El caos por el confuso marco legal tras el estado de alarma se traslada al Congreso

No hay una posición común en el Congreso sobre qué es lo que debe hacerse para evitar la sensación de descontrol tras la finalización del estado de alarma el 9 de mayo. Pero las formaciones que apoyan al Ejecutivo de coalición y los partidos rivales sí han coincidido este martes en apuntar contra la “irresponsabilidad” del Gobierno por no liderar la situación, aunque reclaman soluciones diferentes. Algunas formaciones, como el PNV, Más País, Compromís o el PDeCAT, abogan por aplicar ahora un estado de alarma temporal y a ...

No hay una posición común en el Congreso sobre qué es lo que debe hacerse para evitar la sensación de descontrol tras la finalización del estado de alarma el 9 de mayo. Pero las formaciones que apoyan al Ejecutivo de coalición y los partidos rivales sí han coincidido este martes en apuntar contra la “irresponsabilidad” del Gobierno por no liderar la situación, aunque reclaman soluciones diferentes. Algunas formaciones, como el PNV, Más País, Compromís o el PDeCAT, abogan por aplicar ahora un estado de alarma temporal y a la carta según cada comunidad autónoma hasta que se imponga la vacunación masiva. El PP y Ciudadanos defienden desarrollar cuanto antes sus respectivos planes b jurídicos. Vox no consiente ninguna limitación añadida a las estrictamente sanitarias. El PSOE rechaza todas esas propuestas y cree que ya se han adoptado las medidas suficientes para esperar a la vacunación de rebaño. Podemos requiere un debate más tranquilo ante un asunto tan complejo.

“Ay, ay, ay, que no esperábamos esta reacción”, fue la expresión que utilizó en la mañana de este martes el portavoz del PNV, Aitor Esteban, para intentar explicar la actitud actual del Gobierno central ante las imágenes de concentraciones de personas registradas este pasado fin de semana en muchas ciudades españolas sin respetar las medidas de seguridad. El PNV apoyó la investidura de Pedro Sánchez y el Ejecutivo le dispensa consideración. Pero Esteban lleva semanas, y meses, advirtiendo en el Congreso de se tendría que haber aprovechado este tiempo del estado de alarma para ordenar de una manera más clara la legislación vigente sobre pandemias para que los tribunales no tengan que interpretar si las autonomías tienen o no competencia para adoptar ahora determinadas restricciones.

El PNV defiende que las autonomías ya disponen de esas herramientas legales, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las ha cuestionado. Por eso, la formación nacionalista apoyaría ahora la aprobación de un plan b jurídico, como el que defiende el PP, aunque Esteban también señaló este martes en el Congreso que para esos retoques “también se llega tarde”. Por esto, el PNV, con sus seis escaños siempre tan demandados, cree que ahora el Gobierno debería aprobar para el ámbito nacional un estado de alarma por un periodo de dos meses para facilitar, con la mayor llegada de vacunas, un mapa más completo de inmunidad en el país y para pensar en ese plazo qué reformas legales podrían recabar un amplio grado de consenso. La formación vasca no acepta tampoco la solución que patrocina el Ejecutivo de que sean ahora las propias comunidades las que reclamen un estado de alarma perimetral para sus territorios, porque argumentan que el virus de la covid-19 no entiende de fronteras, y en 15 días su nivel de incidencia podría aumentar en otra autonomía y así ir provocando estados de alarma sucesivos y por zonas sin un final rápido.

Aitor Esteban corroboró así que el Ejecutivo central “ha cometido un error” y ha provocado un “caos jurídico innecesariamente”. Fue más comedido en sus descalificaciones el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que sí tachó de “irresponsabilidad” la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de “pasar de cero a cien así” y “anunciar el fin del estado de alarma sin un horizonte de nuevas medidas para proteger a la gente”. El dirigente republicano se mostró partidario ahora de esperar y ver si funcionan las actuaciones promovidas por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en ese territorio.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, fue muy duro contra el Ejecutivo, al que demandó que ahora lo que debe hacer es “liderar la desescalada” visto el “caos y la incertidumbre” que padecen los ciudadanos y también exigió que se presente un plan en el Congreso tanto para combatir el final de la pandemia como para apuntalar la reconstrucción económica del país. Más País apoyaría así que ahora se aprobara otro estado de alarma para no “lavarse las manos”, “liderar” la salida y proveer de un marco jurídico más completo. Y mantiene que si alguna comunidad al final tiene la necesidad de plantearlo en su ámbito también debería llevarse la discusión a las Cortes. Errejón lamentó la “profunda descoordinación institucional” y que el Gobierno haya optado por “pasar la patata caliente” de la gestión de este momento tanto a las autonomías como a la justicia. Y subrayó que ahora el Ejecutivo de Sánchez es “el primer responsable” de esta confusión, aunque tampoco concedió “ninguna legitimidad” al PP por su constante oposición y utilización partidista de todo lo relacionado con la pandemia.

