El rechazo a entrar en los campamentos de acogida en Canarias lleva a cientos de migrantes a vivir en la calle
Centenares de subsaharianos malviven en calles y barrancos de Gran Canaria tras rehusar alojarse en un campamento tinerfeño
El senegalés Ousmane Diop, de 27 años, llegó a Canarias hace cuatro meses. Se alojó en dos apartamentos de Puerto Rico, en el sur soleado y turístico de Gran Canaria, hasta que le comunicaron que le trasladarían al macrocampamento de Las Raíces, en La Laguna (Tenerife), un complejo militar donde caben 1.400 personas. “En el hotel no hacía nada más que dormir y comer. Y en el campamento iba a ser peor y de ahí nos iban a mandar de vuelta a Senegal”, as...
El senegalés Ousmane Diop, de 27 años, llegó a Canarias hace cuatro meses. Se alojó en dos apartamentos de Puerto Rico, en el sur soleado y turístico de Gran Canaria, hasta que le comunicaron que le trasladarían al macrocampamento de Las Raíces, en La Laguna (Tenerife), un complejo militar donde caben 1.400 personas. “En el hotel no hacía nada más que dormir y comer. Y en el campamento iba a ser peor y de ahí nos iban a mandar de vuelta a Senegal”, asegura. Su intención es prepararse para ser soldador, y para lograrlo ha preferido buscarse la vida por su cuenta. Aunque eso suponga dormir en la calle. Pasó tres días al raso en Puerto Rico, y después se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria. Sigue sin alojamiento.
Diop es uno de los centenares de personas, según las ONG, que han decidido abandonar los recursos de acogida y que duermen en zonas turísticas, en barrancos, portales, parques o chabolas, y dependiendo de Cáritas para comer. Algunos han tenido más suerte y han conseguido un techo gracias a organizaciones como Somos Red, una plataforma creada ex profeso para dar respuesta a la situación.
A principios de enero, Cáritas repartía entre 170 y 190 menús al día. Esta semana, la cifra alcanza los 370. “Casi todas esas personas nuevas son migrantes que se están quedando en la calle”, asegura la organización.
“Calculamos que son cientos de ellos. Intentan buscarse la vida para comer, con miedo, escondidos de la policía y de otras amenazas en forma de violencia”, explica Antonio Santana Miranda, miembro de la organización. “Al comenzar los traslados a estos campamentos comenzó a correr entre ellos la información de que desde esos centros iban a ser deportados. Sabían que si querían podían irse y circular libremente, así que muchos tomaron esa opción viéndose abocados desde principios de febrero a vivir en situación de calle”. EL PAÍS ha intentado, sin éxito, que la Delegación del Gobierno y la Secretaría de Estado de Migraciones concreten el número de personas que han rechazado entrar en los campamentos. Solo Somos Red acoge a 23 migrantes.
El pasado sábado, a la vez que una caravana promovida por Vox circulaba para protestar contra “la inmigración ilegal”, Somos Red organizó una recogida solidaria de ropa en una céntrica plaza. Ousmane Diop recoge un saco, algunas camisetas y una mochila. A su lado, Atou Yade, de 23 años y Samba, de 22, hacen acopio de ropa de abrigo para hacer frente a las noches al raso. La intención de este último, en Canarias desde finales de noviembre, es trabajar de mecánico de coches. “En Puerto Rico”, explica Samba, “nos dijeron que si nos enviaban a Las Raíces era el paso previo a mandarnos de vuelta a Senegal. Y no quiero eso. Yo solo quiero ayuda para poder trabajar”.
“No es cierto que ir a Tenerife signifique que al día siguiente los van a deportar”, explica Mamé Cheik, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. “De hecho, puede ser que tengan más posibilidades de ir a la Península desde los centros”.
Los primeros inmigrantes que empezaron a dormir en las calles y barrancos de Gran Canaria eran, sobre todo, marroquíes. Les habían expulsado de los hoteles por incumplir las normas de convivencia o por haberse ausentado más de tres días de los centros. Pero el perfil, con los traslados a los macrocampamentos, está cambiando.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana admite que al menos un centenar de ellos duerme en parques del municipio. Los que están en Las Palmas de Gran Canaria cuentan con un mínimo apoyo del ayuntamiento, el cual tampoco facilita datos. El consistorio de Mogán asegura que en sus calles ya no duermen subsaharianos.
Según Cáritas, el número de personas que acudió a sus dos comedores en la isla aumentó en enero un 72% con respecto al mes anterior. A principios de enero, la organización repartía entre 170 y 190 menús al día. Esta semana, la cifra alcanza los 370 menús diarios. “Casi todas esas personas nuevas son migrantes que han salido de los apartamentos y recursos de acogida y se están quedando en la calle”, aseguran fuentes de la organización.
Bloqueo
Desde que se intensificó el repunte de llegadas en las islas a mediados del año pasado, el Gobierno, apoyado por la UE, ha aplicado distintas estrategias de bloqueo. Los perfiles más vulnerables han sido trasladados muy puntualmente o a cuentagotas a la Península. Y, a partir de diciembre, con el marco legal de garantizar las restricciones sanitarias, la policía pasó a bloquear puertos y aeropuertos para todos los migrantes que podrían haberse marchado con sus pasaportes en vigor.
Bajo presión, el Gobierno ha empezado a acelerar nuevas derivaciones. Fuentes conocedoras de estos dispositivos hablan de 3.500 autorizaciones, pero no está claro cuántas de estas personas ya han sido trasladadas y cuántas quedan. Interior y Migraciones siguen sin dar información sobre estos traslados, informa María Martín.
El campamento de Las Raíces se ha convertido, pocas semanas después de su apertura, en un destino maldito. Un grupo de personas lleva varios días acampado a las afueras de las instalaciones protestando por las condiciones del recinto. “Ahí hace mucho frío, no hay comida suficiente, mucha gente nos dice que de ahí nos mandan de vuelta a nuestro país”, asegura Ndiak, uno de los senegaleses alojados por Somos Red en Gran Canaria. “Ahora tenemos miedo de que llegue la policía en cualquier momento, nos arresten y nos deporten”.
El campamento está gestionado por la ONG Accem. Fuentes de la organización han asegurado a EL PAÍS que están “volcados en ofrecer la mejor atención posible” a las personas acogidas. “La puesta en marcha de un dispositivo de estas características no es sencilla. En el día a día aparecen diferentes necesidades o carencias que, según vamos detectando, vamos tratando de resolver”, ha asegurado a través de correo electrónico Santiago Gómez-Zorrilla Sánchez, portavoz. “Seguro que hay cosas por mejorar y hacemos lo posible porque así sea”.