La ‘vía Meirás’ para recuperar el cortijo de Queipo de Llano en Sevilla

El acceso a la escritura de compraventa del cortijo de Gambogaz (Camas, Sevilla), firmada por el general golpista Gonzalo Queipo de Llano el 24 de diciembre de 1937 ante el notario Fulgencio Echaide Aguinaga, se ha convertido en el elemento clave para que esta finca de casi 500 hectáreas pase a manos del Estado. Ese documento encierra el origen del dinero público con el que el militar sublevado se adjudicó unos terrenos que 84 años después siguen en poder de sus hereder...

El acceso a la escritura de compraventa del cortijo de Gambogaz (Camas, Sevilla), firmada por el general golpista Gonzalo Queipo de Llano el 24 de diciembre de 1937 ante el notario Fulgencio Echaide Aguinaga, se ha convertido en el elemento clave para que esta finca de casi 500 hectáreas pase a manos del Estado. Ese documento encierra el origen del dinero público con el que el militar sublevado se adjudicó unos terrenos que 84 años después siguen en poder de sus herederos, y cuya adquisición se disfrazó de una suscripción popular impulsada intencionadamente por el propio Queipo. La realidad, según las últimas investigaciones de la Plataforma Gambogaz, es que los fondos procedieron del Banco de España y que se concedieron bajo la artimaña de que la finca se iba a destinar a operar una reforma agraria.

“Hemos conseguido constatar que el dinero con el que el general compró Gambogaz procedía del Banco de España por testimonios de particulares y herederos que han podido ver ese documento”, explica Bonifacio Cañobano, uno de los portavoces de la Plataforma Gambogaz, constituida en 2018 para recuperar el patrimonio expoliado a los sevillanos para entregárselo a Queipo. La ley establece que el Archivo de protocolos notariales debe permanecer cerrado a los investigadores durante 100 años desde que se firma la escritura, un obstáculo que impide poder poner el documento de compraventa en manos de la Abogacía del Estado para que inicie el proceso de recuperación, pero que podría eludirse si se aplicara en el caso del cortijo sevillano la vía Meirás.

En el caso del pazo fue un comité técnico jurídico coordinado por el Ayuntamiento de Sada y la Diputación de Coruña quien consiguió impulsar la vía judicial que acabó sentenciando que el inmueble era propiedad del Estado. La Plataforma ha pedido al Ayuntamiento de Camas que interpele a su vez al de Sevilla, a la Diputación, a la Junta y al Gobierno central para crear un comité similar que permita acceder al acta notarial. “Podríamos esperar a la tramitación de la nueva Ley de Memoria Histórica, que supera nuestro procedimiento, pero no estamos seguros del alcance del proceso de reversión de los bienes expoliados de la norma”, explica Cañobano. Ana Pérez, antigua responsable de Memoria Histórica de Camas, ha indicado a este diario que el Ayuntamiento se ha comprometido a dirigir al resto de administraciones los escritos pertinentes para constituir el comité. “Otra cosa es su reacción”, advierte. El grupo parlamentario Izquierda Confederal en el Senado también ha trasladado al Gobierno una pregunta sobre el destino del cortijo.

La única similitud entre el pazo de Meirás y el cortijo de Gambogaz es que fueron adquiridos con dinero público. “La apropiación del pazo fue muy chapucera, pero Queipo hizo verdadera ingeniería notarial para asegurarse la propiedad”, indica Cañobano. El 24 de diciembre de 1937, Queipo acudió a su notario de cabecera y realizó “tres operaciones en una”, afirma. La primera, la adquisición del 85,93% del cortijo por 1,3 millones de pesetas —”un precio bastante bajo para la época”, apunta Cañobano—. En ese mismo protocolo constituyó la Fundación Benéfica Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano y transmitió la titularidad de los terrenos a la entidad recién creada.

Para justificar el desembolso con un dinero del que carecía porque su sueldo como miembro del ejército, de unas 2.250 pesetas mensuales, no explicaría poseer esa suma, especificó en la escritura que el fin de la compraventa era “el auxilio de la agricultura y protección de los obreros del campo o modestos agricultores para mejorar sus medios de vida […] y la adquisición y parcelación de terrenos para ser entregados a labradores de intachable conducta e indiscutible adhesión a la causa, que hayan tomado parte en la Cruzada de liberación”, según las informaciones obtenidas por la Plataforma. “Era una artimaña, no hay que olvidar que en 1937 Queipo era el dueño y señor de Andalucía, incluidas sus instituciones y el Banco de España”, indica Cañobano, que comparte la tesis cada vez más extendida de que nunca hubo una cuestación popular para regalarle el cortijo al general golpista. “No hay ningún documento que lo sustente”, afirma.

Un año después, Queipo se hizo con el resto de los terrenos de Gambogaz que pertenecían a la familia Vázquez, con métodos cuestionables que incluyen las amenazas, de acuerdo con el relato oral de la familia. José Manuel Vázquez, tataranieto del propietario original de Gambogaz, ha ayudado a la plataforma aportando una gran cantidad de documentos legales y catastrales que han permitido desentrañar el origen opaco de la venta de los terrenos. Su intención es facilitar la vía legal para que pasen a manos del Estado. “Con lo que tenemos nosotros no podemos ir más allá, pero las administraciones tienen que tirar del hilo para recuperar toda la documentación que explique cómo se hizo el expolio”, explica Vázquez.

Después de conseguir aglutinar las tierras bajo la apariencia de un fin fundacional, Queipo, de nuevo ante su notario de cabecera, volvió a transmitir la propiedad de la fundación hacia su propia persona. En 1945 la fundación adquirió 150 hectáreas en Isla Mayor (Sevilla) con los beneficios obtenidos por Gambogaz. En esa ocasión, el general, recién regresado de un exilio forzado en Roma, reconoció ante el ministro de Gobernación Blas Pérez González que los objetivos de la fundación habían fracasado en el cortijo y le pidió que le permitiera seguir con sus funciones en Isla Mayor. “Se valió de una fundación instrumental que no cumplía con los criterios legales que rigen este tipo de entidades para quedárselo todo”, advierte Vázquez.

Si como apuntan las investigaciones de la Plataforma Gambogaz, la adquisición del cortijo sevillano se realizó con dinero público se estaría mucho más cerca de conseguir que pase a manos del Estado. Para ello es preciso acceder al documento notarial y contar con la voluntad de las administraciones públicas involucradas, cuya coordinación dio sus frutos en el caso del pazo de Meirás. “Tenemos mucha información, pero el acta notarial es la prueba documental de la procedencia del dinero”, incide Cañobano.