Nueve partidos se alían para tumbar el pacto de financiación municipal

Al Gobierno se le multiplican los frentes. En el ámbito económico, que será clave para el nuevo curso político, aún sin presupuestos ni visibles alianzas en plena fase de recesión como consecuencia de la pandemia, se une ahora la crisis municipal. El acuerdo alcanzado el lunes en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el PSOE con el Ministerio de Hacienda no convence a casi ninguno de los demás partidos. ...

Al Gobierno se le multiplican los frentes. En el ámbito económico, que será clave para el nuevo curso político, aún sin presupuestos ni visibles alianzas en plena fase de recesión como consecuencia de la pandemia, se une ahora la crisis municipal. El acuerdo alcanzado el lunes en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el PSOE con el Ministerio de Hacienda no convence a casi ninguno de los demás partidos. Alcaldes de hasta nueve formaciones diferentes, que suman 162 diputados en el Congreso, amenazaron este viernes con tumbar ese pacto y no permitir su convalidación parlamentaria. En ese bloque hay regidores de Madrid y Zaragoza (PP), Valencia (Compromís), Cádiz (escisión de Podemos) o Bilbao (PNV). 

En el pacto firmado el martes en La Moncloa por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el de la FEMP, su compañero de partido Abel Caballero, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo se compromete a dejar a los ayuntamientos utilizar sus ahorros de estos años y a entregarles un fondo de 5.000 millones para solventar sus problemas de liquidez ante los gastos soportados para combatir la covid-19. Pero los beneficios son solo para los consistorios que hayan aportado previamente esos ahorros a Hacienda. Tendrían que comprometerse a entregar esos remanentes antes del 15 de septiembre.

Ese acuerdo, que Caballero consideró histórico y que salió adelante en la FEMP por su voto de calidad como presidente tras un empate a 12 votos en su junta de gobierno, deja fuera a municipios que no cumplen ese requisito como Zaragoza (PP), Granada (Ciudadanos) y Lleida (ERC), de formaciones ideológicas e intereses muy contrapuestos y que ahora caminan en la misma dirección. Lo descalifican como “injusto e insolidario”. 

El primer edil de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, organizó este viernes una cumbre telemática para boicotear ese pacto. “Queremos dejar claro a Hacienda que lo acordado no nos representa a todos. Si no se toma nota, esto lo tiramos en el Congreso”, advirtió Azcón. Los demás alcaldes citados, 11 de nueve partidos diferentes suscribieron un documento en el que lanzan a Hacienda un aviso similar y avanzan que sus formaciones rechazarán ese real decreto ley cuando se someta a votación en el Congreso. 

El documento reivindicativo de este frente heterogéneo de alcaldes suma a los regidores de Madrid, Zaragoza y Murcia (del PP), Bilbao (PNV), Lleida (ERC), Valencia (Compromís), Granada (Ciudadanos), Cádiz (Adelante Andalucía, escisión de Unidas Podemos), Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria), Pontevedra (BNG) y Reus (Junts per Catalunya). Esos partidos suman 162 diputados y teniendo en cuenta que Vox (52 escaños) vota normalmente contra el Gobierno, podrían tumbar el pacto. El regidor de Bilbao, Juan Mari Aburto, se adhirió aunque ese ayuntamiento recibe financiación foral. El de Valencia, Joan Ribó, de Compomís, no estuvo en la reunión, pero anunció que se sumará. 

Fuentes socialistas se mostraron confiadas en que no se llegará al bloqueo parlamentario porque al final “los alcaldes negociarán con Hacienda, se incorporarán algunas mejoras y se lograrán los apoyos para sacar adelante ese decreto”. Ese optimismo contagió este viernes al propio Caballero, alcalde de Vigo, que en su rueda de prensa diaria no quiso entrar a comentar ese tipo de especulaciones: “No trabajo con hipótesis”. 

Fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda evitaron entrar en lo que pueda ocurrir en la votación en el Congreso (probablemente en septiembre) ni en futuras negociaciones. Lo que sí indicaron es que la FEMP llevaba bastante tiempo pidiendo alguna fórmula para gastar los remanentes de tesorería que muchos ayuntamientos han acumulado estos años y que el acuerdo alcanzado es la solución que se ha encontrado para que esos municipios que han tenido superávit estos años puedan disponer de “mayor capacidad de gasto sin incurrir en déficit y sin incumplir la ley de estabilidad presupuestaria y la Constitución”. Hacienda defiende que la medida resulta “beneficiosa para los ayuntamientos ya que el Estado incrementa su déficit para que tengan más recursos”. 

Cumplir la ley  

En el Ejecutivo y el PSOE recalcan que el pacto firmado es el único propuesto hasta ahora porque los alcaldes reunidos bajo el liderazgo del regidor de Zaragoza “no han hecho ningún planteamiento alternativo que no sea derogar una ley o reformar la Constitución española”. Otras fuentes de la FEMP apuntan que los alcaldes opositores “están aprovechando para hacer ruido desde sus posiciones ideológicas sin valorar ahora el fondo del acuerdo, pero lo harán cuando vean y valoren que con esos millones podrán hacer proyectos e inversiones positivas para sus municipios”. 

El PP no parece dispuesto a aflojar la tensión de esa cuerda. La responsable del área económica, Elvira Rodríguez, anunció que su partido presentará mociones para que se voten en los 8.000 ayuntamientos de España “contra la expropiación de 8.000 millones de los ahorros municipales. Los populares pedirán a sus alcaldes que se sumen al recurso que el partido quiere presentar en el Tribunal Constitucional. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado una medida similar. El PP pretende también reprobar al presidente de la FEMP, al que acusa de haber provocado la división inusual en el organismo municipal.