Sanidad universal en tiempos de pandemia

Hace ahora dos años, el Director General de la OMS afirmaba en una conferencia en Dubai que “una epidemia devastadora” podría “empezar en cualquier país, en cualquier momento y matar a millones de personas”, además de causar “terribles estragos en la economía”. Así que ya lo sabíamos. Y también sabíamos que el mundo no estaba preparado. Porque según la OMS, “la ausencia de una cobertura universal sanitaria es la mayor amenaza contra la salud”. Y es que los obstáculos en el acceso de la población más vulnerable a la sanidad, así como unos sistemas frágiles de salud, están en la base de la inseguridad sanitaria.

Es evidente que los virus no distinguen entre personas. Sin embargo, los planteamientos para excluir a inmigrantes irregulares de la sanidad pública son recurrentes. Hace ocho años, ya se impidió su acceso normalizado a la atención sanitaria a través del Real Decreto Ley 16/2012. La posibilidad de que esta exclusión, además de vulnerar los derechos humanos, pudiera perjudicar a la población total en un hipotético escenario de epidemia, se obvió. Esta normativa tuvo consecuencias tanto para la población excluida (cuya mortalidad aumentó un 15%), como para la población total, ya que se documentaron casos de negativas a atender a personas con enfermedades infecciosas como el VIH, con el consiguiente incremento en el riesgo de transmisión.

En esos años de intensa crisis, la prevención y la detección temprana quedaron en un segundo plano bajo la excusa “de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Y esto a pesar de que, según la OMS, las intervenciones en salud pública generan un “amplio ahorro de costes” con “un retorno de 14.3 por cada unidad de inversión” en los países de rentas altas.

Hace unos días, la ONU afirmaba en un comunicado que “la salud de cada persona está vinculada a la salud de los miembros más marginados de la comunidad”. En España, una nueva normativa de acceso universal al Sistema Nacional de Salud restableció el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular en septiembre de 2018. Sin embargo, su ambigüedad y las trabas administrativas existentes siguen dejando fuera a parte de la población. En el contexto actual de pandemia, algunos países están dando pasos para garantizar el acceso al sistema sanitario. Por ejemplo, Portugal ha permitido la regularización temporal de inmigrantes que tuvieran sus autorizaciones pendientes de tramitación cuando se declaró el estado de emergencia, lo que les da acceso al sistema de salud.

Sin embargo, la realidad es que, como mínimo, la mitad de la población del mundo no tiene acceso a servicios sanitarios esenciales. Por este motivo, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 es el logro de una “cobertura sanitaria universal” que incluya “el acceso a servicios de salud esenciales de calidad” y a medicamentos y vacunas. Un esfuerzo en el que todos los países deben participar y colaborar. Los virus no entienden de fronteras y cualquier país con un sistema de salud frágil puede poner en riesgo a toda la población. Y esto no es solo un problema en los países de rentas más bajas. El caso de EEUU es paradigmático: en 2018, el 8,5% de la población (27,5 millones de personas) no tenía ningún tipo de seguro médico, una tendencia al alza en los últimos años.

Quienes no tienen acceso a la atención primaria se convierten en personas invisibles para el sistema

En el contexto actual, quienes no tienen acceso a la atención primaria se convierten en personas invisibles para el sistema, como el virus, y su acceso queda limitado a las urgencias. La falta de seguimiento médico hace más vulnerables a estas personas, con el consiguiente riesgo de empeoramiento, de no poder seguir las orientaciones sanitarias y de tener que continuar trabajando, además de convertirse en una fuente de contagios. Así, se cumple la llamada ley de cuidados inversos, que implica que reciben menos cuidados quienes más los necesitan.

Las pandemias han sido recurrentes a lo largo de la historia y nada hace pensar que vayan a desaparecer en el futuro. Promover una sanidad pública de calidad y un acceso universal es una decisión política, no económica. La exclusión de un grupo de la población del acceso normalizado a la sanidad no solo perjudica a las personas más vulnerables, sino que va en contra del bienestar de toda la sociedad. En tiempos del COVID-19, las opciones parecen más claras que nunca: o invertir en fortalecer los sistemas de salud y en el acceso de todas las personas al mismo, o arriesgar todo al azar de este virus y de los que vengan detrás.

Begoña Santos Olmeda es consultora e investigadora especializada en migraciones.

Lourdes Luzón es médica de familia.