La Audiencia Nacional exime a uno de los acusados por la matanza de los jesuitas de 1989
El tribunal considera prescrito el delito atribuido a uno de los dos imputados en la vista que comenzó este lunes
La primera decisión de calado en el juicio por la matanza de los jesuitas españoles en El Salvador en 1989, que comenzó este lunes en la Audiencia Nacional, no se hizo esperar. En la fase de cuestiones previas, el tribunal declaró prescrita la acusación contra Rene Yushsy Mendoza, antiguo teniente del ejército salvadoreño y uno de los dos acusados en este proceso —el otro es uno de sus superiores, el excoronel Inocente Orlando Montano, ...
La primera decisión de calado en el juicio por la matanza de los jesuitas españoles en El Salvador en 1989, que comenzó este lunes en la Audiencia Nacional, no se hizo esperar. En la fase de cuestiones previas, el tribunal declaró prescrita la acusación contra Rene Yushsy Mendoza, antiguo teniente del ejército salvadoreño y uno de los dos acusados en este proceso —el otro es uno de sus superiores, el excoronel Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad—. Los magistrados adoptaron esta medida a petición de la defensa y sin la oposición de las acusaciones, que reconocieron su colaboración con la justicia.
Los familiares y compañeros de las víctimas de la matanza llevaban más 30 años esperando ver sentado en un banquillo a uno de los supuestos autores intelectuales de la matanza y finalmente este lunes, ante una importante expectación internacional, lo lograron. Pasadas las tres de la tarde, la Audiencia Nacional abrió la vista oral por el asesinato múltiple perpetrado el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, cuando un grupo de militares de extrema derecha irrumpió de madrugada en el centro y acabó a tiros con la vida de seis sacerdotes jesuitas —los españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno; y el salvadoreño Joaquín López— y de la mujer e hija del guardián de la universidad, Elba y Celina Ramos.
La primera sesión del juicio empezó con la fase de cuestiones previas y sirvió a las acusaciones para poner en práctica uno de los tres principios que, según repiten, les mueven en este caso: “Verdad, justicia y perdón”. La defensa de Mendoza planteó al tribunal que los delitos atribuidos al exmiembro del batallón Atlacatl, ejecutor de los asesinatos, habían prescrito cuando se inició este procedimiento contra él. Una petición que la Fiscalía, que pedía cinco años de cárcel para él, y las acusaciones populares y particulares aceptaron. De hecho, varios de los abogados de los familiares y amigos de las víctimas recordaron que el exteniente se encuentra reinsertado en la sociedad, mostró su arrepentimiento hace muchos años, ha colaborado con la justicia para sentar al coronel Montano en el banquillo y ha pedido perdón.
“Nosotros no tenemos problema con que, después de los juicios, se les puedan dar medidas de gracia por la edad [a los acusados]. Creemos en la verdad y en la justicia para que no se repitan estos crímenes. Y también en el perdón”, avanzaba ya el domingo el jesuita José María Tojeira, compañero de los fallecidos y posterior rector de la UCA, en declaraciones a EL PAÍS.
La vista oral, que continuará este miércoles, deja así como único acusado al exviceministro de Seguridad Pública, uno de los supuestos autores intelectuales del crimen. Según el ministerio público, que pide 150 años de cárcel para el ahora septuagenario, Montano formaba parte de una “estructura [que operaba] al margen de la legalidad y que alteró gravemente la paz pública con ejecuciones civiles y desapariciones forzosas” en El Salvador durante la guerra que asoló el país en la década de los ochenta.
Este reconocido miembro de La Tandona, una promoción de oficiales ultraderechistas que ocupó puestos clave en el Ejército, participó presuntamente en el “diseño” y “ejecución” de la matanza de los jesuitas, que se habían convertido en un grupo incómodo para el régimen y los sectores más ultras de la sociedad al apostar por el diálogo para alcanzar la paz con la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Desde la propia radio estatal que estaba bajo su mando, se lanzaron amenazas de muerte contra el entonces rector, Ignacio Ellacuría, y el resto de víctimas en los días antes de la matanza. También constan en la causa documentos desclasificados de Estados Unidos —del Departamento de Estado, la CIA y el Departamento de Defensa— que lo señalan.
La comunidad jesuita en El Salvador ha celebrado el inicio de la vista oral en España y confía en que sirva para reimpulsar en el país centroamericano la causa abierta contra otros cinco supuestos autores intelectuales de los asesinatos. “Desde la necesidad de la justicia universal, cuando no existe la posibilidad de justicia en un determinado país, es positivo que juicios como el que comenzó el lunes puedan tener lugar”, apuntó en un comunicado.