El Consejo Fiscal cuestiona la gran reforma del proceso penal que prepara el Gobierno
El informe del Ministerio Público advierte de graves deficiencias en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
El pleno del Consejo Fiscal apoya la decisión del Gobierno de dejar la instrucción penal en manos de los fiscales, tal y como contempla el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), pero cuestiona cómo ha resuelto el Ejecutivo aspectos clave de la norma que, en opinión de este órgano, pueden hacer fracasar el nuevo modelo de proceso penal. El pleno del Consejo Fiscal —...
El pleno del Consejo Fiscal apoya la decisión del Gobierno de dejar la instrucción penal en manos de los fiscales, tal y como contempla el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), pero cuestiona cómo ha resuelto el Ejecutivo aspectos clave de la norma que, en opinión de este órgano, pueden hacer fracasar el nuevo modelo de proceso penal. El pleno del Consejo Fiscal —el principal órgano asesor de la fiscal general—— aprobó este miércoles por unanimidad el informe preceptivo que el Ministerio Público debía emitir sobre la futura ley y su opinión, según las fuentes consultadas, es crítica.
Los miembros del Consejo Fiscal se han encerrado durante tres días (de lunes a miércoles) en el Pazo de Mariñán (A Coruña) para sacar adelante un texto de 706 páginas que se ha estado preparando desde noviembre pasado, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la nueva Lecrim. El órgano ha trabajado sobre un borrador elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que ya advertía de graves deficiencias en la ley que prepara el Gobierno, que supone una reforma integral del proceso penal. Ese texto, que incorporaba las aportaciones de los miembros de la carrera, señalaba importantes deficiencias en el anteproyecto, especialmente, por las “exorbitantes funciones” que seguirán concentrando los denominados jueces de garantías, la figura en la que se transforman los actuales jefes de instrucción y cuyo cometido será supervisar la labor de los fiscales investigadores.
El texto aprobado ahora por unanimidad ratifica, según las fuentes consultadas, la mayoría de las críticas que se señalaban en ese borrador. La fiscal general, Dolores Delgado, ha señalado eante los medios de comunicación la necesidad de hacer “ajustes” al texto del Gobierno para conseguir “una justicia ágil, eficaz” y propia “del siglo XXI”. Los fiscales consideran que el anteproyecto otorga excesivas competencias al juez de garantías lo que, en la práctica, puede dejar en papel mojado la autonomía investigadora de los fiscales, según este órgano.
El informe advierte de la necesidad de atribuir “sin complejos” la dirección de la investigación criminal al Ministerio Fiscal y de limitar la intervención del juez de garantías a la tutela de los derechos y libertades fundamentales que puedan verse comprometidos durante la investigación. “No queremos ser unos actores tutelados por los jueces de garantías”, ha subrayo Delgado en declaraciones recogidas por Efe. “La tenemos que liderar [la investigación] con plenas garantías de autonomía y sobre todo con los suficientes medios, tanto personales como materiales para poder desarrollarlo”, ha remarcado.
El órgano urge también a ampliar la plantilla de fiscales. La carrera se encuentra ya a borde del “colapso”, una situación que se complicará cuando entre en funcionamiento el nuevo modelo, advierte el informe, que considera que en las circunstancias actuales los fiscales no podrían asumir la dirección de la investigación penal. “Nuestra plantilla es claramente reducida para todas esas competencias”, ha dicho Delgado.
Las nuevas funciones exigen, además, una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que suponga “un avance en los espacios de autonomía, especialización, transversalidad y descentralización” y promueva “la confianza de la ciudadanía en la institución”, señala la Fiscalía en una nota difundida este miércoles. La reforma del Estatuto que regula el funcionamiento de la carrera está previsto en la nueva Lecrim, pero el Gobierno no ha concretado en qué se traducirán esos cambios.
La previsión del Ministerio de justicia, no obstante, es que la nueva ley tardará seis años en estar en pleno funcionamiento, ya que la transferencia de funciones de los jueces a los fiscales requiere de reformas estructurales que abarcan desde la necesidad de actualizar las herramientas informáticas a la distribución de funciones del personal de juzgados y fiscalías. Además de la norma básica de la Fiscalía tendrá que retocarse también la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para regular el funcionamiento de los jueces de garantía y los llamados tribunales de instancia (que sustituyen los actuales órganos unipersonales), otra de las claves del nuevo modelo.
El informe del Consejo Fiscal pone el foco en aquellos aspectos del anteproyecto que, según este órgano, amenazan con suponer “dilaciones y otras disfunciones que pueden dar lugar a la ralentización de los procedimientos y a generar indeseables espacios de impunidad”. La falta de medidas específicas para agilizar la tramitación de los procedimientos penales es también una deficiencia del texto redactado por el Gobierno, según el Ministerio Público, que considera que, tal y como están diseñados en el anteproyecto, las tramitaciones de las causas penales serán lentas y complejas.
La nueva Lecrim, que pondrá fin a la vigencia de una ley de 138 años (la actual se aprobó en 1882 y ha sido reformada 77 veces) surge también de la necesidad de adaptar el proceso penal vigente en España a las exigencias de la UE. Pese a las críticas al anteproyecto, la Fiscalía aplaude la decisión de apostar por un modelo que, en su opinión, “aproxima y homogeneiza” a España con los países de su entorno. “Una sociedad del siglo XXI no puede operar con un proceso penal Decimonónico”, señala la Fiscalía, para la que este miércoles fue “un día de gran trascendencia para la carrera fiscal”. “La obligación y responsabilidad del Ministerio Fiscal, como institución que desempeña el papel protagónico en el nuevo modelo procesal, es contribuir con su experiencia, conocimientos técnicos y especialización a mejorar el texto prelegislativo”, defiende el órgano.