Los Franco entregan el pazo de Meirás al Estado y se abre la controversia sobre los 697 objetos inventariados

“El pazo es del pueblo”, celebraban las letras gigantes que más de medio centenar de miembros del Bloque Nacionalista Galego habían instalado temprano, bajo una terca lluvia, en la perspectiva más fotogénica de Meirás, fuera de los muros del pazo. A esa hora, la mansión todavía era de los Franco, y hubo que aguardar, con paraguas y paciencia, hasta casi las dos de la tarde, a que el juzgado entregase la gran llave de hierro a la Abogacía del Estado. El acto de la firma se retrasó más de lo esperado porque primero los autores del inventa...

“El pazo es del pueblo”, celebraban las letras gigantes que más de medio centenar de miembros del Bloque Nacionalista Galego habían instalado temprano, bajo una terca lluvia, en la perspectiva más fotogénica de Meirás, fuera de los muros del pazo. A esa hora, la mansión todavía era de los Franco, y hubo que aguardar, con paraguas y paciencia, hasta casi las dos de la tarde, a que el juzgado entregase la gran llave de hierro a la Abogacía del Estado. El acto de la firma se retrasó más de lo esperado porque primero los autores del inventario judicial de los objetos que hay dentro de las torres y en los jardines tuvieron que recorrer todo este bien de interés cultural para comprobar que los herederos del dictador no se habían llevado nada.

En lo alto de la Torre de la Quimera, la más esbelta de las tres que flanquean el palacete, ideada por Emilia Pardo Bazán como su atalaya de creación literaria, la juez de Primera Instancia 1 de A Coruña, Marta Canales, traspasó las riendas de Meirás a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y luego esta se las entregó a la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque. Desde ese instante, el pazo regresó al patrimonio público, y la primera señal de ello llegó extramuros cuando la Guardia Civil abrió el portón principal y dejó pasar el río de reporteros. Las cámaras entraban por fin en la residencia oficial que Francisco Franco inscribió en el registro a su nombre en 1941 y que quedó en manos de la familia en medio de una transición que prefirió dar la espalda a ese entuerto. “La sensación que tengo es de justicia histórica”, proclamaba la letrada del Estado, “con la feliz coincidencia de que hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos”.

Ni los Franco ni sus abogados estaban presentes. La familia ya había dejado todo el manojo de llaves del recinto vigilado por garitas en el juzgado de A Coruña un día antes. Uno de los nietos del caudillo, Jaime Martínez-Bordiú, visitó varias veces esta semana el palacete, como responsable del contrato de los guardeses. Este matrimonio, muy vinculado a la mansión, cuidaba el lugar desde hace más de una década y aún habita con dos hijas menores la primigenia Granja de Meirás, un inmueble más antiguo que el propio pazo que mandó construir Pardo Bazán a finales del XIX.

La juez Canales les ha dado hasta el 15 de enero para abandonar su vivienda, pero ya no pueden prestar servicios. Ni limpiar el pazo. Ni segar la hierba. El aerosol de apresto Toke abierto sobre la mesa del cuarto de la plancha, dentro del pazo, da muestra de que hasta el último instante los caseros han trabajado, y almidonado, allí. Cuando le preguntaban, en alguna visita, cómo veía el pleito entre el Gobierno y los Franco por la propiedad, Carlos, el guardés, confesaba que lo que le preocupaba era el pazo: “¿Qué pasa cuando una pareja se divorcia? Pues que los que salen perdiendo son los hijos”.

Desde este momento, Patrimonio del Estado asume la administración de Meirás, pero la sentencia que otorga la propiedad al Estado no es firme. Los nietos del dictador han recurrido a la Audiencia Provincial de A Coruña y después aún cuentan con la baza del Supremo. En ejecución provisional de la sentencia, este lugar catalogado como sitio histórico está en manos del Gobierno y, según la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en unas seis semanas abrirá sus puertas al público. Tal y como anunció ayer la jefa de los abogados del Estado que impulsaron la demanda contra los herederos, “el contenido del pazo de Meirás va a seguir como está hoy a la espera de que haya una sentencia firme”, es decir, salvo excepciones, se conservarán en su interior y en sus jardines aquellos 697 objetos inventariados en noviembre por cuatro técnicos de la Xunta de Galicia.

“Hay enseres que son claramente personales que se van a entregar en los próximos 20 días”, puntualizó Consuelo Castro. Es evidente que en esa escueta mudanza que podrán llevar a cabo los Franco entrarán las raquetas de pádel de los bisnietos. O la bicicleta, la pelota de pilates y los juguetes de plástico que se guardan en un dormitorio que mezcla mobiliario infantil con viejos armarios de recia madera tallada. Pero no viajarán las antigüedades, los objetos artísticos, las porcelanas o los tapices.

La entrega de Meirás abre paso a la controversia sobre la titularidad de su contenido y la familia se prepara para una nueva batalla. El abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, señala que sus defendidos no pensaban ofrecer ningún tipo de resistencia a la entrega del pazo, tras ordenarlo el juzgado. Pero cuestiona los últimos movimientos tanto del Gobierno central como de la Xunta, que preside el popular Alberto Núñez Feijóo, y las intenciones de Patrimonio Nacional al elaborar un informe en el que se concluye que determinados objetos pertenecen a las Colecciones Reales Españolas.

“Todos los muebles y enseres que hay en el Pazo son de los Franco y eso cualquier jurista lo determinará”, afirma Utrera-Molina. El letrado advierte de que la familia posee “desde hace años un inventario detallado” y “facturas y pruebas” de las adquisiciones que Carmen Franco realizó tras el incendio que destrozó parte del inmueble en 1978. “La familia se gastó millones en recuperar el pazo y en muebles y anticuarios”, afirma. Para él, es el Gobierno el que tiene que “demostrar” que no son de los nietos del militar.

Utrera-Molina insiste en que sus defendidos no han ocultado en el edificio “ningún tesoro”, como se les achaca: “No hay tesoros ocultos ni pertenencias de gran valor material”, dice, “sí alguna alfombra de la Real Fábrica de Tapices, pero como puede haber en muchas casas”. “Hace 10 años que se aceptan visitas en varias zonas [por imposición legal, al ser BIC] y todo está visible”, concluye: “Si hubieran querido llevarse algo hace tiempo que lo habrían podido hacer”.

El informe de Patrimonio Nacional reúne abundantes pruebas gráficas de que varios muebles (o ejemplares prodigiosamente idénticos) decoraban antes dependencias de la monarquía española. En el recorrido por algunas de las habitaciones que se mostraban en las visitas llaman la atención la mesa vitrina que según el organismo público decoraba la Sala de Música de Victoria Eugenia en el Palacio Real de Madrid. También el sofá tapizado con la seda rosa que vestía el Salón de Recibir de la misma reina.

Una estancia más allá, en el viejo comedor de Meirás que hasta ahora estaba vetado a las visitas turísticas, los Franco amontonan, entre telas y papeles de periódico, alfombras y tapices antiguos. Las autoridades del momento situaron el inicio del incendio del 78 en un cortocircuito sobre el falso techo de esta habitación, que acabó siendo restaurada tres décadas después con baldosas, en lugar de madera. La versión oficial sobre el fuego fue puesta en duda desde el primer momento, porque los guardias que cuidaban el lugar aseguraron que, como cada noche, habían cortado la luz antes de irse a dormir. Tampoco se llegó a aclarar nunca qué maravillas devoraron las llamas.