La mirada torcida de la justicia

La decisión del tribunal que impuso nueve años de prisión a los miembros de La Manada se ajusta a derecho. Los cinco condenados han cumplido ya casi dos años de prisión provisional y aún no hay sentencia firme. No es la primera vez que se toma una resolución como esta ni será la última, pero es evidente que dos de los tres jueces de Pamplona que les dejan ahora en libertad no han tenido en cuenta las connotaciones especiales de este caso, que tanto han irritado a la sociedad. En ello han cola...

La decisión del tribunal que impuso nueve años de prisión a los miembros de La Manada se ajusta a derecho. Los cinco condenados han cumplido ya casi dos años de prisión provisional y aún no hay sentencia firme. No es la primera vez que se toma una resolución como esta ni será la última, pero es evidente que dos de los tres jueces de Pamplona que les dejan ahora en libertad no han tenido en cuenta las connotaciones especiales de este caso, que tanto han irritado a la sociedad. En ello han colaborado muy activamente los propios acusados, pero también los mismos magistrados que les juzgaron.

En España se producen oficialmente cada día cuatro violaciones, pero no todas ellas van acompañadas ni de una falta de reconocimiento del delito por parte de la justicia ni de un voto discrepante tan humillante para la víctima ni del vil intento de los agresores de culpabilizar a la agredida. Algunos juristas aseguran que la sentencia del tribunal del pasado 26 de abril es jurídicamente correcta. Pero la amplísima argumentación sobre los hechos probados recogidos en el veredicto no fue capaz de convencer a casi nadie de que allá donde los jueces vieron abuso sexual con prevalimiento hubo, en realidad, una violación grupal en toda regla. 

El caso de La Manada contiene todos los elementos del machismo más feroz e insultante no solo hacia las mujeres; también hacia los valores que defiende hoy la sociedad española. El intento de los acusados de demostrar que la víctima no solo se había prestado a sus juegos sexuales, sino que hacía alarde de desinhibición en las redes sociales tras la agresión alertó sobre el código ético de los miembros de La Manada y de sus abogados.

Llovió sobre mojado cuando se conoció la sentencia, pero, sobre todo, cuando el voto discrepante de uno de los jueces, Ricardo González, se explayó en consideraciones vejatorias hacia la víctima. Aquella agresión sexual en un oscuro portal la noche de San Fermín de 2016 fue para el magistrado poco menos que una orgía en la que la joven agredida fue la primera en disfrutar del encuentro. En los votos discrepantes que defienden la inocencia de los acusados, los jueces se suelen limitar a explicar que no ven delito en los hechos probados. Esa pormenorizada e hiriente descripción de lo ocurrido levantó una oleada de indignación que todavía perdura. En su larga exposición exculpatoria, González no creyó oportuno explicar las razones por las cuales después de un encuentro sexual tan gozoso, según su criterio, esos chicos tan estupendos se van dejándo sola a su compañera sexual, uno de ellos le roba el móvil y lo inutiliza y, finalmente, ella se sienta en un banco callejero a llorar desconsoladamente.

Las reacciones a esta nueva decisión judicial no se han hecho esperar. No es para menos. Ya hay movilizaciones convocadas. Uno de los que han suscrito la libertad provisional es el magistrado González, lo que es coherente con su apreciación de lo ocurrido. A la espera del auto, cabe preguntarse también por qué los dos magistrados que les ponen en libertad consideran que no se da la circunstancia de reiteración delictiva. Es verdad que solo hay un 5% de reincidencia en los delincuentes sexuales, pero los miembros de La Manada tienen una causa abierta por presunto abuso sexual en Pozoblanco (Córdoba). ¿No es ese un dato a valorar?