Marlaska defiende la legalidad de todos los retornos en la crisis de Ceuta, pero Acnur denuncia posibles devoluciones ilegales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este viernes en el Congreso para asegurar que durante la crisis fronteriza en Ceuta todos los retornos a Marruecos —voluntarios o forzosos— se hicieron conforme a la ley. Esta obliga a identificar entre los migrantes a los perfiles más vulnerables para evitar su expulsión. Para respaldar su afirmación, el ministro ha asegurado que ...

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este viernes en el Congreso para asegurar que durante la crisis fronteriza en Ceuta todos los retornos a Marruecos —voluntarios o forzosos— se hicieron conforme a la ley. Esta obliga a identificar entre los migrantes a los perfiles más vulnerables para evitar su expulsión. Para respaldar su afirmación, el ministro ha asegurado que Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, y la Cruz Roja estuvieron desde el “primer momento” colaborando con la policía para identificar estos perfiles, que incluyen sobre todo posibles solicitantes de protección internacional. Pero la afirmación del ministro ha sido desmentida por las dos organizaciones. La agencia de la ONU ha informado además de que ha pedido una investigación a las autoridades españolas tras recibir testimonios de personas que quisieron pedir asilo, pero fueron “devueltas de manera forzosa y, en algunos casos, con violencia”.

Ante las preguntas de diferentes diputados que asistían a la Comisión de Interior, Grande-Marlaska ha asegurado: “No hubo ninguna devolución ilegal. Todas las personas que regresaron [a Marruecos] fue conforme a la ley, bien voluntariamente o a través de los oportunos expedientes. Acnur y Cruz Roja estaban en [la playa] el Tarajal con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajando en la determinación de los perfiles vulnerables o susceptibles de recibir protección internacional desde el primer momento. Nosotros cooperamos y colaboramos en todo instante con Acnur. Estaba también CEAR [la Comisión Española de Ayuda al Refugiado]”.

La agencia de la ONU, que tiene un mandato de supervisión de la Convención de Ginebra para los refugiados del que España es signatario, no ha tardado en reaccionar. Su versión difiere de la del ministro. “El equipo de ACNUR ha estado en Ceuta desde el primer día de la crisis apoyando la respuesta y ayudando a que se retomaran los protocolos de protección internacional incluyendo el acceso al procedimiento de asilo. Seguimos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades en este sentido, pero no podemos confirmar que todas las devoluciones se hayan hecho conforme a la legalidad o de forma voluntaria, puesto que hemos recibido algunos testimonios de personas que nos trasladaron su interés en pedir asilo y que habían sido devueltas de manera forzosa y, en algunos casos, con violencia”. Una portavoz de Acnur afirma que la agencia comunicó a las autoridades “estos hechos graves en materia de protección internacional” y que ha solicitado que se abra una investigación.

Cruz Roja, que estuvo en primera línea de playa durante los días en los que llegaron a entrar cerca de 10.000 personas en Ceuta, también se ha desmarcado de la afirmación del ministro. “En ningún momento hemos participado en ningún proceso de valoración de personas vulnerables”, asegura una portavoz. “No nos dieron la oportunidad de participar en ello, no se nos pidió, aunque ofrecimos nuestra colaboración”. CEAR, por su parte, ha preferido no comentar las palabras del ministro, pero ha remitido a un comunicado anterior: “En los días 17 y 18 de mayo se produjeron devoluciones en caliente de posibles solicitantes de protección internacional y de menores. En la medida que en estas devoluciones no ha existido un recurso efectivo, y en ausencia de procedimiento, se han incumplido las garantías legales exigidas”.

El Defensor del Pueblo, por su parte, ha confirmado a EL PAÍS que ha recibido quejas por devoluciones de potenciales solicitantes de asilo y que las mismas ya han sido tramitadas, es decir, que se han comunicado al Ministerio del Interior.

Fuentes del Ministerio del Interior afirman que el departamento no tiene constancia de ninguna devolución fuera de los cauces legales y que no ha recibido “ninguna comunicación oficial sobre la petición de apertura o la apertura de una investigación por devoluciones ilegales realizadas en la frontera con Marruecos, en Ceuta, durante los días 17 y 18 de mayo”. Las mismas fuentes añaden: “Como ha afirmado el ministro en su comparecencia, el departamento, a través de la Dirección General de Política Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha colaborado con ACNUR en la identificación de personas con perfiles vulnerables y susceptibles de protección internacional”.

El Ministerio del Interior reaccionó a las entradas masivas con miles de devoluciones en caliente. El Tribunal Constitucional avaló esta práctica el pasado mes de noviembre, pero mencionó expresamente en su sentencia los perfiles que quedaban excluidos de estas expulsiones exprés: menores y las personas pertenecientes a colectivos vulnerables.

En el caso de la devolución de niños, a la que el ministro ha evitado referirse en su comparecencia, la Fiscalía de Menores ya tiene una investigación abierta para determinar si hubo o no delito. El martes 18 de mayo, segundo día de la crisis, Grande-Marlaska había negado que se estuviese retornando a menores de edad, pero los medios de comunicación grabaron multitud de imágenes en las que se veía a militares acompañando al otro lado de la frontera a adolescentes. “Que hubo devoluciones de menores está claro, se ve en las imágenes”, afirmó a EL PAÍS el fiscal de menores de Ceuta, José Luis Puerta. Esas expulsiones fueron también confirmadas a EL PAÍS por algunos de sus protagonistas.

La expulsión de posibles refugiados a los que no se le dio la oportunidad de pedir asilo, el extremo que el ministro niega, ha sido denunciada por diversas organizaciones. Acnur ha informado ahora de que cuenta con testimonios que lo constatan, pero no es la única. Coordinadora de Barrios, la ONG que denunció ante la Fiscalía las devoluciones de menores, cuenta con seis testimonios de yemeníes y ocho mujeres de República Democrática del Congo que cruzaron esos días y acabaron devueltos a Marruecos antes de poder solicitar protección. Uno de los denunciantes relata así su doble expulsión a Marruecos. “El 18 de mayo, fui a Fnideq en la frontera de Ceuta con Marruecos, nadé 100 metros hasta alcanzar la costa ceutí. Les dije que era un refugiado yemení, pero la autoridad española me forzó a volver a Marruecos. Intenté nadar otra vez una distancia más larga hasta llegar a Ceuta. Enseñé mi pasaporte yemení y que quería asilo, pero fui golpeado y forzado a volver a Marruecos”.