Una escuela infantil, un restaurante y 16 familias luchan contra el uso turístico de dos edificios en Valencia

La gentrificación o turistificación ha saltado las murallas del casco antiguo de València y se extiende por los barrios limítrofes al centro de la capital como una mancha de aceite. Una de las luchas vecinales de la ciudad se centra ahora en denunciar y evitar la expulsión de 16 familias que residen en los edificios de los números 49 y 51 de la calle Turia, así como a los propietarios de una escuel...

La gentrificación o turistificación ha saltado las murallas del casco antiguo de València y se extiende por los barrios limítrofes al centro de la capital como una mancha de aceite. Una de las luchas vecinales de la ciudad se centra ahora en denunciar y evitar la expulsión de 16 familias que residen en los edificios de los números 49 y 51 de la calle Turia, así como a los propietarios de una escuela infantil y un restaurante vegetariano emplazados en sus bajos. Este sábado al mediodía se concentraron cerca de una centenar de personas para protestar por el proyecto de un fondo de inversión francés de convertir ambos inmuebles, que suman 32 viviendas, en un hotel o apartamentos turísticos en el barrio del Botánic, muy cerca de las Torres de Quart.

“Turia es queda” decía la gran pancarta desplegada en una de las fachadas mientras la gente coreaba el mismo lema. El acto contó con la participación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Veïnat en Perill d’Extinció y Entre Barris València. El vecindario anunció que no se irá de las fincas construidas en 1932 y que empieza una lucha colectiva para frenar su expulsión.

A Juan Peris, propietario de la escuela infantil Turia, situada en el 51, nadie le avisó a principio de curso de que el edificio donde ocupa el bajo estaba a la venta o se había vendido, por lo que enterarse deprisa y corriendo de que tiene que desalojarlo le crea auténtica desazón. “En marzo nos vencía el plazo para abandonar el local pero estamos negociando para que nos dejen acabar el curso escolar”, precisa Peris, que nunca se imaginó tener que informar a las 25 familias que llevan a sus hijos a esta escoleta que el local cerraba.

La escuela lleva 41 años abierta. “Nos anunciaron el desalojo y los motivos que nos dieron fueron que iban a hacer unas obras de reforma pero investigamos y parece que el proyecto va por otros derroteros”, apunta el director de la escuela. “Hay mucha prisa por que desalojemos, cuanto antes fuera”, nos dicen. Originalmente tenían un contrato indefinido del bajo pero luego se cambió por la nomenclatura de la sociedad y ahora tiene una cláusula que da al propietario de la finca todo el poder para echarlos. “Nos podían haber avisado de que los inmuebles estaban en venta desde hacía dos años para que pudiésemos organizarnos”, se lamenta.

La empresa está ofreciendo indemnizaciones a los vecinos aún con contrato de alquiler insuficientes para buscar una alternativa de vivienda, denuncian los afectados. A los que les expiró el contrato, ya no les renuevan. La promotora también justifica su acción por la necesidad de acometer obras en ambas fincas modestas cuyas fachadas recaen sobre la calle pero cuyas traseras van a dar a un patio que linda con el Jardí Botànic. Una situación privilegiada que no ha pasado desapercibida al mercado. Desde hace décadas están habitadas por vecinos de clase trabajadora con recursos limitados. Entre los afectados, hay una pareja de ancianos nonagenarios que viven de renta antigua y que llevan más de 40 años en el edificio.

Desde uno de los balcones se leyó un comunicado que pide a los actuales propietarios la renovación de todos los contratos de alquiler por cinco años a un precio justo y asequible. Además, exige a las administraciones públicas que tomen partido y paren la expulsión del vecindario y de los comercios y la conversión de los edificios en negocios turísticos. Señala que existen medidas institucionales como la compra del edificio acogiéndose al derecho de tanteo y retracto. Entre los concentrados se encontraba la coordinadora y portavoz parlamentaria en Valencia de Unides Podem, Pilar Lima.

Está ver por ver, según comentaron algunos de los concentrados, si la situación de las 16 familias puede variar por el reciente anuncio de moratoria en la licencia municipal de nuevos apartamentos turísticos de uso exclusivo en edificios enteros. La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, de Compromís, señaló el pasado viernes que impulsará una moratoria en 37 barrios de la ciudad con el objetivo de “paralizar movimientos especulativos de fondos buitre y grandes corporaciones que para desarrollar su actividad expulsan al vecindario de los barrios, como es el caso de ahora la calle Turia con el desalojo de vecinos y negocios, que hacen una función social como es el caso de una escoleta”.

El uso de viviendas como apartamentos turísticos, añadió Lozano, “es un factor de presión importante sobre la disponibilidad de vivienda para la población residencial, como es sabido y se ha visto en los últimos 10 años, salvando la actual coyuntura de bloqueo del turismo por la pandemia Covid, produciendo expulsión del habitual población residente de los barrios más atractivos para el turismo (Ciutat Vella, Cabanyal-Canyamelar, Malva-rosa, Extramurs, Russafa, Grau...) por su influencia en el mercado, reducción de ofertas de viviendas y aumento desmedido en el precio de venta y alquiler de viviendas”.

La Federación d’Associacions Veïnals de València (Faavv) ha apoyado la concentración Turia se queda y ha arremetido contra los “desahucios que causa la presión vandálica de la industria del turismo sobre la vivienda, especialmente la mas desprotegida la del alquiler”. “Es urgente y necesario blindar el uso residencial de la vivienda de las presiones especulativas de la industria del turismo, tanto si son de fondos buitre como si vienen de pequeños propietarios. Las costuras de la ciudad todavía se resienten de un crecimiento acelerado y poco previsor sobre sus consecuencias en la vida de los barrios. La moratoria anunciada ayer por Isabel Lozano es una buena noticia que nos alegra, ya que de entrada es un compromiso público para frenar la especulación con la vivienda y proteger la oferta de vivienda en alquiler. No alegramos de que por fin se hable de intervenir sobre uno de los efectos más perversos de la actividad turística sobre la ciudad”, señala un comunicado.

“Trato discriminatorio”

Ante este anuncio de moratoria, la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) ha preguntado este sábado a la concejala de Vivienda si la moratoria de licencias que promueve afectará también a los hoteles. En un comunicado, AVAEC aclara que en el edificio de la calle Turia que mencionó el Consistorio “está proyectado un hotel” y ha preguntado al respecto “si la moratoria se aplicará también a las instalaciones hoteleras previstas en los diferentes barrios de la ciudad”.

Esta asociación denuncia el “trato discriminatorio” al que, a su juicio, “una vez más, se somete a las viviendas de uso turístico (VUT), a las que se acusa de problemas de los que no son responsables”. También denuncia el “trato discriminatorio” al que “una vez más, se somete a las viviendas de uso turístico (VUT), a las que se acusa de problemas de los que no son responsables”.

La asociación le pregunta “en base a qué información ha extraído estas conclusiones, de las que exime a los hoteleros, y demuestre en qué medida las VUT inciden en el precio de venta y alquiler de viviendas, como afirma con tanta convicción, sin tener en cuenta factores esenciales en este sentido, como la falta de vivienda pública, de la que es responsable el propio Ayuntamiento, ya que, en seis años, el actual equipo de gobierno ha sido incapaz de movilizar suelo urbano para edificar vivienda pública”.