Vertiginosa actualidad

Cuando lea este artículo hoy, domingo 29 de octubre, la situación en Cataluña será, quizá, muy diferente a la del día en que lo escribo, el sábado anterior. La actualidad viaja a toda prisa en esta crisis institucional con numerosas ramificaciones que parece haber llegado a su punto álgido.

El interés de los medios de comunicación por todo lo relacionado con el desafío independentista se ha ido incrementando, lógicamente, a medida que la crisis se agravaba. Prueba de ello es la omnipresencia del tema en las portadas de EL PAÍS de los últimos dos meses y, sobre todo, el despliegue realiz...

Cuando lea este artículo hoy, domingo 29 de octubre, la situación en Cataluña será, quizá, muy diferente a la del día en que lo escribo, el sábado anterior. La actualidad viaja a toda prisa en esta crisis institucional con numerosas ramificaciones que parece haber llegado a su punto álgido.

El interés de los medios de comunicación por todo lo relacionado con el desafío independentista se ha ido incrementando, lógicamente, a medida que la crisis se agravaba. Prueba de ello es la omnipresencia del tema en las portadas de EL PAÍS de los últimos dos meses y, sobre todo, el despliegue realizado en la edición digital con conexiones de televisión en directo y un seguimiento pormenorizado de la evolución del conflicto.

Es tan ingente el flujo informativo que genera esta crisis sin precedentes que a los periodistas nos falta, a veces, tiempo para calibrar la importancia y la veracidad del aluvión de hechos y declaraciones que se producen a diario sobre Cataluña.

Ejemplo de ello es lo ocurrido con un texto publicado el miércoles en la edición digital de este periódico bajo el título Los funcionarios piden no ser usados de escudos en la intervención del Estado. En él se abordaba la posición de distintos colectivos en Cataluña ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En el subtítulo se especificaba: Algunos centros educativos y los empleados de Cultura dicen que solo obedecerán al Govern. En el texto se ampliaba el dato: “Ayer, la asamblea de trabajadores del departamento de Cultura decidió que solo reconocerá a ‘los representantes legítimamente escogidos’”.

Las correcciones tardaron en incorporarse a la versión digital del texto

Esa misma tarde recibí la carta de un funcionario del Departamento de Cultura de la Generalitat, Luis Alberto Casado Iglesias. “Me gustaría puntualizar que la asamblea, como tal, no se ha celebrado”, escribe. “Ni yo ni mis compañeros de trabajo fuimos informados, ni convocados, ni se nos preguntó la opinión al respecto del tema tratado, ni votamos ni resolvimos nada. Lo que hemos podido averiguar, a posteriori, es que un grupo de trabajadores del Departament (en el caso de que todos ellos lo fueran) se reunió “espontáneamente”(...) Al parecer, el número total era de unos 100 o 150 (…) Fueron ellos los que se dijeron lo que quisieron y los que decidieron por su cuenta y riesgo hablar en nombre de todos nosotros, que no pudimos personarnos por ignorarlo todo sobre la supuesta asamblea. No quiero decir que, en el caso de haberlo hecho, no hubiera ganado tal vez la misma opinión, con más o menos matices”. Lo que al autor del mensaje le preocupa es que un grupo de trabajadores de Cultura actúe como portavoz de la totalidad y su versión, “circule así por los medios de comunicación”.

Camilo S. Baquero, redactor de la delegación de Barcelona que firma la noticia, me ha explicado que la información de la asamblea figuraba en la cuenta de Twitter de un grupo de trabajadores de Cultura de la Generalitat, y fue recogido por las agencias Efe y Europa Press. Por eso decidió incorporar el dato a su pieza. Aunque llamó al servició de prensa de la consejería para confirmarlo, no obtuvo respuesta antes del cierre de la primera edición impresa, por lo que el texto se publicó con las imprecisiones ya citadas de la versión digital.

Baquero logró confirmar a última hora que la asamblea la habían organizado únicamente “grupos de trabajadores”, y corrigió el dato en las siguientes ediciones impresas. Lo incomprensible es que en la versión digital, tan fácil de corregir, se mantuviera el texto con los datos equivocados durante varios días. El error es lamentable, pero creo que hay que atribuirlo a la enorme carga de trabajo que soportan desde hace tiempo los redactores de Política tanto de Barcelona como de Madrid.

Cuestión aparte es que pese a incorporar las correcciones al texto impreso, Baquero no rebajara la importancia informativa que le había dado al dato inicialmente. Me explica que no lo hizo porque de todos modos le parece un hecho “sintomático". No dudo de que lo sea, pero incluso como síntoma, siempre será menos importante lo que decide una parte de un colectivo que el acuerdo alcanzado por el colectivo en su conjunto.