Vox pide que buques de guerra impidan la llegada de pateras a Canarias

Vox quiere que el Gobierno imponga un “bloqueo naval” para impedir la llegada de cayucos a Canarias. Según su portavoz, Jorge Buxadé, España se enfrenta a “una invasión inmigratoria organizada”, por lo que el Estado “debe defenderse con todos los medios a su alcance y el primer medio es la intervención de las Fuerzas Armadas”. El partido ultra ha pedido en el Congreso la activación de la Ley de Defensa Nacional y de la Ley de Seguridad Nacional, y q...

Vox quiere que el Gobierno imponga un “bloqueo naval” para impedir la llegada de cayucos a Canarias. Según su portavoz, Jorge Buxadé, España se enfrenta a “una invasión inmigratoria organizada”, por lo que el Estado “debe defenderse con todos los medios a su alcance y el primer medio es la intervención de las Fuerzas Armadas”. El partido ultra ha pedido en el Congreso la activación de la Ley de Defensa Nacional y de la Ley de Seguridad Nacional, y quiere que los buques de guerra impidan la entrada de embarcaciones con inmigrantes en las aguas territoriales españolas.

Se da la circunstancia de que, en aplicación del derecho marítimo, los buques de la Armada que avisten pateras a 12 millas de las costas españolas están obligadas rescatar a sus ocupantes si corren riesgo de naufragar y en ningún caso pueden cerrarles el paso y obligarles a darse la vuelta poniendo sus vidas en peligro, so pena de cometer un delito. Vox sostiene, sin embargo, que los inmigrantes se acercan hasta “pocos metros de las costas” de Canarias en buques nodriza a los que se puede forzar a regresar a su país de origen sin vulnerar las leyes nacionales e internacionales, algo de lo que hasta ahora no existe ninguna evidencia.

El partido de Santiago Abascal acusa a la sociedad estatal de Salvamento Marítimo, dedicada a los rescates en el mar, de “colaborar con las mafias” y pide “combatir activamente a las ONG” que ayudan a los inmigrantes y retirar las ayudas públicas a las asociaciones y empresas del tercer sector, dedicado a la asistencia humanitaria, para no generar el “efecto llamada”. Además, propone crear “plataformas de desembarco” de inmigrantes irregulares en los países africanos y retirar la ayuda al desarrollo a aquellos que no acepten repatriaciones.

Por otra parte, Buxadé ha negado que su partido haya cambiado de criterio respecto a las escuelas de educación especial, uno de los puntos más controvertidos de la Ley Celaá, ya que los partidos de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) le atribuyen el propósito de acabar con ella. Ante la evidencia de que el programa con el que Vox concurrió a las elecciones de 2016 proponía eliminarla (“acabar con la educación especial y disponer de apoyos para una educación verdaderamente inclusiva”, afirmaba textualmente), Buxadé ha calificado “irrelevante” lo que su partido propusiera hace cuatro años y ha atribuido la promesa electoral de “error tipográfico”. Después de que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, recordara lo que decía el programa de Vox, este partido lo ha suprimido de su web.

El portavoz de Vox también ha anunciado que su grupo pedirá que se reanude desde cero el proceso parlamentario para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alegando que las comparecencias que se celebraron el año pasado carecen de validez al haberse renovado el Congreso tras las elecciones del 10-N.