Un juez de Vitoria obliga a la Ertzaintza a proteger a los agentes y a desinfectar comisarías a diario
El Gobierno admite la dificultad para encontrar equipos y pide responsabilidad a los sindicatos policiales
El Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria no quiere más demoras. Su titular ha requerido a la dirección de la Ertzaintza que proporcione “con carácter inmediato” a todos los centros de la Ertzaintza equipos de protección individual para el personal y además proceda a la desinfección diaria de todas las instalaciones y vehículos de trabajo. El juez, a instancias del sindicato EUSPEL señala que “...
El Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria no quiere más demoras. Su titular ha requerido a la dirección de la Ertzaintza que proporcione “con carácter inmediato” a todos los centros de la Ertzaintza equipos de protección individual para el personal y además proceda a la desinfección diaria de todas las instalaciones y vehículos de trabajo. El juez, a instancias del sindicato EUSPEL señala que “la obligación legal de proteger a los trabajadores implica también la de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad”.
Poco después de conocerse al resolución, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka ha solicitado responsabilidad a los sindicatos en la lucha contra el virus; ha asegurado que las instalaciones se desinfectan dos veces al día, y ha admitido que la compra de material de protección es una de las preocupaciones de la administración vasca. Erkoreka ha pedido a todos los agentes de la Ertzaintza y a los sindicatos que “reconozcan el esfuerzo” que el Gobierno Vasco está haciendo en esta materia y que se “impliquen en una labor responsable de cooperación con las instituciones públicas en el encauzamiento de este problema”. También ha dicho tras el consejo de Gobierno que los agentes disponen de material como mascarillas para que puedan desarrollar “su labor con seguridad”.
Los sindicatos denuncian, sin embargo, la falta de equipos adecuados y suficientes para desarrollar su trabajo en determinadas zonas y circunstancias en las que necesitan estar en contacto con colectivos de riesgo. También lo apunta la resolución judicial cuando cita que el colectivo policial “está expuesto al contagio mientras prestan todos los servicios, ordinarios o extraordinarios”, sin que “resulte extraño el contagio” por Covid-19 o la situación de aislamiento.
El juez recoge como bueno el argumento de los sindicatos policiales cuando explican que “las bajas que se están acumulando" fundamentalmente por el contacto con el virus “han requerido la movilización de la 28 promoción de la Ertzaintza, pese a estar en periodo de formación”. Asimismo, considera que la situación de urgencia está acredita por la pandemia derivada del virus que “está sufriendo todo el país, y en concreto la Comunidad Autónoma del País Vasco”. Por todo ello requiere la rápida y “eficiente actuación empresarial”, en este caso del sector público como empleador, en la adopción de las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Pese al emplazamiento, el tribunal puntualiza que no se trata de reprochar a la administración vasca que no esté desplegando todo su esfuerzo, como argumentaba Erkoreka, sino que en este momento tiene que acreditar si ese esfuerzo es suficiente o no. Por eso el magistrado explica en su auto que reclama al Gobierno vasco "que provea con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, a todos centros de trabajo de la Ertzaintza, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso del personal del dicho cuerpo, de mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección, guantes de protección desechables, contenedores de residuos infecciosos, material adecuado para la desinfección del equipo personal (toallitas, gel, alcohol)”.
Asimismo, le requiere para que se ponga en marcha “la aplicación minuciosa de procesos de descontaminación y eliminación de los residuos del material utilizado y la desinfección diaria de los centros y vehículos de trabajo”. La resolución puede ser impugnada mediante recurso de reposición ante el Juez, en el plazo de dentro de tres días hábiles siguientes al de su notificación, si bien la interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos.