El juez del ‘caso Púnica’ investiga en secreto durante un año una cuenta radicada en Francia

El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha investigado durante un año una cuenta radicada en Francia y relacionada con la trama de corrupción que cerca al PP de Madrid. Según consta en un auto del pasado 31 de agosto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía solicitó el 13 de mayo de 2019 que se emitiera una Orden Europea de Investigación dirigida a “recabar información sobre los movimientos, titulares, beneficiarios, banco on line y otros datos vinculados a una cuenta abierta a nombre de la sociedad Manila Investment en la entidad Crédit Industriel et Commercial, e...

El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha investigado durante un año una cuenta radicada en Francia y relacionada con la trama de corrupción que cerca al PP de Madrid. Según consta en un auto del pasado 31 de agosto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía solicitó el 13 de mayo de 2019 que se emitiera una Orden Europea de Investigación dirigida a “recabar información sobre los movimientos, titulares, beneficiarios, banco on line y otros datos vinculados a una cuenta abierta a nombre de la sociedad Manila Investment en la entidad Crédit Industriel et Commercial, en París”. Una instrucción que ha permanecido bajo secreto de sumario hasta ahora.

Según detalla el magistrado en su escrito, a la vez que emitió hace un año la petición de información a las autoridades francesas, aprobó el “secreto de las actuaciones” para “asegurar su efectividad”, pues existía “la posibilidad” de que los sospechosos “pudieran comprometer de forma grave el resultado”. Pero García-Castellón considera que ya no es necesario continuar así, “una vez cumplimentada la solicitud de cooperación internacional” cursada en “relación con el investigado Diego Horacio Mercado”, el empresario argentino que admitió en la Audiencia Nacional que sus cuatro empresas de publicidad realizaron diferentes servicios para la campaña electoral del PP de Madrid a las autonómicas de los años 2003 y 2007 y que el partido le indicó que las facturas por estos trabajos las girase a “4 o 5 empresas”. Además, las sociedades de Mercado recibieron contratos publicitarios de la Comunidad de Madrid por un total de 7,4 millones.

Además, el instructor no solo levanta el secreto de sumario de esta parte de las pesquisas, sino que incorpora esta investigación sobre la cuenta abierta en el Crédit Industriel et Commercial a una nueva pieza separada —la actual número 12—, que crea para centrarla exclusivamente en el blanqueo y en la recuperación de activos que la trama pudiera tener escondidos tras obtenerlos mediante su presunta actividad delictiva. “La trama de blanqueo posee la suficiente entidad como para constituir per se una pieza separada”, argumenta el magistrado en su auto.

García-Castellón reordena así la estructura de esta macrocausa, de la que solo se ha juzgado en este momento una de las líneas de investigación. El magistrado lo hace apenas siete días después de haber ampliado el plazo de instrucción, que vencía el pasado 27 de agosto. El juez, que declaró “sin efecto” ese límite tras una reforma legal impulsada por el Gobierno, anunció que estudiará ahora las diferentes piezas abiertas en esta causa “a fin de agilizar la tramitación”. Es decir, abrió la puerta a cerrar algunas y a seguir con otras. Una intención que queda clara con la creación de la nueva número 12.

Esta decisión fulmina la estrategia de muchas defensas —incluida la de una de las imputadas más conocidas, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y antigua líder del PP regional—, que habían pedido que la instrucción debía acabar al no proceder ampliar los plazos. Pero la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado aún creen que hay hilos de los que tirar. Es más, el ministerio público envió a principios de verano un nuevo informe al juez donde detallaba supuestas corruptelas en cinco Ayuntamientos gobernados por el PP y dos entidades de la Comunidad de Madrid, además de apremiar a tomar declaración a 18 personas: entre ellas, a David Erguido, senador popular y diputado en la Asamblea autonómica. Por su parte, otro de los principales implicados, Francisco Granados, ha pedido la imputación de varios miembros del PSOE después de que David Marjaliza, otro de los investigados y que colabora con la justicia desde el verano de 2015, entregara unos libros sobre supuestos pagos de mordidas a cargos públicos de PP, PSOE e IU en distintos ayuntamientos de la Comunidad.