Condena sin castigo para un antiguo jefe de ETA
La Audiencia Nacional ordena la puesta en libertad de Iñaki de Lemona pese a sentenciarle a 74 años. El etarra había cumplido ya el máximo tiempo de estancia en prisión
El etarra Ignacio Bilbao Beascoechea, alias Iñaki de Lemona, suma una nueva condena. La octava, cinco de ellas dictadas por la justicia española y el resto, por tribunales franceses. Sin embargo, no ingresará en prisión por ella. El motivo: la última sentencia de la Audiencia Nacional, conocida este jueves y que le impone una pena de 74 años de cárcel por el atentado cometido el 2 de febrero de 1983 en Ordizia (Gipuzkoa), en el que murió el guardia civil Miguel Mateo Pastor y resultaron gra...
El etarra Ignacio Bilbao Beascoechea, alias Iñaki de Lemona, suma una nueva condena. La octava, cinco de ellas dictadas por la justicia española y el resto, por tribunales franceses. Sin embargo, no ingresará en prisión por ella. El motivo: la última sentencia de la Audiencia Nacional, conocida este jueves y que le impone una pena de 74 años de cárcel por el atentado cometido el 2 de febrero de 1983 en Ordizia (Gipuzkoa), en el que murió el guardia civil Miguel Mateo Pastor y resultaron gravemente a otros dos agentes. Este fallo recoge que Beascoechea ya ha cumplido en España el máximo de 30 años de encarcelamiento (en realidad, ha estado 21 años tras descontar nueve de redención de pena, un beneficio penitenciario contemplado en el Código Penal de 1973, más otros siete anteriormente en Francia) y que, por tanto, no debe penar en prisión por estos hechos.
Días antes de redactarse la sentencia, el tribunal ordenó su puesta en libertad. El etarra abandonaba la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 1 de octubre, donde permanecía en prisión preventiva desde el pasado julio (cuando extinguió las otras condenas) para asegurar su presencia durante la vista.
En la sentencia, los magistrados consideran probado que Bilbao Beascoechea y los otros integrantes del comando Goierri Costa contaban a principios de 1983 con información de los movimientos de los vehículos del cuartel de la Guardia Civil de Ordizia. Esta les había sido facilitada por el también etarra José Miguel Latasa, alias Fermín, un miembro de la banda arrepentido cuyo testimonio ha sido clave en esta causa. Según el fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, el 2 de febrero de aquel año los miembros del comando se dirigieron en dos coches hasta el cruce existente entonces en el kilómetro 422,5 de la carretera N-1 de Madrid a Francia por Irún, donde prepararon la emboscada. Los terroristas, armados con dos lanzagranadas y fusiles ametralladores, se dividieron en dos grupos: uno se apostó en el lado izquierdo de la carretera de acceso al cuartel; y el otro, en la vía lateral frontal próxima a la carretera nacional.
Un plan que no falló
Los etarras sabían que los dos vehículos de la Guardia Civil debían parar al llegar al cruce, donde había una señal de ceda el paso. En ese justo momento, empezaron a disparar. La intensidad del atentado fue tal que una de las granadas anticarro arrancó el techó de uno de los coches del instituto armado. “Ignacio Bilbao se encargó de introducir las granadas en el lanzagranadas”, señala el fallo de la Audiencia Nacional, que basa su conclusión en el testimonio de Latasa, testigo directo del atentado.
Por todo ello, el tribunal condena a Bilbao Beascoechea, nacido en Lemoa (Bizkaia) hace 61 años, a una pena de 30 años por atentado contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado con la agravante de premeditación, y a otras dos de 22 años por sendos delitos de asesinato frustrado. La justicia española ya le había condenado anteriormente por otros cuatro atentados, dos cometidos en 1985 y otros dos, en 1988. Detenido en Francia a finales de mayo de 1992 —cuando intentaba recomponer la cúpula de la organización terrorista tras el arresto dos meses antes en Bidart de los entonces dirigentes—, los tribunales galos le habían impuesto tres condenas, de ocho, cinco y tres años respectivamente, que terminó de cumplir en octubre de 1999. Entonces fue extraditado a España, donde ha permanecido en prisión hasta ahora. En 2004, cuando llevaba cinco años preso en España, Iñaki de Lemona firmó una carta con otros destacados dirigentes de la organización terrorista en la que abogaba por el fin de la violencia.