muy difícil, no puedes ofrecerles nada que les satisfaga. La clave es que nuestros jóvenes, los que no han entrado, puedan elegir, porque ahora no pueden por el fracaso y el absentismo escolar”, abunda Mena.

El Gobierno cuantificó en noviembre de 2018 en unos 1.000 millones de euros el coste que tendría ese plan social, educativo y de empleo en el que, aparte, estaban llamadas otras administraciones como la Junta de Andalucía, competente en parte de las materias. “Ese plan se está poniendo en marcha. Si se retrasó fue debido a que no se aprobaron presupuestos”, explicó Marlaska. Juan Carlos Campo ha añadido que la idea es llegar al objetivo “lo más rápido posible”. “Solo en Justicia el tratamiento singularizado es claro. Por ejemplo, hemos creado dos plazas de magistrados nuevas en Algeciras”, ha abundado Campo.