Hacienda embarga a Villarejo su empresa más valiosa por una deuda tributaria de hace 13 años

El cerco al comisario jubilado José Manuel Villarejo no es solo judicial. La Agencia Tributaria ha notificado al representante legal del Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), la empresa a través de la cual el policía facturaba la mayor parte de sus trabajos presuntamente ilegales, que va a proceder a embargar el 100% de las acciones que esta entidad posee de otra de las mercantiles...

El cerco al comisario jubilado José Manuel Villarejo no es solo judicial. La Agencia Tributaria ha notificado al representante legal del Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), la empresa a través de la cual el policía facturaba la mayor parte de sus trabajos presuntamente ilegales, que va a proceder a embargar el 100% de las acciones que esta entidad posee de otra de las mercantiles del policía encarcelado. Se trata de CPD Real Estate SL, una firma constituida en julio de 2014 y cuyo valor patrimonial se eleva a 7,9 millones de euros.

Dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, CPD Real Estate figura como titular de cerca de medio centenar de inmuebles entre apartamentos, locales y plazas de garaje en la Costa del Sol y Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, adjudica en sus autos a esta mercantil un papel clave en el “entramado criminal” de sociedades a través de las cuales el policía, en prisión desde noviembre de 2017, gestionaba un patrimonio “desproporcionado y no justificado” obtenido con sus actividades presuntamente ilícitas. En la actualidad, la firma está, como el resto de empresas, bajo el control de un administrador judicial.

La Agencia Tributaria quiere embargar sus títulos por una deuda de 222.353 euros que Cenyt, que figura como accionista mayoritario de CPD, mantiene con Hacienda por el impago del Impuesto de Sociedades de 2007, según la documentación fiscal a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los inspectores detectaron en 2010 que Cenyt, que había declarado tres años antes unos beneficios de 1,2 millones, había aplicado de modo indebido una deducción por reinversión de beneficios.

Hacienda inició entonces un proceso sancionador en el que la empresa de Villarejo, que entonces aún era policía en activo, agotó todos los recursos posibles sin éxito. El 13 de enero, la Agencia Tributaria comunicó finalmente a Cenyt que la resolución era firme y, por tanto, iniciaba el procedimiento para ejecutar el pago de los 168.011 euros en impuestos no abonados más un recargo de 54.342 de demora.

Esta comunicación de Hacienda llevó el pasado lunes al representante legal de Cenyt a presentar ante el juez García-Castellón un escrito en el que le reclamaba que comunicase a la AEAT que las acciones que pretende embargar “habían sido embargadas previamente” por la Audiencia Nacional durante la investigación de las actividades del comisario.

También le pedía que levantase el bloqueo judicial que impuso tras detener al comisario sobre los fondos que existían en las cuentas bancarias del policía y sus empresas, entre ellas las de CPD, para pagar con ellos la deuda tributaria. Argumentaba que esa medida “no afectaría al destino del dinero decomisado” ya que consideraba que, de cualquier modo, estos fondos acabaran pasando al erario, fuese o no condenado finalmente el policía por la Audiencia Nacional.

CPD es considerada por los investigadores del caso Villarejo una pieza clave del entramado societario del comisario. En un auto de febrero de 2019, el juez García Castellón ya destacaba que, pese a que en esta empresa “la organización no existe o es mínima”, a través de ella el policía gestionaba la parte más importante del patrimonio inmobiliario que fue adquiriendo y poniendo a nombre de diversas sociedades para ocultar que él era el verdadero propietario. Por ello, el magistrado le adjudica a la firma un papel “puramente instrumental” ya que su fin es “la gestión de un patrimonio que tendría un origen manifiestamente espurio”.

Así, esta sociedad patrimonial figura como titular de inmuebles en las localidades malagueñas de Benalmádena y Estepona, y en las madrileñas de Las Rozas, Bustarviejo y Boadilla del Monte, además de en la capital. Según la documentación incorporada al sumario, el comisario también puso a su nombre dos vehículos de alta gama que luego vendió, y pagaba un sueldo mensual de 4.000 euros a su esposa, Gema Alcalá, también imputada en la causa.

De un millón a casi ocho en solo 15 meses

Un informe policial del caso Villarejo detalla que CPD Real Estate SL se constituyó el 29 de julio de 2014 por la fusión de otras dos sociedades del comisario, Premium Hotels y Cenyt Data. Como administrador de la nueva empresa figuró desde el principio José Manuel Villarejo Gil, uno de sus hijos. Su capital social inicial quedó fijado en 987.874, que era el valor de los 13 inmuebles de la Costa del Sol que pasó a gestionar. Durante los 15 meses siguientes, la compañía recibió sucesivas ampliaciones de capital mediante la inclusión en su patrimonio de decenas de inmuebles de la provincia de Málaga y de la Comunidad de Madrid. Este proceso finalizó en octubre de 2015, solo 15 meses después de constituirse. En aquel momento, CPD acumulaba un capital social de 7,8 millones de euros.