Bruselas no observa infracción ambiental en el caso del vertedero de Zaldibar
La institución afirma que “no puede identificar infracciones” por parte de las autoridades, en respuesta a la petición de una plataforma y una organización ecologista
La Comisión Europea no observa infracciones de la legislación medioambiental comunitaria por parte de las autoridades vascas en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia). La respuesta europea se produce un año después del derrumbe del vertedero, que causó la muerte a dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Hasta ahora solo se han encontrado los restos del primero. Fuentes del Gobierno vasco explican que la Comisión anticipa con este documento las conclusiones de la investigaci...
La Comisión Europea no observa infracciones de la legislación medioambiental comunitaria por parte de las autoridades vascas en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia). La respuesta europea se produce un año después del derrumbe del vertedero, que causó la muerte a dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Hasta ahora solo se han encontrado los restos del primero. Fuentes del Gobierno vasco explican que la Comisión anticipa con este documento las conclusiones de la investigación abierta a raíz del accidente y cuya resolución creen inminente.
La Asociación Vecinal de San Lorenzo de Ermua (Bizkaia), la plataforma Zaldibar Argitu y de la Asociación Ekologistak Martxan Bizkai pidieron a la UE que investigara una posible infracción de la legislación que regula los residuos y gestión de vertederos tras el desastre. La Comisión Europea, en su respuesta a estas organizaciones, precisa que, según la documentación oficial aportada por las autoridades españolas, es evidente que el operador del vertedero tenía un permiso válido en el momento del accidente y que durante la fase operativa del sitio, la autoridad competente cumplió con los requisitos relativos a las directivas sobre vertidos y sobre emisiones industriales. Al frente del departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco estaba en el momento del siniestro el socialista Iñaki Arriola.
La comunicación de la Comisión Europea se ha producido poco después de que el Gobierno vasco atribuya a la empresa de gestión de residuos Verter Recycling su responsabilidad en los “daños significativos medioambientales” ocasionados. Paralelamente, el juzgado de Durango investiga delitos de homicidio imprudente, contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente por el derrumbe del 6 de febrero de 2020.
El informe del Ejecutivo autonómico, que ha sido aportado a la causa judicial, explica que los daños en las aguas superficiales y subterráneas, y en los suelos del entorno del vertedero son responsabilidad de la empresa. El Gobierno vasco asegura que se han detectado residuos de carácter peligroso sobre la superficie no impermeabilizada de la escombrera. Ello impide emitir una declaración de calidad del suelo que a su vez permita cualquier uso posterior contemplado en la normativa.
La UE ha analizado en la petición de los colectivos sociales y ecologistas la responsabilidad del Ejecutivo autonómico en aquellos hechos. Pese a las dudas de los solicitantes, la Comisión Europea concluye que las autoridades vascas tomaron medidas acertadas. El documento explica que el departamento vasco de Medio Ambiente adoptó medidas correctoras urgentes tras el accidente para reducir el impacto negativo en la salud y en el medio ambiente, aunque sí expresa algunas dudas sobre el diseño de la instalación.
Estas dudas son similares a las de un informe geotécnico encargado por el Gobierno vasco a varias universidades. Sus conclusiones apuntan a problemas de diseño del vertedero que podrían haber contribuido al derrumbe de la ladera. Un desplome que llegó a cortar la autopista que enlaza San Sebastián y Bilbao.
Un año después, Zaldibar sigue en el centro de la polémica. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dejó caer el lunes que la no intervención del Ejército tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar podría estar retrasando la recuperación del cadáver de Joaquín Beltrán. Unas declaraciones que han molestado al PNV y al Gobierno vasco, cuyo portavoz, Bingen Zupiria, pidió una rectificación a la ministra.
La Comisión argumenta como hechos positivos que, tras el desastre de Zaldibar, las autoridades han emprendido acciones legales “para acusar al operador del vertedero de mala conducta y hacerlos responsables del daño ambiental y la pérdida de vidas”.