Cuando al arzobispo lo elige el Rey
El Gobierno y el Nuncio del Vaticano inician el proceso para nombrar al nuevo vicario castrense
En julio de 1976, el marqués de Mondejar, jefe de la Casa del Rey, acudió al Vaticano con un mensaje personal para el Papa: Juan Carlos I renunciaba al derecho de presentación de obispos. El nuevo rey se desprendía voluntariamente de un privilegio histórico de los monarcas de la Casa de Austria que Franco recuperó y el Concordato de 1953 consagró, sellando el control de la dictadura sobre la jerarquía eclesiástica. En virtud de esa prerrogativa, Franco elegía a los nuevos obispos a partir de una terna...
En julio de 1976, el marqués de Mondejar, jefe de la Casa del Rey, acudió al Vaticano con un mensaje personal para el Papa: Juan Carlos I renunciaba al derecho de presentación de obispos. El nuevo rey se desprendía voluntariamente de un privilegio histórico de los monarcas de la Casa de Austria que Franco recuperó y el Concordato de 1953 consagró, sellando el control de la dictadura sobre la jerarquía eclesiástica. En virtud de esa prerrogativa, Franco elegía a los nuevos obispos a partir de una terna cocinada entre el Ministerio de Exteriores y el Nuncio del Papa en España. Finalmente, el Pontífice se limitaba a ratificar el nombramiento.
Mientras se mantuvo la simbiosis entre el Estado nacional-católico y una jerarquía que había bendecido la Guerra Civil como cruzada no hubo problema pero, tras el Concilio Vaticano II (1962-65), la Iglesia marcó distancias con el régimen y el engranaje empezó a chirriar, hasta el punto de que muchos obispados quedaron sin cubrir y se multiplicaron los obispos auxiliares, nombrados directamente por el Vaticano.
La renuncia del Rey, en 1976, fue ratificada por el Concordato de 1979, que abolió el privilegio de presentación de obispos, y la Constitución de 1978, que consagró el carácter aconfesional del Estado. Sin embargo, aún se mantiene un vestigio del antiguo régimen en el sistema de nombramiento del arzobispo castrense, bajo cuya jurisdicción están los miembros católicos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como sus familias. El único cuya diócesis no tiene límites territoriales, pues abarca toda España, e incluso los contingentes desplegados en misiones internacionales.
Tras la muerte por covid-19 del arzobispo castrense, Juan del Río, el pasado 28 de enero, se han iniciado ya los contactos del Nuncio del Vaticano en España, el filipino Bernadito Auza, con miembros del Gobierno para cubrir la vacante. Se trata de un proceso laborioso que puede demorarse meses y repite el esquema vigente bajo el franquismo: el Gobierno y el Nuncio deben consensuar una terna de candidatos que se somete a la aprobación de la Santa Sede. Cuando esta da su visto bueno, la lista de tres nombres se eleva al Rey, que “presentará, en el término de 15 días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice”.
El poder del Rey para elegir a un arzobispo, de tan difícil encaje en el sistema constitucional, deriva del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos, uno de los cuatro acuerdos que se firmaron el 3 de enero de 1979 para sustituir al Concordato franquista de 1953. Ya en el pacto de julio de 1976, con el que se formalizaba la supresión del privilegio de presentación de obispos (aunque manteniendo el derecho del Gobierno a expresar una opinión no vinculante), se exceptuaba de esta renuncia al titular del vicariato castrense, con rango de general de división.
El arzobispo castrense forma parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE), pero esta no interviene en su elección; al menos formalmente, ya que el presidente de la CEE, Juan José Omella, forma parte de la poderosa Congregación de los Obispos, el organismo de la curia que selecciona a los candidatos a obispo antes de someterlos a la aprobación del Papa.
Del vicariato dependen los más de 80 capellanes castrenses del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (que, a partir de 1989, sustituyó a los antiguos cuerpos eclesiásticos; cuyos miembros tenían empleo militar); la catedral de las Fuerzas Armadas, en el Madrid de los Austrias; o el seminario Juan Pablo II. El arzobispo castrense es también, según algunos expertos, el capellán mayor de Palacio, por lo que la Familia Real y el personal de la Casa del Rey quedan bajo su jurisdicción.
Aunque la intervención de Felipe VI en el nombramiento de un obispo resulte anacrónica, fuentes gubernamentales aseguran que el jefe del Estado no puede renunciar a esta prerrogativa, pues supondría incumplir un acuerdo internacional. Lo que sí podría hacer, apuntan las mismas fuentes, es elegir al primer candidato de la terna que se le someta, vaciando así de contenido su potestad. Juan Carlos I no lo hizo en 2008, ya que monseñor Del Río no era el primero de la lista, pero quienes han tratado durante estos años al último arzobispo castrense sostienen que, saltándose el orden de los candidatos, el Rey acertó.