La Mesa del Congreso vuelve a rechazar la comparecencia de Sánchez y Calvo por la salida del rey emérito
El órgano resuelve, con los votos del PSOE, PP y Vox frente a los de Unidas Podemos que se trata de un asunto que no entra en las competencias del Gobierno
La Mesa del Congreso ha vuelto a rechazar las comparecencias de Pedro Sánchez y Carmen Calvo en una sesión extraordinaria que solicitaban ERC, Junts per Catalunya, la CUP, EH Bildu y BNG, para que explicasen la gestión del Gobierno en la salida de Juan Carlos I de España. Los dos socios del Ejecutivo han vuelto a evidenciar las diferencias en esta cuestión en el órgano que regula el debate parlamentario: como la semana pasada, PSOE, PP y Vox coincidieron de nuevo y votaron en contra frente Unidas Podemos, explican fuentes parlamentarias.
La Mesa, que se reunió el jueves de forma telemática, vuelve a considerar que la petición “versa sobre materia ajena a la competencia del Gobierno”. Los partidos nacionalistas reiteraron este martes la solicitud de que el presidente y la vicepresidenta primera comparecieran en el Parlamento. El PSOE, PP y Vox ya rechazaron en junio luna petición de creación de una comisión de investigación sobre el rey emérito. ERC, Junts, PNV, la CUP, BNG, Compromís y Bildu ya advirtieron entonces que seguirían reclamándola. También plantearon que se retirasen los cuadros y estatuas de Juan Carlos I en el Parlamento.
La Zarzuela desveló el 17 de agosto, tras dos semanas de incertidumbre, que el Rey emérito se trasladó a Emiratos Árabes Unidos el día 3. La Casa Real comunicó ese día la “meditada decisión” del monarca de trasladarse al extranjero ante la “repercusión pública” de las informaciones sobre sus cuentas en paraísos fiscales y “para contribuir” a que su hijo y jefe del Estado, Felipe VI, pudiese ejercer sus funciones “desde la tranquilidad y el sosiego”.
La Fiscalía General del Estado anunció el 8 de junio que Juan Carlos I estaba siendo investigado por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca. La investigación se centra, por ahora, en determinar si ha cometido delito después del mes de junio de 2014, momento en el que abdicó. En ese momento dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al jefe del Estado.