Jueces políticos

A veces da la impresión de que en España conviven dos sistemas judiciales distintos. En la base, un nutrido (y probablemente mayoritario) grupo de jueces y fiscales cumple día a día con su tarea de manera diligente y autónoma. Lo hace tanto en asuntos que caen fuera de la atención pública como en algunos que lo acaparan, particularmente aquellos relacionados con la corrupción o, más recientemente, con Cataluña. Pero en todos esos frentes abundan también los ejemplos de decisiones judiciales que van de lo curioso y polémico a lo inexplicable, o incluso a la prevaricación. ¿Qué justicia tenemos?...

A veces da la impresión de que en España conviven dos sistemas judiciales distintos. En la base, un nutrido (y probablemente mayoritario) grupo de jueces y fiscales cumple día a día con su tarea de manera diligente y autónoma. Lo hace tanto en asuntos que caen fuera de la atención pública como en algunos que lo acaparan, particularmente aquellos relacionados con la corrupción o, más recientemente, con Cataluña. Pero en todos esos frentes abundan también los ejemplos de decisiones judiciales que van de lo curioso y polémico a lo inexplicable, o incluso a la prevaricación. ¿Qué justicia tenemos? ¿La independiente e implacable, o la sesgada y politizada?

La respuesta es que probablemente tenemos las dos. En cierta manera, una persona que desee hacer carrera en la judicatura española puede escoger entre dos caminos alternativos. El virtuoso se basa en méritos, criterio autónomo y credibilidad ganada decisión tras decisión. No son pocos quienes lo transitan, al contrario. Pero hay otro, que a veces parece llevar más lejos, y que pasa por la connivencia con los (viejos) partidos.

La politización del Consejo General del Poder Judicial, así como de los Tribunales Superiores de las distintas comunidades autónomas (y, para algunos expertos, también del Tribunal Supremo), ilumina esta segunda ruta. Que algunos también deciden tomar.

Sin embargo, el poder de jueces y fiscales para actuar sobre su contraparte legislativa y ejecutiva es real. La cadena de transmisión de lo político a lo jurídico no es necesariamente directa ni tiene una sola dirección. Es decir, no hablamos de una subordinación plena, ni mucho menos, o el camino virtuoso sencillamente no existiría.

Como resultado, el modelo de contaminación entre ramas de poder que caracteriza a España se parece al de jueces (y fiscales) metidos a políticos; bien por creencia, bien por aspiraciones, y muchas veces por ambas, la imagen que nos deja el sistema no es tanto la de individuos sometidos a un poder ejecutivo inaguantable como la de un equilibrio imperfecto de intereses cruzados que valdría la pena reconsiderar. Y reformar. @jorgegalindo