Detenidos ocho miembros de una banda por explotación laboral en Sevilla
Una decena de personas han sido liberadas, incluida una adolescente embarazada
La Guardia Civil y la Policía han desarticulado en Sevilla una banda dedicada a la trata de seres humanos para su explotación laboral en condiciones extremas. Los agentes han detenido a ocho miembros de la red, miembros de la misma familia, y liberado a diez víctimas, entre ellos, una menor, de 15 años, en avanzado estado de gestación.
La red, de la localidad de Sanlúcar la Mayor, captaba a las víctimas en Rumanía con la promesa de un trabajo digno y condiciones de vida óptimas. Cuando los agentes irrumpieron e...
La Guardia Civil y la Policía han desarticulado en Sevilla una banda dedicada a la trata de seres humanos para su explotación laboral en condiciones extremas. Los agentes han detenido a ocho miembros de la red, miembros de la misma familia, y liberado a diez víctimas, entre ellos, una menor, de 15 años, en avanzado estado de gestación.
La red, de la localidad de Sanlúcar la Mayor, captaba a las víctimas en Rumanía con la promesa de un trabajo digno y condiciones de vida óptimas. Cuando los agentes irrumpieron el pasado 23 de diciembre en dos casas, se encontraron a las diez personas liberadas hacinadas sobre colchones y mantas sucias dispuestas sobre el suelo, sin electricidad ni agua caliente, y 25 móviles apagados y sellados en una bolsa custodiada por la banda. Los detenidos están acusados de trata de seres humanos para explotación laboral, organización criminal y falsedad documental.
Hace un año y medio dos víctimas denunciaron su situación en condiciones indignas en dos explotaciones agrícolas de Villena (Alicante) y Coria del Río (Sevilla), tras lo que se inició la investigación policial. Ambas víctimas habían sido captadas por la banda, que retenía a otras personas en estas mismas ubicaciones. Los investigadores requirieron ayuda a la policía rumana y su colaboración permitió desarticular la banda.
Tras retirarles los pasaporte y los móviles, las víctimas eran empleadas en labores agrícolas con 10 horas diarias de jornada. “Cada persona contraía con la organización una deuda de 500 euros para formalizar la situación laboral, así como gastos de alimentación y alojamiento, los cuales eran descontados del precario salario que no recibían al tener que liquidar los intereses que generaba la deuda contraída”, explican los agentes.
Los miembros de la organización aislaban por completo a las víctimas y les prohibían que contactaran con sus familiares o que salieran del domicilio sin vigilancia. Tras la operación policial, el juez decretó prisión provisional para tres de los ocho detenidos.