CC OO-PV se une a las querellas de 11 sindicalistas torturados por la dictadura de Franco

El sindicato CC OO-PV se querellará por las torturas que sufrieron sus fundadores a manos de la Brigada Político Social (BPS) en las postrimerías de la dictadura de Francisco Franco. La organización se personará como acusación particular y ejercerá la acción popular junto a los 11 querellantes de dos sumarios donde se denuncian las detenciones y posteriores torturas sufridas por militantes del sindicato en los años 1968 y 1970.

Así lo ha anunciado el secretario general de CC OO-PV, ...

El sindicato CC OO-PV se querellará por las torturas que sufrieron sus fundadores a manos de la Brigada Político Social (BPS) en las postrimerías de la dictadura de Francisco Franco. La organización se personará como acusación particular y ejercerá la acción popular junto a los 11 querellantes de dos sumarios donde se denuncian las detenciones y posteriores torturas sufridas por militantes del sindicato en los años 1968 y 1970.

Así lo ha anunciado el secretario general de CC OO-PV, Arturo León, en un acto que ha contado con la participación de la presidenta de la asociación Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme-Plataforma de Suport a la Querella Argentina del PV, Llum Quiñonero, la consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez-Garijo, y dos de los querellantes, César Llorca y Ángel Ramón García Aparicio.

El primero de los dos sumarios a los que se ha unido el sindicato se refiere a los hechos ocurridos en noviembre de 1968, por el que fueron detenidos 36 trabajadores. En los registros, detenciones, interrogatorios y torturas a las que fueron sometidos participaron 23 miembros de la Brigada Político Social de Valencia y Puerto de Sagunto

Tras su ingreso en prisión, los detenidos fueron procesados por la Jurisdicción Militar y acusados de un supuesto delito de rebelión militar. 19 de ellos denunciaron desde la cárcel en cartas manuscritas dirigidas al titular del Juzgado Militar las torturas de las que fueron objeto: corrientes eléctricas y golpes por todo el cuerpo.

El segundo sumario se refiere a los sucesos de octubre de 1970, cuando la Brigada Político Social desplegó una nueva operación contra CC OO, en este caso contra 16 trabajadores de distintas empresas del metal (Macosa, Elcano o Unión Naval de Levante), entre los que se encontraban una mujer y dos sacerdotes. Se les detuvo a punta de pistola a la salida de una reunión en las Escuelas Profesionales de San José para debatir el convenio del metal.

CC OO ha interpuesto la querella porque, según su secretario general, “sin duda alguna afecta a la dignidad de nuestra sociedad y a la democracia”. “La documentación de la que disponemos muestra la persecución sistemática de la dictadura hacia un movimiento organizado de grandes empresas y pequeños talleres para resolver los problemas de la gente ante la indiferencia del Sindicato Vertical”, ha añadido.

“Para CC OO es fundamental que la memoria histórica haga visibles las conductas contrarias a los derechos humanos y se reconozca la contribución de los hombres y las mujeres que durante esa época padecieron la represión laboral, los abusos y las torturas”, ha manifestado León. Y ha destacado que el sindicato hará todo lo posible para que el relato de los hechos quede negro sobre blanco, con independencia de la evolución del proceso judicial, que defiende un equipo de abogados dirigidos por Alberto García Esteve.

Llum Quiñonero ha agradecido la decisión del sindicato “que ha metido el dedo en la llaga, al querellarse por los delitos de lesa humanidad que supusieron la persecución contra quienes luchaban por la democracia y los derechos humanos”.

Quiñonero ha reclamado al Estado español “que no se haga invisible”, y atienda los derechos de reparación pendientes con las víctimas represaliadas y sus familias, con todas las personas que han fallecido y las que siguen reclamando justicia. “Necesitamos cambios fundamentales en la legislación y que la judicatura deje de desestimar querellas y asuma el mandato del Consejo de los DDHH de la ONU. La impunidad contra el Franquismo debe acabar”, ha añadido.

La consejera Rosa Pérez Garijo ha reclamado “justicia, memoria y reparación”, pendientes desde hace 45 años, en lo que ha calificado de una “anomalía democrática, que condecora y deja en la impunidad a torturadores reconocidos”. La consejera ha agradecido emocionada “la lucha de quienes profundizaron la democracia”, y ha advertido del “riesgo de dar por seguros derechos que costaron tanto y que pueden dar marcha atrás”.

Pérez ha ofrecido todo el reconocimiento y el apoyo a las víctimas y ha asegurado el empeño que están poniendo desde las instituciones para generar una “democracia más fuerte”. “Los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir”, ha concluido.

César Llorca Tello y Ángel Ramón García Aparicio, dos de los querellantes, han reiterado que el objetivo de las detenciones, la brutalidad y las torturas no era tanto informativo como de infundir miedo a los trabajadores, y dejar claro quién mandaba. “Volveríamos a hacer lo mismo”, han aseverado, al tiempo que han defendido que CCOO “fue decisivo entonces y sigue siéndolo hoy, porque persiste la vulnerabilidad de la clase trabajadora individualizada”.

Estas personas aseguran haber sido despedidos por crímenes tan execrables como “pedir un aumento de 50 pesetas de salario” y detenidos por la Brigada Político social de Valencia, que describen como “una banda de sádicos que disfrutaban golpeándonos entre diez o doce y dándonos corrientes eléctricas, durante 90 horas porque éramos de CCOO y defendíamos a los trabajadores”.

Ambos han destacado la movilización de las mujeres, madres y hermanas, que se entrevistaron con el capitán general de la III Región Militar y con miembros de la jerarquía eclesiástica, y dirigieron escritos a Colegios de Abogados y a diferentes instancias internacionales, en los que denunciaban la brutalidad policial.

"Esperamos que haya justicia, una sentencia favorable, el reconocimiento de que hemos sido torturados y que hay que condenar a los torturadores y que se reconozca que por defender a los trabajadores y fundar un sindicato acarreó persecuciones y condenas por el Tribunal de Orden Público". "Solo hicimos lo que teníamos que hacer, luchar, dar nuestra opinión y enfrentarnos a la situación política que había", han concluido.

Proyecto de ley de Memoria

Respecto al nuevo proyecto de ley de Memoria Histórica que complementará la norma de 2007, Quiñonero ha asegurado que “cumple algunos aspectos fundamentales pero no profundiza” en cuanto a los crímenes franquistas y ha remarcado que espera que en el procedimiento del debate de la ley se puedan ampliar algunos aspectos.

La consejera Pérez Garijo ha anunciado que esta semana habrá una reunión por parte de la secretaria de Estado en materia de memoria democrática “para intentar coordinar las políticas de memoria”. “Evidentemente nosotros avanzamos en esta línea, en la de no impunidad de los delitos franquistas”, ha añadido. Además, la consejera ha asegurado que desde la Comunidad Valenciana se va e elaborar un reglamento “para llevar adelante todo lo que establece la ley”. Arturo León ha añadido que “la nueva ley es un entorno normativo que debería tener una mayor sensibilidad desde el punto de vista jurídico ante estas cuestiones”.