El ala conservadora del Poder Judicial pide un pleno extraordinario sobre la reforma

El escrito de petición evita la confrontación en busca de un consenso amplio

Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid el pasado enero.ANDREA COMAS

Diez vocales propuestos en su día por el PP para formar parte del Consejo General del Poder Judicial pidieron ayer la convocatoria de un pleno extraordinario para hacer frente a la iniciativa del Gobierno del PSOE y Podemos que propone limitar las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones. La competencia discutida es la posibilidad de proseguir con la política de nombra...

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Diez vocales propuestos en su día por el PP para formar parte del Consejo General del Poder Judicial pidieron ayer la convocatoria de un pleno extraordinario para hacer frente a la iniciativa del Gobierno del PSOE y Podemos que propone limitar las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones. La competencia discutida es la posibilidad de proseguir con la política de nombramientos de altos cargos judiciales una vez concluido el mandato de cinco años. El actual Consejo lleva dos años en funciones.

En un pleno de diciembre, se aprobó una declaración en contra de la reforma, texto que fue apoyado por 16 vocales. Estos reclamaban que el Consejo fuera oído por el Congreso antes de acordar dicho cambio. Los impulsores de la actual iniciativa han establecido contacto con quienes les respaldaron entonces. En principio, hay consenso sobre la conveniencia del pleno. Pero los cinco vocales que no perteneciendo al sector conservador del Consejo apoyaron aquel primer comunicado siguen respaldando que habría que oír al Consejo, pero evitando cualquier enfrentamiento institucional con el Parlamento.

El escrito de petición del pleno extraordinario evita planteamientos de confrontación, para tratar de buscar un consenso. Se avisa que la reforma desoye las advertencias de las instituciones europeas sobre las reformas judiciales emprendidas. Otro cinco magistrados propuestos en su día por el PSOE e IU se mantienen en sus tesis de que la responsabilidad del debate sobre las competencias del Consejo y cómo debe ejercerlas la tiene el PP, por no llegar a acuerdos sobre su renovación.

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