Prórroga del estado de alarma

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, mostró su sintonía con las ideas de Errejón y apostó por plantear ahora una prórroga del estado de alarma general para todo el país, pero en el que las autonomías pudieran escoger cuáles podrían ser las medidas mejores y más necesarias en su zona. Baldoví concedió que el modelo jurídico actual es “confuso” y avisó de que no le temblarán las piernas en su momento de apoyar el plan jurídico b alternativo que registró el PP y cuyo debate sigue pendiente de fecha.

A EH Bildu también le “preocupa la inacción” de las distintas Administraciones implicadas, comprueba que los diversos responsables “no han hecho los deberes” y apunta a una “irresponsabilidad compartida” la que ha llevado a este caos actual, según su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

La posición del PDeCAT es crítica con el Ejecutivo, según expresó su portavoz, Ferrán Bel, que no considera “razonable” que no haya propuesto como salir de la pandemia y haya delegado esa gestión en las autonomías y los tribunales. Bel “no vería mal” apoyar el plan b jurídico del PP, pero tampoco cree que ahora haya tiempo para ponerlo en marcha con la urgencia que se requiere: “El momento de actuar es ahora, no de aquí a dos o tres meses”.

El PP insiste en promover su plan alternativo y ha reclamado este martes a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que el Gobierno agilice la posibilidad de que la proposición de ley que volvió a registrar hace 15 días al respecto se lleve ya a debate. El PP, según reafirmó este martes su portavoz en la Cámara, Cuca Gamarra, rechaza más estados de alarma y sostiene que “entre esa situación excepcional y la nada” podría haber camino para estudiar, discutir, enmendar y negociar su propuesta en favor de desarrollar un nuevo artículo en la ley vigente de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Gamarra explicó que así se facilitaría a las autonomías más opciones para restringir determinadas actuaciones y comportamientos de los ciudadanos sin llegar a fijar toques de queda generalizados, algo que entienden solo se puede permitir a través de los estados de alarma.

Gamarra volvió a la carga contra “la abdicación de Sánchez” y la determinación de su Ejecutivo de no alargar más estados de alarma ni tampoco aceptar de partidos en la oposición nuevas regulaciones legales sobre la pandemia. La proposición de ley del PP para cambiar esa norma sobre la Salud Pública, que está pendiente de que el Gobierno la vuelva ahora a calificar y aprobar para que se discuta y que se podría demorar aún varias semanas, ya la llevó al pleno el pasado otoño y cosechó un rotundo rechazo, incluso de Vox y Ciudadanos.

Postura del PSOE

La portavoz socialista, Adriana Lastra, volvió a denostar este martes el plan b del PP y recordó los reparos esgrimidos en otoño por las formaciones de la derecha y también por aliados ahora críticos para sacar adelante el último estado de alarma. Lastra también cuestionó que con su iniciativa el PP pudiera pretender sortear los controles judiciales a la hora de fijar algunas limitaciones de movimientos y actividades a los ciudadanos, algo que los populares niegan.

Cuca Gamarra, en cualquier caso, reprochó al Ejecutivo de Sánchez todos los errores y la responsabilidad ante esta situación actual de “absoluta incertidumbre” y que “no escuche a nadie”. Y detalló así que resulta extraño que no se tengan en cuenta tampoco la opinión de muchas comunidades autónomas, de los tribunales y hasta del Consejo de Estado.

Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, remachó su posición conocida contra cualquier limitación hacia los ciudadanos que no sean las marcadas por las autoridades sanitarias, tanto en forma de estados de alarma como de toques de queda, y aprovechó la ocasión para arremeter contra el PP por defender en la campaña autonómica de Madrid el eslogan de la “libertad” y a los pocos días de las urnas presentar iniciativas para restringir esa libertad.

Pablo Echenique, de Unidas Podemos, no quiso ahondar en discusiones sobre la responsabilidad del escenario actual, porque le parece que “el debate es suficientemente complejo” desde el punto de vista jurídico, sanitario, económico y constitucional como para afrontarlo con más “sensatez y tranquilidad” y menos ruido. Eso sí, Echenique tildó de “chapucero” que “el PP llame a lo mismo un día libertad y otro caos”.

Tanto Lastra como Echenique defendieron que el Gobierno sí ha adoptado algunas medidas para regular la salida de la pandemia más controlada con la aprobación hace más de una semana en el Consejo de Ministros del Real Decreto que determina la función de supervisión y “unidad de criterio” del Tribunal Supremo sobre las diferentes posiciones que pudieran resolver los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Lastra, además, reafirmó que ahora el Gobierno central “no está preparando ninguna norma ni ningún cambio normativo porque ya existe arsenal suficiente” para encarar este momento con la legislación vigente desde cada autonomía.