La rebelión de los alcaldes, en un callejón sin salida

El móvil de Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, le interrumpió en medio de la Junta Directiva Nacional del PP, a unos minutos de ser nombrado vocal del comité electoral del partido. “¿Jorge? ¡Buenos días, soy Abel Caballero!”. Habían pasado tres días desde que el aragonés intentó contactar con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El motivo era, según admiten todos los involucrados “inusual”. Azcón —líder de facto de la ya conocida como rebelión de alcaldes contra el plan de Hacienda, para permitir a los municipios usar sus remanentes de caja— tenía qu...

El móvil de Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, le interrumpió en medio de la Junta Directiva Nacional del PP, a unos minutos de ser nombrado vocal del comité electoral del partido. “¿Jorge? ¡Buenos días, soy Abel Caballero!”. Habían pasado tres días desde que el aragonés intentó contactar con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El motivo era, según admiten todos los involucrados “inusual”. Azcón —líder de facto de la ya conocida como rebelión de alcaldes contra el plan de Hacienda, para permitir a los municipios usar sus remanentes de caja— tenía que pedirle a Caballero que arreglase una reunión entre los ediles rebeldes y la ministra María Jesús Montero. Así se lo había solicitado a Azcón la propia Montero una semana atrás. La conversación entre el popular y el regidor socialista de Vigo (y presidente de la FEMP) quedó en nada. Y la batalla de los regidores contra Hacienda entró en un callejón sin salida.

La revuelta está encabezada por 11 alcaldes de nueve partidos distintos (entre ellos algunos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez) que firmaron un manifiesto contra el plan del Gobierno. En ese documento, exigieron una reunión urgente con la ministra para renegociar el acuerdo de Hacienda, que establece que los municipios puedan usar sus ahorros si primero los entregan al Estado para que este se los devuelva paulatinamente en un plazo de diez años.

El día 14, Azcón habló por teléfono con Montero y se encontró con un inesperado cambio de guion. La ministra se abría a reunirse con los regidores, pese que ella misma lo había descartado públicamente horas antes. La condición de Montero era que Azcón organizase la reunión a través de la FEMP. “Es el único interlocutor del municipalismo que reconoce el Gobierno”, apuntó. La solución quedaba en manos de la Federación, un organismo que ya había aprobado el acuerdo con Hacienda, aunque solamente con el visto bueno del PSOE (y con el voto de calidad de Caballero).

La petición de Montero descolocó a los alcaldes díscolos. “Después de que le enviáramos una carta antes, y que reiterara que no iba a haber diálogo, la respuesta nos pareció sospechosamente grata”, admite uno de ellos. Pero cuando Abel Caballero se enteró de que Azcón lo estaba buscando para que intermediase con Hacienda, quedó extrañado. “Yo no soy agente de entrevistas”, zanja el presidente de la FEMP. El asunto quedó en un limbo, más allá de que el regidor de Vigo se comprometió a hablar con Montero cuando esta regrese de sus vacaciones “para entender de qué se trata todo”. Fuentes de Hacienda insisten en que hay disposición al diálogo, pero que el decreto que recoge el plan para los ayuntamientos no se tocará hasta su trámite en el Congreso, donde el Gobierno podría perder la votación.

Los tiempos políticos tampoco han sido de ayuda para los alcaldes rebeldes, entre ellos los de algunas de las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. En las dos primeras semanas de agosto, el conflicto municipal acaparó la atención de los partidos, que lo pusieron en el centro del debate. El PP comenzó una campaña en contra del decreto, calificado de “expropiación”, y llamó a sus ediles a que no entreguen sus ahorros al Estado y se movilicen. Pero una vez que el Gobierno dejó claro que el plan no se iba a modificar hasta que llegase al Congreso, el balón se comenzó a desinflar. Luis Salvador, regidor de Granada por Ciudadanos, lo resume así: “Está claro que la estrategia del Ejecutivo es ralentizar el tema”.

El texto del plan deberá pasar al Congreso en la primera semana de septiembre para su convalidación. Hacienda no tiene los votos necesarios, ni siquiera de su socio minoritario en el Gobierno de coalición (la confluencia catalana de Unidas Podemos, con siete escaños, ya anunció su rechazo). El problema no solo es para el Ejecutivo, ya que de anularse el decreto, los Ayuntamientos perderían el dinero prometido, la posibilidad de disponer de sus ahorros que, por una ley de 2012 aprobada durante el Gobierno de Rajoy, en pleno auge de austeridad, no se pueden usar libremente.

Los alcaldes rebeldes tienen previsto reunirse a principios de septiembre, previsiblemente antes de que el decreto comience su trámite parlamentario. Fuentes de ese bloque opositor esperan sumar más municipios a la causa. En el encuentro deberán tomar una decisión sobre qué hacer para continuar con la presión al Ejecutivo y forzarlo a negociar. Por ahora, todo parece indicar que la rebelión está atascada.