El PP recurre al Constitucional una exposición de motivos que critica al Gobierno de Rajoy
Los populares no cuestionaron en su enmienda el preámbulo de la proposición de ley
El PP ha anunciado que presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra una proposición de ley para derogar el artículo 315. 3 del Código Penal impulsada por el PSOE, que despenaliza los piquetes de las huelgas. El motivo del recurso no es el contenido de fondo de la reforma, sino la exposición de motivos del texto legal. El preámbulo de la norma critica al Gobierno de Mariano Rajoy, lo que ha indignado a los populares porque así ha sido publicada en el ...
El PP ha anunciado que presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra una proposición de ley para derogar el artículo 315. 3 del Código Penal impulsada por el PSOE, que despenaliza los piquetes de las huelgas. El motivo del recurso no es el contenido de fondo de la reforma, sino la exposición de motivos del texto legal. El preámbulo de la norma critica al Gobierno de Mariano Rajoy, lo que ha indignado a los populares porque así ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con la firma del Rey. “Esas ofensas no se pueden usar ni en el BOE, ni en el Consejo de Estado ni en otras instituciones en beneficio de una agenda partidista”, se ha quejado el líder del PP, Pablo Casado. Durante la tramitación parlamentaria, los populares no cuestionaron en su enmienda al texto el contenido de la exposición de motivos, aunque sí protestaron verbalmente en la ponencia. Los letrados del Congreso tampoco objetaron el texto cuando lo supervisaron.
El párrafo que ha indignado al PP dice lo siguiente: “Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en 2012, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.
En la exposición de motivos de la enmienda a la totalidad que presentaron contra la reforma, los populares también criticaron al Gobierno por su “forma de legislar a toda prisa, con más interés en llegar a una meta partidista que a otra cosa”.
El PP se queja de que el PSOE ha vulnerado una costumbre parlamentaria según la cual las exposiciones de motivos de las normas obviaban la crítica partidista. “Sánchez cruza todas las líneas rojas usando el BOE como panfleto electoral para insultar al PP. Es gravísimo utilizar al Rey para ratificar una ley que ataca a la oposición”, se quejó Pablo Casado. “Y encima despenaliza los piquetes y coarta la libertad de los trabajadores”, apostilló. Finalmente, el PP ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional esta práctica legislativa, para que se pronuncie sobre si procede o no.
Durante la tramitación parlamentaria del texto, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda a la totalidad ―que decayó― en la que no cuestionaba la exposición de motivos. Tampoco presentó una enmienda parcial para criticar específicamente este asunto. Fuentes parlamentarias explican que “la enmienda es a la totalidad de la Proposición de Ley Orgánica que presentó el PSOE, a todo el texto, cuyo objetivo era derogar el artículo”. Los populares sí protestaron verbalmente en el debate en ponencia. El diputado Miguel Jerez se quejó de que “la exposición de motivos de una ley no debe servir para la venganza y el reproche político”. “Las leyes no están para ajustar cuentas entre partidos. Esta técnica legislativa es repugnante y delata la mala fe de quien la promovió, no se deben redactar las leyes desde el odio y la irá más visceral, sino con arreglo al sentido común y al interés general. El debate parlamentario resiste esas cosas, el BOE no”, dijo Jerez, según fuentes populares.
Lo llamativo es que tampoco los letrados del Congreso, que velan por la técnica legislativa, cuestionaron el susodicho párrafo. En el informe de los letrados, al que ha tenido acceso EL PAÍS, solo llamaron la atención en el error de la fecha, porque Mariano Rajoy no llegó al Gobierno en 2012, sino en diciembre de 2011. El texto fue aprobado por el PSOE y sus socios parlamentarios y terminó en el BOE, firmado por el Rey, como es preceptivo siempre que una ley sale aprobada de las Cortes.